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Política

Condenan al Partido Popular por despedir ilegalmente a trabajadores con más de treinta años de antigüedad

La Cadena SER ha tenido acceso al fallo. En Génova 13 querían ahorrarse el 95% de las indemnizaciones que les corresponden

Pablo Casado, junto a Ana Pastor, Martínez Almeida y Cuca Gamarra. Foto: @pablocasado_

Varapalo judicial para el Partido Popular. El Juzgado de lo Social número 4 ha dictaminado que los trabajadores que despidió el año pasado la formación conservadora no eran eventuales y que, por tanto, su cese es improcedente.

El problema comienza el 28 de abril de 2019, cuando los de Casado obtienen los peores resultados de la historia de la marca. Se quedaron en 66 diputados y perdieron 71. Un desastre sin paliativos que tuvo consecuencias en sus cuentas. Para ahorrar, decidieron despedir a, al menos, seis empleados en el Congreso que llevaban ligados al PP más de treinta años. Lo adelantó el periodista Javier Ruiz en la ‘Cadena SER’, el mismo que ha publicado el contenido de la sentencia en primicia.

La documentación aportada por los extrabajadores incluye cartas de cargos históricos del partido, como Francisco Álvarez Cascos, Loyola de Palacio o el extesorero Álvaro Lapuerta. También, por ejemplo, del exministro y portavoz Íñigo Méndez de Vigo. En ellas se reconoce explícitamente su “reserva de plaza, categoría, nivel, trienios y demás derechos”.

La cantidad que ahora tiene que pagar el PP es mucho mayor: se pasa de los 37.000 euros que pretendía pagar a una cifra cercana al millón. Pueden sufragar esa cantidad o readmitirlos, aunque eso no parece probable. El año pasado, cuando efectuaron los despidos, pidieron a los ujieres (trabajadores) del Congreso que no les dejaran entrar al interior de la Cámara Baja. El Portero Mayor tuvo que intervenir para aclarar, cuenta Ruiz, que el PP no puede decirles a esos empleados qué pueden y qué no pueden hacer. Los ujieres se presentan a unas oposiciones y son trabajadores públicos.

Habrá que esperar los movimientos judiciales de la formación conservadora. La sentencia no es firme y cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.





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