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Opinión

Aire pa la casa

El balance de legislatura para una legislatura es digno de serie televisiva política, si no olvidamos el contexto de guerra abierta de las derechas españolas

Decía la pasada semana el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo que la legislatura de verdad empezaría cuando se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado, que formalmente empezó el 10 de noviembre de 2019 cuando se celebraron las repetidas elecciones generales, pero que su comienzo efectivo solo será si se deja de funcionar con los presupuestos de Montoro del año 2017. No está falto de razón, por eso es aún más relevante si cabe, tiene mucho más valor, que un gobierno que ha enfrentado y enfrenta una pandemia global haya generado para la sociedad española en seis meses, de enero a junio de 2020, los mayores avances de justicia social e igualdad desde que el primer gobierno del PSOE tras la transición, constituido en 1982, regulase la universalización de la sanidad, mejorase la gratuidad de la enseñanza pública, la política de becas universitarias, el acceso y mantenimiento de las prestaciones por desempleo y las pensiones. Entonces España venía del franquismo y, en materia de justicia social, estaba todo por hacer. Con aquel gobierno llegó la entrada en la Unión Europea.

En los seis primeros meses de 2020, desde su constitución el 13 de enero hasta la aprobación en el Congreso del Ingreso Mínimo Vital el 10 de junio, el Gobierno de coalición ha actuado en términos socioeconómicos de manera mucho más progresista que los ocho años de los gobiernos de Zapatero. Lo ha hecho priorizando acuerdos conjuntos con sindicatos y patronal. Destacable es la subida del SMI interprofesional, en 2018 era de 736 euros, que después del salto de mas del 22% hasta los 900 euros, pactado directamente entre Sánchez e Iglesias para 2019, ha alcanzado 950 euros/mes en catorce pagas. Una subida total de casi el 28%. No es menos destacable la derogación en febrero del despido justificado por bajas médicas, una medida relevantísima que el Gobierno impulsó sin negociación con los empresarios dado que era uno de los aspectos más inmorales que incorporó a la legislación laboral española la reforma de Rajoy. Recordemos aquel lejano "¡qué se jodan!", dirigido a clase trabajadora y parados, de una diputada valenciana del PP.

Tan solo dos meses después de su constitución, lejos quedaban aún los 100 días en que la oposición antaño velaba una tregua, tuvo que afrontar la pandemia por la covid-19. Lo hizo, previa breve zozobra inicial dadas las almas que conviven en el Consejo de Ministros, teniendo claro que esta vez no podía ser como en 2008. Esta vez había que proteger a la población más vulnerable, al empleo y al tejido empresarial. Resulta impresionante, lo será más aún cuando el paso del tiempo nos permita aumentar la perspectiva, el despliegue de medidas en todos los frentes, desde la protección contra los desahucios o la prohibición del corte de los suministros básicos, hasta medidas contra la violencia machista en tiempos de confinamiento obligado, pasando por los ERTEs ampliados o las medidas económicas, subvenciones y financiación, para evitar la quiebra de empresas y autónomos. Pero el producto de justicia social estrella de un gobierno que no llegaba a cien días ha sido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, un artefacto legal que plantea la guerra abierta contra la exclusión y la pobreza, sin un solo voto en contra entre los 350 componentes de la Cámara Baja.

El balance de legislatura para una legislatura, que al decir de Pérez Royo no ha comenzado, es digno de serie televisiva política si no olvidamos el contexto de guerra abierta de las derechas españolas, la tensión de las prórrogas de los estados de alarma, las fake news en las redes sociales, el empeño de las ideologías de la muerte por amargar la vida de la gente, el intento reiterado de “derrocar” al gobierno, en expresión del propio presidente Sánchez, con no pocas exhibiciones de matonismo, aprovechando la dificultad tremenda de luchar contra la enfermedad causada por el SARS CoV-2 con unos medios sanitarios y un modelo productivo, legado de decenios de destrucción de la economía productiva y recortes en los sistemas públicos de salud.

Sí, hemos pasado un huracán, con parte del pasaje con boleto de derechas y otra parte independentista intentando un sabotaje al país democrático, como el que intentaron con el diputado de Teruel Existe para que la investidura de Pedro Sánchez fracasase. El barco está a flote, la tripulación ha tapado las botanas mejor de lo que podía y ha negociado en Europa buscando el viento favorable de los alisios. Entre la población, visto lo visto, ha triunfado en general la civilidad, el Gobierno de coalición está reforzado, las comunidades autónomas son las responsables de controlar la evolución de la pandemia, y la derecha y la ultraderecha partidista han pasado de la ira a la histeria utilizando ahora, como hicieron en Cataluña, una fiesta nacional, la del los toros, que no interesa a nadie.

