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Asesores: una cuestión controvertida

Uno de los mensajes que más se repiten en redes es la necesariedad de que se recorten los asesores de la alta política. Esos mensajes son compartidos por gentes de toda ideología y condición, desde anarquistas libertarios, pasando por comunistas, socialistas, supuestos apolíticos, y llegando hasta las personas de derechas y de ultraderecha.

¿Pero qué es un asesor? Un asesor es simplemente alguien que sabe mucho más que otro de algún tema del cual es experto y que ayuda a tomar las decisiones más acertadas a otras personas, en este caso, a nuestros representantes. Igual que contratamos un asesor para que nos haga la declaración de la renta es comprensible que incluso un ministro o una presidenta del gobierno cuente con alguien que le asesore, por ejemplo, en temas de energía y medio ambiente, o temas sanitarios. Porque un político, por muy experto que sea en un tema, no lo puede saber todo de todos los temas, y aún así queremos que tome la decisión acertada. Un juez que sea ministro de justicia necesitará asesoría, por ejemplo, para sacar adelante una norma sobre los procedimientos electrónicos, pues como juez sabe mucho de leyes, pero no tiene porqué saber nada sobre informática más allá de manejar programas de edición de texto... Y ahí entra el asesor. Por tanto, la asesoría no solo no es negativa, ni es tirar el dinero, sino que es positiva para todos y necesaria.

Una de las cosas que a menudo se obvia cuando se habla de los asesores de un gobierno es que la mayoría de quienes asesoran son altos funcionarios, es decir, son personas muy formadas, con experiencia y que además no suponen un gasto adicional herario público.

A ello se le ha de sumar la sensación compartida por muchas personas de que el político tiene que ser capaz de solucionarlo todo por sí mismo, sin ayuda, sin consejo, todavía con más razón porque le pagamos un sueldo. Como si pedir consejo o ayuda nos hiciera peores.

La representación política democrática significa que todos, seamos quienes seamos, y tengamos la formación que tengamos, tenemos derecho a defender unas ideas y a solicitar la confianza del pueblo. Después el pueblo decide. Un político es un representante del pueblo, no un "supersabio" omnipotente y todopoderoso. Un alcalde, que pongamos que es arquitecto, no sabe de muchas cosas: no sabe hacer normas, no sabe realizar programas sociales, no tiene idea de medidas sociosanitarias ni tampoco tiene porqué ser experto en alcantarillado público. Lo suyo es proyectar edificios, y pese a no ser un súper experto en todo, puede ser un gran alcalde.

¿Entonces por qué tanto empeño en reducir asesores? Es popular, como vemos ahora con los argumentos que se emplean para defender la marcha de Youtubers peseteros, apuntar al sobrecoste de los asesores. Todo esto nace de décadas de escándalos de corrupción del PSOE y del PP (Filesa, Gal, Gurtel, Púnica...) por las que sentimos y sabemos que se han aprovechado de la administración, de nuestro dinero, en su beneficio. Esa corrupción ha llegado, por supuesto, hasta los asesores. Hemos visto a primos de alcaldes enchufados asesorando sin necesidad, a sobrinas de concejales llevando una cuenta de Facebook muy bien pagada y sin nada real que hacer y a amigotes de ministros llevándoselo crudo.

Ese sentimiento de desconfianza no va a desaparecer de la noche a la mañana, sin embargo hay que hacer pedagogía política y decir las cosas como son; y la asesoría política, especializada y responsable fue, es y será, necesaria para la mejor toma de decisiones. La asesoría en democracia completa y complementa la voz del pueblo, aporta el perfil técnico, pero jamás la sustituye.

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