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Política

Condenado el Ministerio del Interior por no proteger a una mujer que acabó asesinada por su marido en la etapa de Fernández Díaz

La mujer solicitó en septiembre 2016 una orden de protección que le fue denegada y un mes después fue asesinada con un arma blanca

Condenado el Ministerio del Interior por no proteger a una mujer que acabó siendo asesinada por su marido en la etapa de Fernández Díaz
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección por parte de la Guardia Civil a una mujer que en septiembre de 2016 –en la etapa del Gobierno del PP de Mariano Rajoy con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior– solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género, que le fue denegada, y que un mes después fue asesinada por su marido.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional establece la responsabilidad de Guardia Civil, pues la protección que se dio a la mujer tras la valoración policial del riesgo de violencia resultó inadecuada, teniendo en cuenta el asesinato de la denunciante por parte de su marido un mes después de interponer la denuncia. Y es que, cuando las mujeres han sido “objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar”, la actuación de los agentes “no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio”, con el objetivo de “prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato”.

La mujer solicitó una orden de protección frente a su marido la madrugada del 17 de septiembre de 2016 en el puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor, donde además se presentó con lesiones y aportando un parte médico de Urgencias de aquella misma noche. Sin embargo, la orden fue denegada horas después por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de la localidad sevillana alegando que existían versiones contradictorias porque el denunciado carecía de antecedentes, porque los agentes de la Guardia Civil calificaron de “no apreciado” el riesgo para la mujer y porque el informe de la Fiscalía también recomendó desestimar la medida solicitada por la mujer. Un mes después, la mujer fue asesinada por su marido con un arma blanca, y la justicia entiende ahora que la responsabilidad directa y objetiva es del Estado, “a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público”.

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