Europa decidió el pasado miércoles de madrugada que soplasen los alisios, mañana sol y buen tiempo en lugar de siniestro total. Como bien advierte el periodista Enric Juliana, liberar 750.000 millones mancomunados, no es una obra de caridad del norte respecto del sur, es pura necesidad geopolítica, fundamentalmente del capitalismo productivo alemán, pero también del francés, el italiano, el español y el del resto de países de la UE. Efectivamente, no debemos engañarnos, la única manera de sostener la estabilidad en la Unión Europea es reforzar el capitalismo productivo frente al financiero, impulsar la reindustrialización y la economía de alto valor añadido que afronte la crisis climática y la dependencia energética de los combustibles fósiles, manteniendo unas condiciones de vida que no incrementen la desigualdad. Lo contrario que ha buscado el Partido Popular de Pablo Casado devenido en Partido Holandés. El mercado principal de la UE es la propia ciudadania de la UE; con una ciudadanía depauperada, los servicios públicos devastados y las tasas de desempleo y pobreza altas no hay mercado europeo, no habría de facto Unión Europea, dejando el tejido empresarial y los servicios públicos expuestos a los fondos de inversión con intereses estadounidenses, chinos o rusos, por mencionar solo las tres potencias que disputan abiertamente el dominio geopolítico del planeta.

Las primeras moléculas de oxígeno de los alisios en ciernes las venteaban en España sectores importantes del empresariado, sectores bancarios relevantes, partidos como el PNV, el propio Gobierno de coalición y, sí, Ciudadanos. En esa visión de lo imprescindible de un acuerdo europeo completamente contrario a lo ocurrido en 2008, y a los límites estructurales de aquel lejano Acuerdo de Maastricht en el actual panorama geopolítico, es en la que hay que interpretar la nueva ventana de oportunidad que se abre en España para transformar nuestra economía productiva pensando en verde, en violeta y en rojo. En esos alisios bonancibles se depositan la voluntad del empresariado y de los sindicatos de continuar por la senda de la negociación y el acuerdo.

Con ese viento favorable, como si fuese una nueva entrada en Europa como la de 1986, es con el que el gobierno se dispone a “iniciar” la legislatura aprobando sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Es verdad, no lo tendrá fácil, va a estar a expensas del nivel de inteligencia de ERC. ERC tendrá que tomar una decisión histórica. El Círculo de Economía de Barcelona ya está advirtiendo que no está para bromas, que Cataluña está preparada para cooperar en la reindustrialización. Curiosamente un partido como Ciudadanos, que también nació en Cataluña, podría ser quien facilitase los presupuestos si ERC se sale de las venas por las que soplan los nuevos aires de Europa. Poderoso caballero es don dinero, lo iremos viendo.

Andalucía

No quiero terminar este artículo sin referirme explícitamente a Andalucía, desde donde escribo. De momento nadie en el poder andaluz ha percibido la relevancia del acuerdo europeo y el cambio de las condicionalidades hacia parámetros verdes, saludables y desmaterializados. Tenemos un Gobierno andaluz dependiente parlamentariamente de la ultraderecha, a la que otorgó presidir la Mesa de Reconstrucción, que anda para adelante mirando para atrás; o peor, como dice una letra flamenca, el Gobierno andaluz está “sentaíto en la escalera esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega”.

Ha legislado durante la pandemia aprobando con dudosa legalidad un decreto ley que modifica 21 leyes y seis decretos, para destruir, entre otros de carácter democrático, los límites proteccionistas a nuestros recursos naturales y territoriales, buscando volver a la construcción intensiva y el turismo desaforado, todo lo contrario de la dirección en la que sopla el viento de Europa. Por eso es tan importante que en la comunidad autónoma con más población de España, y con más desigualdad territorial, se abra paso una estrategia compartida por amplios sectores de la sociedad civil, empresariado andaluz y sindicatos, que alumbre un proyecto estratégico propio para que el poder político y los partidos de la oposición sitúen el debate que se abrirá a partir de septiembre en las verdaderas necesidades de Andalucía.

Al igual que Andalucía necesita un red de ferrocarril que intercomunique todas nuestras comarcas y todos nuestros pueblos con más de 20.000 habitantes, necesita un proyecto de transformación del modelo productivo que la industrialice reduciendo la dependencia de actividades de bajo valor añadido muy expuestas a crisis globales biológicas o financieras. Andalucía necesita, como canta José Mercé, “Aire pa la casa”. Un aire cargado de energías renovables, industrialización verde, movilidad sostenible colectiva ferroviaria y urbana, industria sanitaria y alimentaria, urbanismo y rehabilitación constructiva bioclimática, hidrógeno verde y mucha agroecología con consumo y comercio de proximidad. Calidad empresarial y cualificación tecnológica y laboral no faltan. Aire, pa la casa.

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