Chile, ¿podrán por fin abrirse las grandes alamedas?

El pasado 25 de octubre la ciudadanía chilena dio una gran lección de democracia, combatividad y conciencia social votando a favor de que sea convocada una Convención Constituyente que permita reemplazar  la actualmente imperante desde 1980 y que fue impuesta por Augusto Pinochet, felón general golpista que encabezó el golpe militar que terminó con el gobierno de la Unidad Popular que presidía Salvador Allende . Es casi innecesario decir que en 1980 existía una feroz represión policial y militar contra políticos y sindicalistas, pobladores, trabajadores y estudiantes.

Han transcurrido más de 47 años desde  que en la madrugada de un 11 de septiembre los militares chilenos azuzados y financiados por las derechas criollas y por el gobierno de Estados Unidos terminaron con un largo período de convivencia democrática y con los logros sociales que durante casi 50 años los trabajadores de campos y  ciudades habían ido conquistando  -con grandes esfuerzos y sacrificios sin duda – logros que no solo se consolidaron si no que se ampliaron  - incorporando así mismo decenas de leyes que beneficiaban  a la ciudadanía más desfavorecida : obreros, campesinos, mineros, familias sin vivienda, mujeres, pueblos originarios, juventud.

Es ampliamente conocido los miles de muertos, desaparecidos, torturados, encarcelados, y exiliados que causó la dictadura cívico-militar del país austral  a lo largo de más de 16 años.

En 1990, luego de un plebiscito en que la mayoría de la población dijo NO a la continuación de Pinochet al frente del Estado y del Gobierno, se entró en lo que iba a ser “un período de transición a la democracia” que luego los políticos, tanto de derechas, centro e izquierda socialdemocratizada fueron manteniendo durante 30 años sin que casi nada de lo impuesto por la dictadura cambiase real y radicalmente.

Así la Sanidad continuó en manos de poderosas empresas privadas y en ella solo podían ser atendidos quienes tuviesen rentas que en ningún caso eran /son las que perciben los trabajadores y muchas capas medias. Con la Educación pasó algo similar, Chile hasta 1973 contaba con un buen nivel educativo basado en una Educación gratuita y laica tanto en los niveles básico, medio y universitario. A partir de 1980 las escuelas, institutos y universidades  privadas fueron desplazando y aniquilando la enseñanza pública empobreciéndola en cuanto a recursos, docentes y contenidos.

Mientras a los mayores,  a los pensionistas que hasta 1977 contaron con un sistema de pensiones público y solidario, se les impuso sin alternativas un sistema de planes de pensiones privado e individual para usufructo de bancos y aseguradoras, grandes lobbies empresariales y especuladores financieros chilenos y extranjeros. Los jubilados chilenos reciben pensiones que no superan el 15 o 20 % del salario cuando activos y eso en el mejor de los casos.

Por otra parte la desnacionalización/privatización de grandes empresas públicas y de los recursos naturales como cobre, litio, bosques, aguas de consumo humano y regadío, incluso el océano han dado lugar a una sociedad donde lo privado, el consumismo y el individualismo parecían haberse impuesto para siempre.

Sin embargo en octubre de 2019 jóvenes estudiantes ante una subida de tarifas en los transportes dieron inicio a una serie de movilizaciones ciudadanas de una masividad que sorprendió a muchos pues a las calles y plazas chilenas salieron obreros y pobladores, estudiantes y familias al completo, indígenas y pequeños comerciantes, autónomos y pensionistas y muchas,  muchas mujeres de todas las edades y condiciones.

Dichas movilizaciones obligaron al gobierno y a los partidos políticos tradicionales (tanto de derechas,  centro e “izquierdas”) a convocar el referendo que se realizó hace una semana.

Los resultados del mismo son conocidos, más del 78% de los votantes se pronunciaron por aprobar el que haya una Convención Constituyente y un porcentaje aún algo mayor porque los y las que compongan dicha Convención sean elegidos popularmente y no como los  partidos políticos querían que era el asegurarse el 50% de los futuros miembros de la Constituyente.

Bien por Chile y sus gentes, gracias a toda la enorme solidaridad internacional que durante décadas hemos recibido los chilenos por parte de las izquierdas y fuerzas progresistas y democráticas en casi todo el mundo.  Pero cuidado pues queda mucho camino todavía por recorrer, la Convención Constituyente es posible que se realice en 2022 y en 2021 deberán elegirse los componentes de la misma y he aquí los peligros:

1.- La derecha oligárquica y fascista, los grandes empresarios y elementos de las fuerzas armadas y la policía buscaran (ya lo hacen) provocar actos de vandalismo con mucha violencia intentando crear un clima de inestabilidad y con ello intentar un nuevo golpe militar.

2.- Los partidos tradicionales –de derechas, centro e “izquierdas” a su vez intentarán obtener el mayor número de delegados constituyentes y si lo logran se correrá el riesgo de que continúen “cocinando” artículos vacíos de contenidos reales que ciertamente beneficien a las mayorías que se han movilizado y luchado con mucho coste en vidas, torturados, violadas y  personas que han perdido sus ojos debido a la violencia policial.

3.- Que debido a lo anterior los sectores populares, el pueblo trabajador, poblador, minero, mapuche, pymes, mujeres y estudiantes no tengan la representación que se han ganado y que les corresponde y por tanto dichos sectores sociales no puedan exponer y obtener una Carta Magna que realmente garantice un Chile donde la Libertad, la Democracia y la Justicia Social sean realidad.

Lograr esto último no se ve fácil pero debemos confiar en que  la fuerza, las movilizaciones y la sabiduría popular encuentren los caminos que lleven por fin a abrir las grandes alamedas.