La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel-, ha sobreseído la causa del 8M al no encontrar en sus diligencias e investigaciones indicios para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación administrativa. Se cae así el principal relato que la derecha ha usado durante la pandemia contra el Gobierno de coalición y el movimiento feminista.
El auto sostiene que el investigado, entre el 5 y 14 de marzo, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones. Con la resolución dictada por la jueza Rodríguez-Medel, gana la postura de la Fiscalía y Abogacía del Estado que solicitaban el archivo de la causa.
La magistrada apostilla que José Manuel Franco “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular, tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario y ninguna persona física o jurídica, pública o privada, le instó para que prohibiera o restringiera” la manifestación feminista.
Cae así el principal relato que la derecha ha usado durante la pandemia contra el Gobierno de coalición y el movimiento feminista. De este modo, lo que la derecha quería convertir en una estrategia de desestabilización ha quedado en nada.
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