La obligada salida de la casa en la que pasaban las vacaciones el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero ha producido mucho estupor en buena parte de la sociedad. Numerosos ciudadanos, de hecho, han ofrecido su casa como respuesta a lo que consideran un acoso inaceptable.
Sin embargo, las concentraciones en torno a la vivienda de Galapagar en la que residen ambos continúan. Comenzaron hace unos tres meses y no han cesado, a pesar de que Miguel Frontera, uno de sus impulsores, fue denunciado y retenido por los cuerpos de seguridad al ser descubierto grabado en el interior de la vivienda.
Fuentes de Podemos aseguran que Frontera se encontraba en la concentración. Iglesias se ha querellado contra él y considera que ha podido incurrir en delitos de “acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente” Irene Montero se querelló contra otra de las instigadoras, Cristina Gómez, concejala de Vox en Galapagar. Una jueza de Collado Villalba archivó el asunto al considerar que le amparaba la libertad de expresión y que la vía penal no era la adecuada para dirimir sus responsabilidades.
Jaume Asens, líder de En Comú Podemo en el Congreso, no ha dudado en calificar como "una vergüenza" la "pasividad de la policía y la Fiscalía frente a un acoso de cuatro meses”.
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