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Política

Amparo Botejara: “España está tres veces por debajo de la media europea en profesionales públicos de salud mental”

La irrupción del COVID-19 a nivel mundial ha provocado que se disparen trastornos asociados a la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático o el insomnio entre otros, lo que ha inaugurado la apertura del debate público en torno al tratamiento de la salud mental, que ya cuenta con un antecedente de ley presentado por Unidas Podemos en 2019

Salud mental Ley Unidas Podemos

Ya en 2019, Unidas Podemos presentaba en el Congreso de los Diputados una Ley Estatal de Salud Mental. En el texto, registrado en febrero de ese año, alegaban que “la situación actual de la Salud Mental no cumple con lo que está recogido en nuestra Constitución, en tanto se han identificado enormes problemas en lo que a inequidad se refiere cuando abordamos la situación de la salud mental en los distintos territorios de España", detectando el enorme vacío, tanto de personal como de recursos, que vive este aspecto de la sanidad en el país.

Denunciaban, además, la fuerte “medicalización” que sufría el sector, olvidando las cuestiones de prevención primaria, los aspectos sociales y la ausencia de “recursos comunitarios” en favor de la psiquiatrización. Señalaban, sobre todo, las faltas en el entorno de los niños y adolescentes, donde se tiende, incluso, a medicar preventivamente sin acompañamiento terapéutico adecuado.

En la actualidad, la irrupción de la pandemia a nivel mundial ha disparado los índices de depresión, ansiedad e insomnio. Una realidad que apremia al impulso de ciertas medidas que blinden a nivel público el acceso de calidad para una atención de calidad orientado las personas con problemas de salud mental.

De facto, un prestigioso estudio de la Universidad de Ottawa recientemente publicado en la revista Psychiatry Research, aseguraba que los expertos habían hallado un aumento del insomnio cifrado en un 24%, un 22% del trastorno por estrés postraumático, situaban la depresión en un 16% y la ansiedad en un incremento del 15%. Dicho artículo enfatizaba en que el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión fueron, respectivamente, cinco, cuatro y tres veces más frecuentes en comparación con lo que suele comunicar de manera habitual la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LÚH ha contactado con Amparo Botejara, profesional de la salud, exdiputada de Unidas Podemos y partícipe en la redacción de esa primera ley. “No estamos de acuerdo en cómo está conformada la atención a la salud mental, ya que está excesivamente medicalizada. Lo que proponemos es una salud mental en la que los pacientes tengan una atención integral, y lo que nos parece adecuado para ello son los equipos de salud mental comunitarios en la atención primaria, con una atención biopsicosocial, interrelacional también con todos los aspectos sociales”.

Denuncia la ausencia de recursos y profesionales, algo que sitúa a España tres veces por debajo de la media europea. “Los recursos que tenemos son muy pocos, porque no es que necesitemos el doble de psicólogos que tiene la media europea, es que necesitamos 3 veces más. En las distintas Comunidades tenemos entre 4 y 6 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 18. Y, para este año, tan solo se han aumentado 10 plazas respecto a la anterior convocatoria PIR. A ver dónde vamos con eso”.

Asimismo, argumenta a favor de la promulgación de una ley que blinde a nivel público el tratamiento de las problemáticas psicológicas. “Hasta ahora hemos tenido muchas estrategias de salud mental a nivel de Ministerio y Comunidades Autónomas que no han tenido mucho éxito, lo óptimo sería promulgar una ley que garantice los derechos de las personas que tienen estos problemas de salud, que es lo que nosotros estamos configurando desde que llegamos al Congreso”, afirma.

Según Botejara, las anteriores políticas parten de la base de una supuesta “poca demanda” que la salud mental ha ostentado en los últimos 30 años. Sin embargo, esa apreciación no tiene en cuenta la “estigmatización” que sufren las personas que lo padecen, lo que provoca que el sustento para el tratamiento sea íntimo, privado y sobrellevado por la familia. Además, ahora se debe tener en cuenta la realidad que arroja la pandemia.

“Se ha partido de la base de que el problema de la salud mental es un problema que ha tenido muy poca demanda en los últimos 30 años, desde la Ley General de Sanidad. Esto se debe a que está siempre contenido en la familia debido a la estigmatización que existe. Hasta que hace pocos años los colectivos de pacientes y de familiares han empezado a demandar una atención de mayor salida”.

Lo cierto es que múltiples colectivos se han organizado para impulsar un nuevo enfoque en el tratamiento de la salud mental. La Fundación Espacio Público organizaba en enero del pasado año unas jornadas con profesionales y usuarios para aglutinar las ideas en torno a la necesidad del “apoyo social” que escuche “realmente la voz de las personas con trastornos mentales”, garantizando sus derechos.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. Josu Monreal

    18 de marzo de 2021 18:26 at 18:26

    En general faltan funcionarios públicos. La mayoría de las veces porque se privatizan los servicios, son insuficientes, no se contratan funcionarios y eso desanima mucho a los psicólogos.

    Todo está encaminado para que la gente se gaste entre 50 y 200 euros por sesión psicológica, y esto no lo puede pagar muchas familias trabajadoras.

  2. mochuelillo

    18 de marzo de 2021 19:41 at 19:41

    Prohibido privatizar,si no fuera por europa nosotros aún estariamos cazando con hondas.Invertir en sanidad,educación,etc es asegurar un buen futuro,es primera clase de parvulillos,no lo saben los politicuchos con tanto master?.Si este pais se llevara bien hasta se podría jubilar a los 55 y a los 25 emanciparse.

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