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Política

Caso Altsasu: más de 1.300 días en prisión

Siete de los ocho jóvenes del pueblo de la comarca de Sakana siguen cumpliendo condena por un altercado de madrugada a las puertas de un bar, cinco de ellos ya en tercer grado y los otros dos aún en segundo grado

Oihan Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno –tres de los ocho jóvenes vascos de Altsasu condenados por una supuesta agresión a dos guardias civiles en ese pueblo de la comarca de Sakana, en la Comunidad Foral de Navarra– accederán este viernes al tercer grado penitenciario, según han confirmado este jueves fuentes de sus defensas. “Esta mañana, los funcionarios de la cárcel de Zaballa han comunicado a nuestros hijos Adur, Jokin y Oihan la obtención del tercer grado. En consecuencia, mañana mismo accederán a los permisos correspondientes a su nueva situación penitenciaria”, había anunciado poco antes en redes sociales Altsasu Gurasoak, la plataforma que agrupa a las familias de los jóvenes.

Arnanz, Ramírez de Alda y Unamuno cumplieron el pasado 5 de junio 1.300 días de cárcel, más de tres años y medio privados de libertad en diferentes cárceles españolas, algunas de ellas a más de 500 kilómetros de sus casas, y sin haber accedido a ningún permiso penitenciario. Ese mismo día se cumplieron también dos años de la segunda detención de Jonan Cob, Julen Goikoetxea, Iñaki Abad y Aratz Urrizola, otros cuatro de los jóvenes implicados en un caso –la octava es Ainara Urkijo– que comenzó una madrugada de octubre de 2016 a las puertas del bar Koxka de Altsasu, donde varios jóvenes del pueblo y dos guardias civiles fuera de servicio mantuvieron un altercado tras el cual uno de los jóvenes, Iñaki Abad, grabó con su teléfono móvil un vídeo que al guardia civil que supuestamente había sido “brutalmente golpeado en el suelo” lo muestra andando con una camisa blanca e impoluta muy poco después de los hechos. Durante su declaración como testigos, el propietario y la camarera del Koxka también dieron una versión de los hechos completamente diferente a la de los guardias civiles y aseguraron que dentro del bar no se produjo ninguna agresión y que la noche fue tranquila. Sin embargo, aquella “pelea de bar” –como la definió el diario británico ‘The Guardian’– acabaría convirtiéndose para ocho jóvenes en una pesadilla que aún no ha terminado.

Urkijo ya ha cumplido condena, mientras que Arnanz, Ramírez de Alda y Unamuno se unen este viernes a Abad y Urrizola, que desde el pasado mes de diciembre están ya en tercer grado, cumpliendo condena con control telemático porque deben permanecer ciertas horas en sus domicilios. Cob y Goikoetxea siguen estando en segundo grado. Familiares –que, según sus cálculos, llevan ya más de 500.000 kilómetros recorridos y más de 200.000 euros gastados para visitar a los jóvenes–, amigos, compañeros y vecinos de los jóvenes siguen movilizándose por su libertad y denunciando el “montaje policial” que les han llevado a esta situación.

Encarcelados preventivamente bajo la acusación de terrorismo

El caso fue instruido y juzgado por la Audiencia Nacional, tribunal heredero del TOP franquista y encargado de juzgar supuestos delitos de terrorismo, y es que los ocho jóvenes fueron encarcelados preventivamente bajo la acusación de terrorismo. El fiscal José Perals dejó en el juicio frases como “si no se aprecia terrorismo en casos como estos, retrocederíamos 20 años, a aquellos momentos en los que Segi, Jarrai y Haika campaban a sus anchas por los pueblos del País Vasco y Navarra y algunos decían que eran ‘cosas de los chicos de la gasolina’” o “lo que estamos viendo en la España del siglo XXI es personas pidiendo a otras, cuyo trabajo no les gusta, que abandonen la ciudad: esto es xenofobia, racismo, fascismo en estado puro, que es lo que defienden los supremacistas abertzales, impregnados de un nacionalismo trasnochado” y pidió 62 años de cárcel para Arnanz, 12 y medio para Urkijo y 50 para cada uno de los otros seis jóvenes por terrorismo.

