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Así se incumple la Constitución permitiendo especular a los grandes propietarios de vivienda

“Necesitamos un cambio legislativo en general y que los grandes propietarios también lo tengan que cumplir”, advierte Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Así se incumple la Constitución permitiendo especular a los grandes propietarios de vivienda
Edificio en construcción

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. El artículo 47 de la Constitución insta así a “los poderes públicos” a establecer “las normas pertinentes para hacer efectivo” el “derecho” de “todos los españoles” a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, así como a impedir “la especulación”.

Pero ¿los poderes públicos en general cumplen ese mandato constitucional o incumplen la Constitución permitiendo especular a los grandes propietarios de vivienda?

40.000 pisos en alquiler en España tiene el fondo de inversión o ‘fondo buitre’ estadounidense Blackstone –a través de diversas sociedades como Testa o Albirana–, convertido en el mayor casero de España, por delante de CaixaBank –con 25.000–, la Sareb (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) o ‘banco malo’ –con 10.000– y Lazora –con 7.000–, según los datos del ‘Atlas Real Estate Analytics’. El pasado mes de julio, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid llevó a los tribunales al Blackstone por hacer firmar a cientos de familias contratos de alquiler abusivos, alertando de que quienes viven de alquiler en las grandes ciudades del Estado –y muy especialmente en Madrid– no tienen “garantizado el acceso a una vivienda digna y estable” por cuestiones como las “subidas descontroladas del precio”, las “finalizaciones de contrato injustificadas” o las “expulsiones de los barrios”.

¿Cómo se ha llegado a esto?

En España, “a partir de la crisis de 2008 los bancos se convirtieron en las grandes inmobiliarias del país” y “ahora también lo son los fondos buitre”, que se han introducido en el mercado inmobiliario al comprar “masivamente” sus viviendas a esos bancos, explica, consultado por LUH, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Javier Gil. “A eso hay que sumarle las oligarquías de este país, que son los grandes rentistas de este país porque tienen mucho patrimonio inmobiliario que no es fruto de su trabajo, como muchas veces nos dicen, sino por lo general fruto de herencias”, añade.

Así, el Sindicato de Inquilinas está promoviendo que se considere grandes propietarios a “todas las personas que tengan cinco o más viviendas” y que se les aplique “una legislación propia”, pues “no es lo mismo el particular que necesita el ingreso para llegar a fin de mes –por ejemplo, esa abuelita que lo necesita para pagar la residencia– que esa persona que tiene cinco o más viviendas y cuya actividad se acerca más a la de una empresa que a la de un particular, ese mito del particular que vemos siempre en los medios de comunicación”.

Se trata de impedir la especulación con la vivienda y de empezar a dar cumplimiento al citado artículo 47 de la Constitución, que, a pesar de que “está ahí”, “se incumple de manera sistemática” y “siempre se ha incumplido” porque “el modelo inmobiliario español”, que “en ningún momento se ha gestionado o regulado con criterios sociales”, siempre ha sido “lo opuesto” a él. “Ha estado basado en la especulación, en la organización del suelo y del territorio exclusivamente según criterios que favorecen la revalorización y la formación de burbujas”, explica Gil. “Cuando el mercado del alquiler está controlado por especuladores, estos lo que van a favorecer es que se pueda expulsar con la mayor facilidad posible para que haya rotación de inquilinos e inquilinas y así sea mas fácil la creación y el impulso de ciclos especulativos”, añade.

¿Cómo se materializan esos ciclos especulativos?

Esos grandes propietarios controlan “en torno al 50%” del mercado del alquiler de vivienda en las grandes ciudades” pero es que además “son los que tienen más capacidad para ejercer tendencias en ese mercado”, por ejemplo “para generar, como hemos visto, este ciclo alcista que se ha generado en el mercado del alquiler desde 2013” y al que después se han ido “sumando también” los pequeños propietarios, advierte el portavoz del Sindicato de Inquilinas. “Por ejemplo, nosotros hemos identificado una práctica sistematizada de los fondos, que es subir los alquileres un 100% a sus inquilinos, y eso lo que hace es ejercer presión al alza, porque son dinámicas que, cuando se empiezan a generar por zonas esas subidas de los precios de los alquileres, luego van replicando en muchos casos también los particulares, pero no son los particulares quienes generan esos impulsos –no tienen capacidad para generar esas tendencias–, sino que se apuntan al ciclo una vez iniciado”, explica. Así se extiende ese ciclo alcista por ejemplo desde “zonas de la periferia de Madrid completamente controladas por fondos buitre y bancos” hasta “otras áreas de la ciudad”, a lo que se suman “los impulsos de los inversores que están convirtiendo edificios enteros en pisos turísticos en los centros de las ciudades, una actividad muy profesionalizada y llevada a cabo por los grandes propietarios, que generan esos focos de especulación que se van extendiendo por el centro de la ciudad a medida que también los pequeños actores se van incorporando al ciclo”.

La gran pregunta es cómo poner coto a esa especulación que ha disparado y que sigue disparando los precios del alquiler, sobre todo en determinadas zonas.

“Hay muchas formas”, asegura Gil, que las resume en “leyes que dignifiquen el mercado de alquiler”. Primero, “necesitamos que los grandes propietarios no puedan llevar a cabo prácticas sistemáticas como esos contratos de alquiler llenos de cláusulas abusivas que el fondo buitre Blackstone hace firmar a miles de familias y que acabamos de denunciar en los tribunales”. Y después, “necesitamos un cambio legislativo en general y que los grandes propietarios también lo tengan que cumplir”, pues ellos son “los principales que están presionando” para que ese cambio legislativo ni se lleve a cabo ni se cumpla, como en lo relativo a “regular el precio de los alquileres”, a “sancionar la vivienda vacía”, a “prohibir que las viviendas residenciales se conviertan en pisos turísticos” o a “alargar la duración de los contratos de alquiler para favorecer la estabilidad de los inquilinos y de las inquilinas”.

La futura ley de vivienda sigue negociándose en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Unidas Podemos esgrime, en la misma línea que el Sindicato de Inquilinas, el artículo 47 de la Constitución y también el programa del pacto de gobierno firmado por ambas formaciones –PSOE y Unidas Podemos– tras las generales de noviembre de 2019. El PSOE, presionado por los grandes propietarios –presionado por los especuladores–, prefiere mirar hacia otro lado.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Agustín Montes C.

    6 de abril de 2021 06:53 at 06:53

    Éste es el caballo de Troya con el que espero que UP conquiste y sanee ese fondo abyecto de corrupción que es el gobierno de Madrid.

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