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Sociedad

Auxiliares de ayuda a domicilio: las kellys de los ayuntamientos

De los 14,60 euros que cada ayuntamiento paga por cada hora de ayuda a domicilio, a una trabajadora le llegan 6,50 a su cuenta bancaria

Lourdes Bellido tiene 65 años y lleva 15, desde que se divorció, trabajando como auxiliar de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento de Córdoba. Tiene un contrato indefinido de 34 horas semanales y cobra, con trienios incluidos, 800 euros al mes, con los que hace frente a una hipoteca de 200 euros, 40 de teléfono, 50 de comunidad, 20 de seguro de defunción, 60 de luz, 25 euros de seguro del hogar, más farmacia, gasolina, la póliza del coche, el IBI, la ITV, el sello del coche “y, por Dios, que no se me rompa la nevera porque entonces no sé cómo lo haré”.

Después de hacer frente a los gastos fijos que tiene contraídos, a Lourdes le sobra 395 euros para comer, vivir “y tomarme una cervecita”. Reconoce que hay meses que tiene que pedir dinero prestado a sus hijos para hacer frente a los gastos imprevistos.

La jornada laboral de Lourdes comienza a las 7 de la mañana, cuando se levanta para poder estar en la casa de su primer usuario a las 8:30 horas, y termina a las 15:20, cuando sale de la vivienda de la tercera y última familia que visita de lunes a viernes. “A casa llego a las 16 horas”, aclara.

Las funciones de una auxiliar de ayuda a domicilio, estipulado en los convenios, es levantar a personas dependientes, lavarlas, darles de comer, peinarlas o limpiarles su habitación, pero la realidad es que “muchas veces nos usan como la criada y nos ponen a fregar cristales o la cocina, que no es nuestro cometido. Yo soy auxiliar de ayuda a domicilio para personas dependientes, no chacha de nadie”, reivindica indignada Lourdes que llama para quejarse a la coordinadora de su empresa y "no nos hacen ni caso".

6,50 de euros por horas

Gracias a las privatizaciones, de los 14,60 euros que el Ayuntamiento de Córdoba paga por cada hora de ayuda a domicilio, a Lourdes le llegan 6,50 a su cuenta bancaria, menos de la mitad del dinero público dedicado a uno de los contratos más caros en cualquier consistorio que lo tenga privatizado.

En la capital cordobesa, el servicio está gestionado por la empresa Servisar, que emplea a 820 trabajadores, “el 90% mujeres”, según especifica Mari Paz Relaño, auxiliar de ayuda a domicilio y delegada de la Central de Trabajadores de Andalucía (CTA), sindicato que lleva años intentando, sin éxito, que el servicio sea de gestión directa y el beneficio empresarial vaya directamente a los salarios de las trabajadoras.

“Rara es la vez que no vamos a trabajar jarta de pastillas para soportar los dolores de espalda y la ansiedad que tenemos”, dice la cordobesa Lourdes, que no se jubila, a pesar de tener ya los 65 años, porque le hace falta un año más cotizar lo necesario para cobrar la pensión mínima. “Al final de la mañana, cuando salgo de la última casa, siempre pido que me recoja el Señor porque no puedo con mi vida”, apostilla.

Trayecto entre casas

Elvira, nombre ficticio de una trabajadora de la empresa Arquisocial que presta el servicio privatizado por el Ayuntamiento de Granada, tiene 55 años y un contrato semanal de 25 horas. Con los 15 minutos que estipula el contrato, para trasladarse de una casa a otra, no le llega, por lo que todos los días le regala horas extras gratis a la empresa. “En algunos trayectos puedo tardar más de 25 minutos, sólo en montarme en el ascensor y bajar de la casa me llevo cinco minutos”, relata esta mujer que gana 650 euros al mes, vive sola con su  hijo de 17 años y es usuaria habitual de servicios sociales y de un economato social de su barrio.

A diferencia de las kellys de los hoteles, las auxiliares de ayuda a domicilio no han conseguido crear un movimiento estatal para luchar por la municipalización del servicio, que significaría fin de los salarios bajos y condiciones laborales saludables. Yolanda Cobo, delegada de CGT en el Ayuntamiento de Granada, asegura que la gestión directa en su ciudad le supondría a las arcas municipales un millón de euros de ahorro cada año, “además de mejores condiciones para nosotras”.

El Constitucional avala la municipalización

Hasta 2018, algunos ayuntamientos alegaban que no se podían municipalizar servicios públicos porque en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy se incluyeron por el PP dos disposiciones adicionales que limitaban el aumento de la masa salarial de los ayuntamientos, pero con la anulación de esos preceptos por el Tribunal Constitucional, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados de Unidas Podemos,  ahora ya es posible y obliga a las entidades locales a recontratar a antiguas trabajadoras de empresas privatizadas que prestaran servicio para los ayuntamientos.

Esta semana se publicó la sentencia favorable a la municipalización del servicio de ayuda a domicilio de Chiclana (Cádiz), recurrida por el PP. Sólo en Andalucía se calcula que hay alrededor de 20.000 personas trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, prestado a través de los ayuntamientos y diputaciones, para municipios de menos de 5.000 habitantes, y financiado anualmente por los presupuestos de la Junta. En la Comunidad de Madrid se estipula que son unas 15.000 trabajadoras las que están empleadas en este sector de cuidados a las personas con dependencia o mayores donde las que ayudan nunca son ayudadas.

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