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Política

“Contra Podemos todo tiene trámite”. Un juez está usando un tipo de investigación prohibida en España

Fuentes jurídicas consultadas por LUH consideran jurídicamente “muy surrealista” la nueva causa abierta contra la formación morada, “la fuerza política más investigada” en sus sólo seis años de vida

El ordenamiento jurídico español prohíbe terminantemente la investigación prospectiva, que consistente en investigar a una persona o a una organización no por un supuesto hecho delictivo concreto sino en general, ‘a ver qué pescamos’, como cuando en el franquismo se perseguía la ‘peligrosidad social’, para prevenir hechos delictivos contra el orden establecido. La investigación prospectiva está vinculada al denominado Derecho Penal de autor, que –frente al Derecho Penal de hecho o de acto–, no persigue hechos o actos delictivos concretos sino personas u organizaciones concretas, que convierte en sospechosas –en ‘enemigas’– por ser quienes son.

“La causa que ha ha abierto el juez Juan José Escalonilla contra Podemos es prospectiva y está prohibida en España” denuncian varias fuentes consultadas. El juez Escalonilla, para sorpresa de todo el mundo, ha situado al partido morado como investigado, y “sin tener ni una sola prueba” ha llamado a declarar como investigados al tesorero de la formación Daniel Frutos, a la gerente Rocio Val y al director de las campañas electorales Juanma del Olmo. La declaración la ha fechado el día 20 de noviembre, dentro de 3 meses y medio. “Parece otra causa más contra Podemos, en la que no hay nada, pero que busca portadas durante semanas en los medios de comunicación para desgastarlos” afirman las mismas fuentes.

El Derecho Penal de autor –posteriormente denominado también Derecho Penal del enemigo– es incompatible con el principio de legalidad penal y con la seguridad jurídica y está vinculado sobre todo a la Alemania nazi pero también a la España franquista, por lo que en las democracias está prohibido terminantemente, al menos en teoría.

Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus dirigentes han sido objeto de numerosas denuncias en las que se les ha acusado de diversos delitos, la mayoría de ellos relacionados con la financiación del partido. Aunque han supuesto un evidente desgaste para Podemos por su impacto en los medios de comunicación más vinculados a la rama mediática de las ‘cloacas del Estado’, la justicia las ha acabado archivando todas ellas.

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, a través de su PSJ (Partido Socialista de Justicia), denunció a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre por blanqueo de capitales y delito electoral. El sindicato ultraderechista Manos Limpias denunció a Iglesias por diversos delitos relacionados con el supuesto informe policial PISA (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), procedente de las ‘cloacas del Estado’. También Rodríguez Menéndez y Manos Limpias denunciaron a Juan Carlos Monedero por delitos societarios, fraude fiscal y falsedad documental. Podemos e Iglesias también han sido denunciados por el partido ultraderechista Vox. También han sido denunciados otros cargos políticos e institucionales del partido, como Rafael Mayoral y Victoria Rosell. Todas estas denuncias y algunas otras más han acabado archivadas por la justicia. Y la sombra de la investigación prospectiva sobre Podemos acabó planeando sobre todas ellas.

Fuentes jurídicas consultadas por LUH han considerado jurídicamente “muy surrealista” la nueva causa abierta contra Podemos, en este caso tras una denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente, también relacionada con la financiación del partido y presentada una vez más “sin pruebas”. “Contra Podemos todo tiene trámite: cualquier denuncia basada en recortes de periódico sobre informes falsos; en falsificaciones de cobro, como la de Granadinas, realizadas con Photoshop; en declaraciones inventadas, como las del juez Salvador Alba contra Victoria Rosell… Todo tiene trámite, qué casualidad; a nivel porcentual, es bastante extraño…”, han añadido, y han enmarcado también esta causa en la investigación prospectiva.

“Otras veces ha ido a por Podemos gente más importante que Calvente, que además mantiene un litigio con la parte denunciada; iniciar una investigación ‘a ver qué pescamos’ –‘vamos a investigar todo lo que haya, a ver qué les encontramos’– sólo con la palabra de alguien que además mantiene un litigio con la parte de denunciada no es ni medio normal, y si encima es un partido de gobierno al que le han presentado tantas denuncias que finalmente han sido archivadas, más todavía”, han señalado las misma fuentes.

Podemos fue fundado en 2014, es decir que tiene sólo seis años de vida, y es “la fuerza política más investigada en estos últimos seis años”, han destacado las fuentes jurídicas consultadas por este diario. “¿Por qué hay juzgados que siguen admitiendo denuncias sin pruebas contra Podemos con los antecedentes que hay hasta ahora? ¿Por qué sigue ocurriendo, si eso no es normal?”, se han preguntado. Y han recordado el caso de “los denunciantes de corrupción” –como por ejemplo “los denunciantes del caso Gürtel”–, que, en muchas ocasiones con indicios, saben “lo que les ha costado y les cuesta primero que se les admitan las denuncias, después que prosperen y después que se investiguen”, así como la “situación súper precaria” en la que quedan “frente a los corrutos”.

“¿Por qué con Podemos pasa al revés?”, se han preguntado, y han criticado “que una formación de sólo seis años de vida haya tenido tantas investigaciones, alrededor de una veintena, sin que se le haya encontrado nada y que esto siga sin que las asociaciones de jueces o de fiscales digan que eso no se puede seguir haciendo”. “¿Por qué a denuncias con indicios no se les hace ni caso o los denunciantes tienen que lucharlo mucho para que se les haga caso y con Podemos, después de todo ese historial, cualquiera que abra la boca da lugar a una investigación? Es cuando menos extraño que todo eso siga admitiéndose y llenando portadas”, han concluido.

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