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Opinión

Acuerdo europeo para la reconstrucción: historia en tiempo real

Iván Ayala

Si la economía en buena medida depende de incentivos y expectativas la UE acaba de servir un contundente plato de respuesta económica. Algo ha tenido que cambiar respecto a la última crisis para que, en esta ocasión, lejos de los “préstamos” y “condicionalidad” se acuerde la emisión de deuda común para transferir recursos a través del presupuesto comunitario a los países más afectados por el COVID-19.

Había dos propuestas económicas, una la de los países tacaños y/o paraísos fiscales. 500 mil millones de euros en préstamos, con dos años de caducidad. La lógica era igual que la de 2008, préstamos, condicionalidad, endeudamiento del sur y posterior austeridad. La otra, liderada por España, pretendía solucionar uno de los grandes problemas de diseño de la Unión Económica y Monetaria: la ausencia de estabilizadores macroeconómicos a nivel europeo. La cuantía era de 1,5 billones de euros, menor que los 2 billones propuestos por el Parlamento Europeo. Curiosamente, mientras en la propuesta que presentó Holanda (Non-paper EU support for efficient and sustainable COVID-19 recovery) y los tacaños se hablaba de solidaridad, la española (Spain’s non-paper on a European recovery strategy) no mencionaba dicha palabra: hablaba de macroeconomía europea.

Así las cosas, la estrategia diplomática del bloque del sur con España e Italia aliadas hizo que Francia y Alemania apostaran por un cambio de posición, y se aliaran al bloque dejando aislados a los tacaños. Su propuesta, era más magra en términos económicos (500 mil millones), pero tenía la misma respuesta: transferencias, no préstamos. Algo se estaba moviendo en Europa. El impacto en términos de empleo del COVID-19 ha sido hasta ahora 10 veces superior al de la crisis económica del 2008, y la nueva normalidad tendrá unos costes sociales y políticos enormes. Estos ingredientes, unidos a que Ángela Mérkel quería dejar un legado europeísta -ya no se presentará en las próximas elecciones- han configurado una ruptura y una salida totalmente diferente de la anterior.

El Fondo de Reconstrucción o Next Generation EU en inglés (NGEU), movilizará hasta 750.000 millones entre 2020-2023 (17% de la Renta Bruta de la UE), de los cuáles, 390.000 millones serán transferencias. España recibirá 140.000 millones, con 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. En un momento dónde además del impacto económico y social del COVID-19, reaparecerán los desafíos existentes antes -cambio climático, digitalización, desigualdad, cuidados- el importante monto de inversiones será crucial para la recuperación y cambio de modelo productivo.

Otra de las principales novedades del fondo es que no tiene condicionalidad “técnica” asociada, es decir, que no requiere de reformas estructurales de reducción del gasto, sino que requiere de una negociación política a nivel europeo. Para el desembolso de los fondos los países han de presentar programas nacionales donde especifiquen los planes de inversión y las reformas en línea con las recomendaciones específicas de país hecha por la Comisión en 2019. Pero entre estas recomendaciones está la de mejorar las políticas sociales y de rentas mínimas o incrementar la inversión I+D. Será la Comisión Europea la que decida el desembolso, y el Consejo el que ratifique por mayoría cualificada (no hay derecho a veto como pretendía Holanda). Si hay desacuerdo de algún país, se podría solicitar al Presidente del Consejo Europeo llevar la decisión al próximo Consejo.

A cambio, los países tacaños, Dinamarca, Alemania, Holanda Austria y Suecia, reducirán su aportación a los presupuestos europeos durante el periodo 2021-2027, y han conseguido una reducción en ciertas partidas del presupuesto de la Unión Europea. En el Marco Financiero Plurianual que, junto con el NGEU, configura el marco presupuestario de la UE, se han reducido las partidas dedicadas a sanidad, investigación y Fondo de Transición Justa.

En un momento donde todas las regiones económicas están poniendo en marcha planes de reactivación económicos históricos, la UE lanza un mensaje potente. Junto a la histórica decisión de política monetaria del BCE con sus 1,35 billones de inyección de los pasados meses, se une por primera vez una política fiscal europea con transferencias niveladoras que se repartirán en función del impacto del shock (medido en términos del PIB). No podemos además olvidarnos que la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha suspendido las reglas fiscales europeas lo que permite a los países miembros generar sus propios planes de reconstrucción. El estímulo fiscal europeo es indispensable para recuperación, pero los verdaderos planes de reconstrucción serán los que se plasmen en los presupuestos generales aprobados en sus respectivos parlamentos. Europa ha entendido que no sobreviviría a una gestión de la crisis si quiera parecida a la del 2008. Ahora corresponde a los países miembros estar a la altura.

 

 

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