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Madrid

Alfonso Merlos y el Colegio de Abogados de Madrid: sueldazo e irregularidades

La contratación del periodista ha estado plagada de irregularidades, según denuncia la Asociación Libre de Abogados

Merlos

La historia comienza en 2017, año en el que Alfonso Merlos dirige la campaña electoral al actual decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. En febrero de 2018, cuando el flamante ganador y su equipo han tomado posesión en la Junta de Gobierno, acuerdan, en un acta, la contratación del periodista para la realización de tareas de comunicación.

Desde ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados) solicitaron copias de dicho contrato, que les fueron negadas. Sin embargo, descubrieron que realmente quien estaba contratada era su sociedad (Trocadero Comunicación). Por ello empezaron a hacer preguntas. Por ejemplo: ¿cómo es posible que una sociedad limitada tenga el puesto de director de comunicación de un organismo de derecho público? o ¿por qué se contrata una sociedad si el acuerdo de la Junta menciona a una persona? Y también: ¿cómo puede un trabajador no contratado dirigir a los profesionales internos?

Después conocieron, además, que Trocadero llevaba tres años sin presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. "La normativa interna del Colegio, que aprobó esta misma junta cuando llegó al Gobierno, establece que no se contratará con ninguna sociedad o con ningún proveedor que no esté al tanto de sus obligaciones legales y mercantiles", explica Pedro Feced, jurista de la asociación. De hecho, en el propio contrato, en su cláusula novena, se obliga a dar cuenta “del cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social” y a “acreditar dicho cumplimiento con ocasión de las sucesivas prórrogas”.

El decano tampoco actuó en ese momento. No obstante, la presión del ambiente, en el que el escándalo se mezcló con el culebrón, obligó al Colegio a sacar a la luz, más o menos, el contrato. Y decimos más o menos porque solo está disponible en la intranet de los colegiados.

En el mismo, al que ha tenido acceso LUH!, se condiciona su mantenimiento a la presencia de Merlos. "El ICAM se reserva el derecho a resolver unilateralmente el contrato en caso de venta a terceros de participaciones sociales que supongan directa o indirectamente la pérdida del control empresarial por parte del Sr. Merlos de la sociedad", dice textualmente. Merlos figura como consejero en otras dos sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria: Elaine Dreams S.L y Eric Dreams S.L.

120.000 euros más 30.000 en variables

Los honorarios que tiene asignados son, sin IVA, de 120.000 euros anuales, más 30.000 en variables. Ese plus se conseguiría si Merlos consigue reducir los costes del departamento de comunicación. En ese momento eran de 615.000 euros, y el objetivo es que no superasen los 492.000. La letra pequeña es que en esa reducción no contaría la indemnización que se habría de pagar a los trabajadores despedidos. Como explica Feced, sabían de lo que estaban hablando: poco después cesarían a cuatro trabajadores.

"Desde el momento en el que hacen el contrato ya se está pensando en despedir a trabajadores y asegurar a Merlos el cobro del salario variable", critica el abogado.

Presionado por la situación (la mayoría de los abogados de los despachos pequeños lo están pasando mal y no hay apenas actividad profesional), el Colegio encarga un informe a la tesorera, Mabel Zapata. Y sus conclusiones, a juicio de ALA, son demoledoras.

"Lo que dice es que ese contrato es una pura irregularidad", explica Feced. "Lo que está haciendo es pagar el impuesto de sociedades, cuando tendría que estar pagando IRPF. Por lo tanto, no le está descontando el 15% que marca la ley. Además, no están cumpliendo la normativa de las sociedades profesionales, ya que no factura a su sociedad, que es lo que debería de estar haciendo", añade.

Como cuentan en esta tribuna en eldiario.es, "ante una Inspección fiscal, hay muchas probabilidades de que se declarara a Trocadero Comunicación SL como una sociedad instrumental", señalan. Es decir: Merlos la estaría usando para pagar menos impuestos.

"Esta sociedad nunca debió ser contratada. Solo Alfonso Merlos", sentencia Feced. Él supone, aunque no lo puede confirmar, que fue el propio Merlos el que pidió que se le contratara de esa manera.

Un servicio peor

Feced sostiene que la calidad del servicio, además, ha descendido. Para argumentarlo, se remite al informe de actividad anual del área de comunicación, en el que todos los parámetros habrían bajado. "No tenemos explicación", reconoce. Pese a todo, "la junta de Gobierno no adopta decisiones. No se hace nada", lamenta.

Desde ALA, en cualquier caso, advierten de que van "a seguir publicando todo lo que averigüe sobre esta acumulación de despropósitos legales (¡que se producen en el Colegio de Abogados de Madrid!)” y “denunciando las irregularidades e incumplimientos referidos a la legislación laboral, de Seguridad Social o fiscal pudiera haber incurrido el ICAM". La historia no ha terminado.

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