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Política

10 claves para entender lo ocurrido en las residencias de ancianos

Principales datos y acontecimientos para entender lo ocurrido en este tipo de centros durante el Covid19

 

  1. Entre el 40% y 50% de las muertes por coronavirus en Europa han tenido lugar en este tipo de centros, según la Organización Mundial de la Salud. En España, el número de fallecidos en residencias asciende a 20.000 personas, el 71% del total de muertes españolas por COVID-19.

 

  1. La mayoría de las defunciones se han producido en la Comunidad de Madrid, las dos Castillas y Cataluña. La suma de las muertes en residencias madrileñas (7.690) y catalanas (4.702) supone el 60% del total de decesos ocurridos en este tipo de centros en España. El 40% de sus trabajadores también se contagiaron, por lo que muchos centros quedaron apenas sin personal.

 

  1. Las residencias de ancianos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Real Decreto del 14 de marzo –por el que se declaraba el estado de alarma– especificaba en su punto 6 que “cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios” y en el 12.2 que “las administraciones autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro del ámbito de sus competencias, los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento”.

 

  1. La Comunidad de Madrid reconoció que envió “por error” un borrador en el que se negaba el traslado de los ancianos de las residencias a hospitales según su dependencia o discapacidad.

 

  1. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos), en respuesta mandó unos correos electrónicos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), en el que le advertía que negar la atención hospitalaria a los ancianos podría tener “graves consecuencias legales”. A los cinco días, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le quitó las competencias sobre residencias a Alberto Reyero.

 

  1. La patronal de las residencias privadas –que representa en España a 1.800 establecimientos– ha confirmado que se negó la asistencia hospitalaria. “Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas en el hospital para todo el mundo”, dijo Cinta Pascual recientemente en el Congreso, representante de las empresas.

 

  1. Las fiscalías han abierto 160 investigaciones penales por la gestión de las residencias: 93 en Madrid, 29 en Barcelona y 17 en Castilla y León. El Juzgado Número 51 de Madrid ha enviado al Supremo la querella de las familias de las víctimas contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, en la que se le imputan delitos penales como denegación de auxilio, trato vejatorio, homicidio imprudente y prevaricación.

 

  1. Alrededor del 5% de la población mayor española vive en residencias, en su gran mayoría privadas, lo que supone un gran negocio de 4.500 millones anuales. El 87% de las residencias de ancianos españolas son privadas, llegando a ser el 94% en la Comunidad de Madrid, donde sólo existen 25 centros públicos y la lista de espera para entrar es de 28.000 personas. Desde 1983 no se ha construido ninguna residencia pública en la Comunidad de Madrid.

 

  1. Según publicó ‘Infolibre’, cinco compañías controlan la mayoría de geriátricos y detrás están fondos buitres instalados en paraísos fiscales. Como Vitalia, en cuya residencia de Leganés murieron 96 ancianos. En el negocio están también cinco de los hombres más ricos de España, que en su día fueron los grandes empresarios del boom inmobiliario: Florentino Pérez, Los Albertos (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol) y una quinta fortuna radicada en Francia, la familia Mulliez (Amavir).

 

  1. Las privatizaciones de servicios públicos son posibles en España desde que se aprobara la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con los votos favorables de PP, PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. El punto 2 del artículo 1 de esta ley dice: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.

 

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