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Ayuso compró mascarillas y EPIS con fondos de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias

La Comunidad de Madrid recibió también 6 millones de euros del Gobierno de España para contratar personal de residencia

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

100 millones de euros, el 33% de los 300 millones de euros que la Vicepresidencia de Derechos Sociales destinó a las comunidades autónomas para gastos derivados del Covid19, se han dedicado a ayudas de emergencia de los servicios sociales comunitarios, destinadas a alimentación y otras necesidades a las que se han visto abocadas muchas familias desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo.

Los datos a los que ha tenido acceso LUH reflejan que Canarias es la comunidad autónoma que más dinero ha destinado a ayudas directas a las personas en situación de exclusión, el 81,28% de los 14 millones de euros recibidos por el Gobierno de España, más de 11 millones. Andalucía, comunidad autónoma que al igual que Canarias tienes altas tasas de pobreza y desigualdad, sólo ha destinado el 12,64%, 6,5 millones de euros de una transferencia total de 52 millones, a esta partida.

El 20% del dinero procedente del Gobierno de España cedido a las comunidades autónomas se ha gastado en reforzar las plantillas de centros de servicios sociales y residencias de ancianos y a financiar las sustituciones de trabajadores de riesgo dados de baja o contagiados por el Covid19.

Extremadura es la comunidad autónoma que más dinero ha invertido en reforzar el personal de sus centros residenciales y sociales. El 61,48% de los casi 8 millones de euros llegados a la comunidad extremeña se han dedicado a esta casuística. Madrid, con más de 42.000 residentes mayores, sólo ha dedicado el 17,04%, 6,6 millones de euros de los casi 39 cedidos por el Gobierno de España.

Otro buen montante de los 300 millones de euros, un 19,40%, se ha destinado a reforzar el servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes, compensando de esta manera el cierre de comedores, centros de día, ocupacionales y otros recursos similares.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más ha invertido en reforzar los servicios de ayuda a domicilio, dedicando a ello el 56% de los más de 51 millones recibidos. En otro sentido contrario, la Comunidad de Madrid sólo ha gastado 2,3 millones en reforzar la atención domiciliaria, el 5,95% del total.

37 millones de euros se han destinado por las comunidades autónomas a comprar equipos de prevención para el personal sanitario o asistencial, siendo la Comunidad de Madrid la región que ha usado una mayor cantidad de los recursos recibidos por el Gobierno de España a este cometido.

Sólo en mascarillas y otro material de prevención se ha gastado el Gobierno madrileño más de 15 millones de euros, el 38,92% de los 39 millones procedentes del departamento de Pablo Iglesias para reforzar a las autonomías por los gastos derivados de la pandemia. Cataluña ha dedicado a esta partida el 26,37%, mientras que Andalucía sólo ha gastado un millón de euros, un 1,93%.

Personas sin hogar y teleasistencia

El 3,94% de los 300 millones del Gobierno de España se ha destinado a habilitar alojamientos y reforzar los dispositivos para personas sin hogar, contratar profesionales de refuerzo, materiales y comida para proteger debidamente a este grupo de población, considerada de riesgo por su elevada edad y patologías severas.

Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales también se ha financiado el refuerzo de la teleasistencia para las personas mayores, lo que se ha traducido en un incremento del número de contactos con las personas usuarias. A esta partida de acompañamiento en la distancia a los ancianos se ha dedicado solamente 1,2 millones de euros. Galicia es la región que más ha reforzado este servicio, gastando para ello el 8,82% de 17 millones de euros que han llegado a la comunidad.

El 1,56%, poco más de 4,5 millones de euros, ha ido a parar a trasladar a los domicilios los servicios de rehabilitación y terapia ocupacional que habitualmente se prestan por profesionales especializados en centros de atención diurna.

Sólo tres comunidades –Madrid, Galicia y Castilla y León- han gastado recursos en reforzar los servicios de descanso para personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, o medidas de conciliación para familias monoparentales con bajos ingresos.

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