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Política

Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Alfredo Prada, exvicepresidente del Gobierno de Aguirre

El también exsenador y exdiputado del PP en el Congreso está acusado, junto a otras cinco personas, de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública por presuntas irregularidades en contratos del Campus de la Justicia de Madrid

Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Alfredo Prada, exvicepresidente del Gobierno de Aguirre
Esperanza Aguirre y Alfredo Prada

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de ocho años de cárcel y trece de inhabilitación absoluta para Alfredo Prada y de seis años de cárcel para otras cinco personas por presuntas irregularidades en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid. Según ha publicado este jueves en un comunicado la Fiscalía General del Estado, los seis están acusados de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

Vinculado al PP desde muy joven –fue miembro de las Nuevas Generaciones del partido–, Prada fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2008, coincidiendo con el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre. De 1993 a 2003 había sido senador del PP y de 2011 a 2016 sería diputado del partido en el Congreso.

Durante la etapa objeto de acusación, Prada fue presidente y consejero delegado de CJM, empresa pública constituida en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que pretendía construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles para concentrar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid pero que finalmente no fue finalizado y cuatro años después quedó en situación de abandono, después de haberse gastado 355 millones de euros hasta entonces.

Junto a Prada, dentro de la estructura directiva de la empresa pública se encontraban los otros cinco acusados: Isabelino Baños, director general técnico; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director del Área Financiera; Félix García Castro, letrado asesor, y Andrés Gómez Gordo, director del área de Seguridad. Gómez Gordo también está imputado en el caso Tándem, sobre las actividades del comisario jubilado de Policía José Manuel Villarejo, vinculado a las cloacas del Estado y actualmente en prisión.

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