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Contradicciones de una izquierda gubernamental

Contradicciones de una izquierda gubernamental

“La ideología es el cemento de la estructura”
Louis Althusser

Se ha tenido que esperar casi 40 años desde la firma de la Constitución que puso fin, en teoría, a una etapa oscura protagonizada por la dictadura franquista, para poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista. El camino no fue nada fácil. Hubo muchas resistencias, y el régimen del 78 que veía peligrar su propio statu quo se ha defendido, y en ocasiones lo ha hecho con bastante virulencia, apoyado por otros dos pilares: la justicia y los medios de comunicación. El PSOE es prueba de esa tensión entre quienes desde dentro han apostado por explorar la vía progresista y quienes al contrario, apostaron –y siguen apostando– por un gobierno de Gran Coalición con el Partido Popular.

Por su parte, el camino para Podemos tampoco estuvo exento de obstáculos, y sus debates internos se centraron en torno a la relación que debían mantener con el PSOE. Hoy los principales sectores (Anticapitalistas y Errejonistas) que discrepaban –por diferentes motivos– se han situado fuera de la confluencia. Mención aparte merecen quienes, dentro ya no de Podemos, sino de la confluencia de Unidas Podemos, han considerado que un gobierno con el PSOE es incompatible con la defensa de los intereses de la clase trabajadora, esto es, un sector minoritario dentro de IU, y concretamente del PCE, para los cuales el PSOE genera más recelo que confianza.

Más allá de todas estas cuestiones, más allá del debate de fondo sobre las condiciones que hicieron posible o no haber llegado al gobierno, creo que es importante analizar los posibles logros de este Gobierno, y sobre todo sus límites y contradicciones. Que los hay.

Hoy una buena parte de aquella izquierda que prefiere ser extragubernamental insiste en la idea de que los Presupuestos –los más progresistas de nuestra historia democrática reciente– son insuficientes, pues dejan en mal lugar a Unidas Podemos en temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la política de vivienda, o con la política migratoria y de defensa de los Derechos Humanos.

Sería muy naif pensar que para Unidas Podemos iba a ser tarea fácil gobernar con el PSOE, sobre todo si atendemos a la actual correlación de fuerzas, pues recordemos que en términos parlamentarios obtuvieron su peor resultado en unas elecciones generales, y a pesar de eso gobiernan.  Un partido socialista cuyo programa electoral es más socialdemócrata y liberal que socialcomunista. ¿De verdad alguien pensó que sería fácil que el PSOE se comprometa a paralizar los desahucios? Recordemos que fueron ellos quienes en 2007 con Carme Chacón como ministra de Vivienda quienes agilizaron los desahucios express. Fueron ellos también quienes con alevosía y nocturnidad pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución para someter a España a los intereses de la banca, en detrimento del aumento en inversión pública, principalmente en educación, sanidad y servicios sociales. Fueron ellos quienes, aun habiendo gobernado en solitario estas últimas décadas, nunca fueron capaces de impulsar junto a la ONU un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental. Fueron ellos quienes nunca quisieron acabar con las injustas y racistas leyes de extranjería. Y como estos ejemplos, un largo etcétera.

Pero tampoco nos engañemos. Los acuerdos de gobierno están para que se cumplan, precisamente para evitar que se conviertan en papel mojado. Y para ello es deber del socio minoritario del gobierno empujar –a través de todas las estrategias posibles– para que se cumplan. Es lo que habitualmente se denomina hacer oposición desde el gobierno, aunque en algunas democracias se practique poco.

En este sentido, cabe destacar hoy las críticas a la enmienda que ha firmado UP, junto a ERC y EH Bildu, para paralizar los desahucios hasta 2022. Estas críticas, de nuevo por parte de sectores de la izquierda que se ven más cómodos fuera del gobierno, no sólo son una muestra de la incomprensión de que en una democracia la izquierda gubernamental tiene el derecho y sobre todo el deber de pelear por sus principios, sino también una muestra de una cultura política que penaliza a los que prefieren dejar de ser espectadores para ser protagonistas en la gestión de la res publica.

La pregunta es: ¿sería más útil criticar y presionar desde la tribuna parlamentaria como oposición señalando a un PSOE que no quiere garantizar el derecho constitucional a tener una vivienda digna? ¿O mejor dicho, es más beneficioso para los intereses de la clase trabajadora salirse del gobierno? ¿O, al contrario, es preferible ir arañando pequeñas conquistas sociales, aunque a veces haya que aceptar que no depende de uno llegar hasta donde uno quiere? ¿No forma parte de las reglas de juego de una democracia representativa, y por tanto no debería verse desde una óptica derrotista, sino posibilista? Al fin y al cabo quien dio esa fuerza –pequeña para unos, gigante para otros– a Unidas Podemos fue la propia ciudadanía a través de su derecho a voto. ¿No habría que aprovechar esa situación para influir en el interés de la mayoría social? En América Latina los gobiernos progresistas han aprendido bien la lección. Si no se aprovechan determinadas oportunidades, corremos el riesgo de una vuelta al pasado con políticas que van en detrimento de la clase trabajadora. Aunque evidentemente, no todo vale. Y en política menos.

El gran dilema de la izquierda

¿Dónde fijamos el límite de una contradicción ideológica y una renuncia a tus propios principios? La izquierda gubernamental, hoy bajo el paraguas de la confluencia de Unidas Podemos, recoge los principios y valores republicanos, una idea de España plurinacional y feminista, así como una gestión de la economía que pone en el centro los cuidados y la vida, frente a la acumulación incesante de capital de los bancos y los mercados. No obstante, Unidas Podemos forma parte de un gobierno de un país que se define constitucionalmente como “monarquía parlamentaria”, y aunque el artículo 128 de la Constitución señala que “la riqueza debe estar supeditada al interés general”, las leyes del mercado chocan frontalmente con eso. Por tanto, todas las políticas puestas en marcha desde el gobierno, pero también desde la oposición, están enmarcadas en mayor o menor medida a una estructura económica basada en los principios del liberalismo económico y de una democracia burguesa. O dicho de otro modo, el gran dilema de la izquierda que gobierna es que lo hace dentro de una economía capitalista globalizada, y por tanto limitada a las contradicciones inherentes al propio desarrollo del sistema.

Por otro lado, tampoco se dan las circunstancias actuales que posibiliten una verdadera ruptura con el sistema. Y con circunstancias me refiero a que no existe a día de hoy un empuje social capaz de revertir a corto o medio plazo dicha situación. Si bien el horizonte de poner en marcha un proceso constituyente se mantiene como elemento clave de la confluencia de Unidas Podemos, hoy ni siquiera existe un debate candente entorno a esa cuestión. Es cierto que la descomposición de la monarquía sirve en parte para empujar con ese anhelo, pero aún no existe una mayoría social capaz de presionar en esa dirección. Y no hablo sólo en términos meramente electoralistas.

En definitiva, las fuerzas de izquierda no pueden más que con las herramientas que tenemos, intentar equilibrar una balanza que en su esencia fomenta la desigualdad: el mercado. Y aquí es donde se produce la mayor contradicción de todas. Otro tema es cómo acabar con ese modelo económico. Como diría un viejo economista, no olvidemos que la lucha de clases es el motor de la historia. Habrá que seguir empujando.

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