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Opinión

Aguas turbias

Chinatown y el asedio de la patronal al Escudo Social del Gobierno de Coalición

Los Ángeles, finales de los años 30. La sequía amenaza a una ciudad asediada por el desierto. Los trabajadores del campo irrumpen en la sede municipal con sus ovejas para protestar por la falta de agua. El alcalde propone un plan, construir una presa en el Valle que abastezca a la ciudad. El precio, ocho millones y medio de dólares, pero, ¿qué son ocho millones y medio por ganar al desierto? El beneficiario, Water and Power Company, la empresa encargada de los suministros. Así empieza 'Chinatown' de Roman Polanski. A lo largo del filme, el detective privado John J. Gittes irá descubriendo un entramado corrupto dispuesto a hacer negocio con un bien de primera necesidad. Y es que, en un año de sequía, quien controla el agua tiene el poder.

El pasado 3 de abril, la Asociación Española de Gestores de Servicios de Agua (AGA) enviaba una carta a la Vicepresidenta Teresa Ribera en la que rechazaba la medida aprobada por el Gobierno de Coalición que blinda los suministros de familias vulnerables durante la crisis. En la misiva, planteaban además, la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria. Tal y como denuncian desde la Red Agua Pública (RAP), la patronal del agua está tratando de aprovechar la pandemia para pedir modificaciones legislativas, que afectan directamente a la Ley de Contratos del Sector Público. Como en la película de cine negro, la patronal del agua, no ha dudado en aprovechar un momento de crisis y de gran dependencia de los suministros para intentar presionar al Gobierno en favor de sus intereses empresariales.

Pero, ¿quiénes están detrás de la patronal del agua del grifo? "¿Quiénes son los peces gordos?", se pregunta insistentemente el detective Gittes a lo largo de la película de Polanski.

Se trata de un área de negocio con amplios beneficios, cuya facturación aumentó incluso durante el periodo de crisis (2007-2014) en un 35,1%

AGA agrupa a las principales entidades de un sector altamente privatizado (un 55% de la población está siendo abastecida por corporaciones privadas o mixtas) que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año. Se trata de un área de negocio con amplios beneficios, cuya facturación aumentó incluso durante el periodo de crisis (2007-2014) en un 35,1%, según indica la Estadística sobre consumo y saneamiento del agua del INE. El 87% de esa gestión privada se concentra además en sólo dos empresas: Agbar (Suez) y Aqualia (FCC), ambas asociadas en AGA. Estamos pues ante un oligopolio que obtiene grandes beneficios de un derecho humano esencial reconocido por la ONU.

El presidente de AGA que rubrica la misiva al Gobierno, Manuel Marchena, fue durante años la mano derecha del alcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Esto le reportó la posibilidad de asumir la gerencia de Urbanismo de Sevilla así como la de Emasesa, la compañía metropolitana de aguas, considerada la joya de la corona de las empresas municipales.

Apenas nombrado gerente de Emasesa, Marchena se lanzaba a la comercialización del agua de la red municipal. Agua del grifo saborizada y envasada en botellas de diseño bajo la marca DeSevilla. La aventura empresarial, contraria a la función social de la empresa municipal de abastecimiento, se saldó con más de 1 millón de pérdidas para Emasesa y los sevillanos, tal y como informa el exdirector del Diario de Sevilla, Manuel Jesús Florencio. Pero este no es el único ejemplo, Marchena dejó tras de sí una amplia lista de escándalos en su etapa en el Ayuntamiento sevillano y el propio PSOE admitiría que su trayectoria ponía en duda su "honorabilidad".

Pero veamos cómo son las dos principales empresas asociadas en AGA: Aqualia y Agbar.

Aqualia es la mayor empresa de gestión de agua en España y la cuarta en Europa. Durante el ejercicio de 2019 la compañía obtuvo sólo en nuestro país un resultado neto de 281,7 millones de euros, registrando un aumento del 13,8% respecto al ejercicio anterior. La empresa está participada por el grupo constructor FCC (51%) y por el fondo australiano IFM Investors (49%).

Para entender el desembarco de constructoras como FCC en el sector del agua, tenemos que remontarnos al final de la burbuja inmobiliaria y a la necesidad de los grupos de infraestructuras de buscar nuevos nichos de mercado. Este proceso de expansión del capitalismo sobre los "bienes comunes" es lo que el geógrafo estadounidense David Harvey denominó "acumulación por desposesión".

A día de hoy, FCC ya no pertenece a las hermanas Koplowitz (que en la actualidad cuentan con un 20% del accionariado), sino al magnate mexicano Carlos Slim, que controla un 61% del capital del grupo. El multimillonario mexicano, que hizo su fortuna gracias a la compra de la telefonía mexicana durante las privatizaciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, entró a hacer negocios en nuestro país de la mano de su asesor personal, el expresidente Felipe González.

La filial de Suez en España está siendo investigada en el marco de diversas tramas de corrupción

Por su parte, la Sociedad General de Aguas de Barcelona, Agbar, está participada al 100% por Suez Environnement España S.L., empresa perteneciente al Grupo Suez. La filial de Suez en España está siendo investigada en el marco de diversas tramas de corrupción y como consecuencia de ello ha tenido que cambiar los nombres de las empresas del grupo en un ejercicio de lavado de cara.

El más importante de ellos es el caso Pokémon, la trama de corrupción que estalló en Galicia y en la que aparece la filial de Agbar Aquagest. Tal y como informa El Salto, un auto de la jueza De Lara de septiembre de 2015 tildó la filial de la Sociedad General de Aguas de Barcelona de “verdadera asociación ilícita”. De Lara acabó suspendida de empleo y sueldo por el CGPJ y perdiendo su destino en Lugo.

Pero Agbar también consta en calidad de investigada en la instrucción del caso del "3%" de Catalunya. El grupo aparecía como el mayor donante a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) vía fundaciones (895.000 euros a CatDem y 695.000 a Barcelona Fòrum), según publicaba El País. La recompensa: CDC haría que el 84% de los catalanes tuviera privatizado el servicio del agua y que Agbar fuera la principal responsable de los suministros.

Además, Agbar resulta una pieza clave para entender la investigación judicial que involucra al Canal Isabel II de Madrid con el caso Lezo sobre la presunta desviación de fondos públicos para la financiación ilegal del PP madrileño.

En definitiva, expolio de lo público, grupos de presión, corrupción urbanística, compra de voluntades políticas... son elementos presentes en la película de Polanski que no son ajenos a la realidad de la patronal del agua en nuestro país. Como reconoce Pedro Rodríguez, presidente de ASA y gerente de la empresa pública de agua Aljarafesa, "El agua es un negocio. Y es bueno que sea un buen negocio". Y mientras así sea no podrá ser un derecho.

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