52 europarlamentarios de 15 Estados y de cinco grupos diferentes llegaron a firmar y enviar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un documento en el que tildaban la petición del fiscal de “desproporcionada, carente de sentido y antidemocrática” y reclamaban la intervención de la Comisión Europea “en atención a los principios de proporcionalidad, justicia y equidad”. La Comisión Europea respondió que seguiría de cerca el proceso.

Finalmente, la Audiencia Nacional no condenó a los jóvenes por terrorismo pero sí por atentado a agentes de la autoridad, lesiones con la agravante de abuso de superioridad, desórdenes públicos, amenazas… y el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo en sentencia firme ratificó los delitos aunque rebajó las penas, condenando a Arnanz a nueve años y medio de cárcel (la Audiencia Nacional lo había condenado a 13), a Ramírez de Alda y Unamuno a ocho años y medio (12), a Cob y Goikoetxea a siete años y medio (nueve), a Urrizola a cuatro años y dos meses (nueve), a Abad a tres años y medio (seis) y a Urkijo a un año y medio (dos).

Las denuncias de irregularidades y de falta de neutralidad fueron constantes durante todo el proceso y llegaron desde diversos sectores políticos. El alcalde de Altsasu, Javier Ollo –de Geroa Bai, que cuenta con diez de los 13 concejales que componen la Corporación municipal–, ha calificado de “desproporcionadas” las penas impuestas por el Supremo, EH Bildu –que cuenta con los otros tres concejales de Altsasu– ha asegurado que el castigo confirma una “aberración política” y ha augurado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo “volverá a dar, en unos años, un nuevo tirón de orejas a la Justicia española”, Podemos Ahal Dugu Navarra ha tildado la sentencia de “locura”, Izquierda-Ezkerra ha calificado el proceso de “despropósito”…

Altsasu se convirtió en el centro de una batalla

El proceso centró la atención de los principales medios de comunicación e incluso del entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que cargaron varias veces contra los acusados. Altsasu se convirtió en el centro de una batalla entre quienes denunciaban un montaje policial y judicial –decenas de miles de personas abarrotaron las calles del pueblo y también de la capital navarra bajo el lema ‘Hau ez da justizia’ (Esto no es justicia)– y quienes reclamaban aún más mano dura para los ocho jóvenes –partidos españoles de derecha y de ultraderecha convocaron en Altsasu diversos actos, minoritarios, contra el independentismo vasco–. Los medios también tuvieron protagonismo; el presidente del PP, Pablo Casado; la presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, y el periodista Eduardo Inda intentaron grabar una entrevista en el Koxka sin permiso de su propietario, que cuando llegó al bar se encontró “un plató de televisión”.

En el libro ‘Altsasu. El caso Alsasua’ (Txalaparta, 2018), los periodistas Aritz Intxusta y Aitor Agirrezabal dan voz a los ocho jóvenes y rescatan episodios del caso como la llamada telefónica que el corresponsal en España del diario británico ‘Financial Times’, Michael Stothard, recibió de Moncloa después de visitar Altsasu, hablar con las madres de los jóvenes y publicar un artículo sobre los “temores sobre el poder judicial” en España generados por el caso. “Estaban enfadados y me dijeron que era un periodista terrible porque estaba hablando de la justicia española y España es un país europeo donde no hay problemas con la justicia”, confesó Stothard a Intxusta y Agirrezabal.

Amnistía Internacional calificó de “inconcebible” la acusación de terrorismo, cargó contra la “desproporcionalidad” de las acusaciones y consideró que el proceso podría estar “incumpliendo el principio de imparcialidad” y “discriminando a los acusados por su ideología”, e incluso el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón –el introductor de la doctrina del ‘todo es ETA’ en los tribunales españoles– aseguró que el proceso estaba siendo “una vergüenza” alimentada por la necesidad de satisfacer rencores y venganzas de determinados sectores españoles que estaban utilizando la Justicia para ello. Siete de los ocho jóvenes de Altsasu siguen cumpliendo condena por aquellos hechos, cinco de ellos ya en tercer grado y los otros dos aún en segundo grado.

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