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Política

Ayuso incumple un auto judicial que obliga a medicalizar las residencias de mayores de Alcorcón

El ayuntamiento de Alcorcón ha presentando un informe en el que se recoge que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha adoptado las medidas impuestas por el auto del Tribunal Superior de Justicia

Hospitales madrileños

U.H. - El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado un informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que se recoge que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha desoído la orden que le obligaba a medicalizar las residencias de mayores de la localidad.

El auto judicial emitido por el TSJM la semana pasada obligaba a medicalizar y dotar de más personal y medios sanitarios las cuatro residencias de mayores de Alcorcón, tal y como figuraba en la demanda presentada por el ayuntamiento del municipio contra la falta de medidas por parte del gobierno regional.

El informe presentado por el consistorio, que recoge la situación actual en estas residencias, señala que los responsables de cada centro les han informado verbalmente “de que no ha habido ningún cambio organizativo, ni de aumento de pruebas diagnósticas tipo test de la COVID-19 ni de refuerzos de plantilla en sus centros”, lo que supondría un incumplimiento de las medidas que imponía el auto del TSJM.

El segundo teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos, en una entrevista en Diario16 señalaba que “no es de recibo que haya que obligar judicialmente a una administración a proteger a los mayores de las residencias en un momento como este”. Santos insistía en la necesidad de revertir el fracasado modelo privatizador del Partido Popular, “un modelo de gestión precario, que dota de insuficiente personal y medios para el cuidado de nuestros mayores.“ https://diario16.com/la-falta-de-lealtad-de-diaz-ayuso-me-parece-inaceptable/

Según la demanda presentada por el consistorio por el que se inicia al procedimiento, existe “un inminente riesgo de contagio masivo entre todos los residentes y trabajadores de los centros”, así como “un riesgo de muerte apremiante para un gran número de ellos”, según recoge el auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

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