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Análisis

Criminalización de la protesta social: ¿por qué la Policía siempre tiene la razón?

“Los casos Alberto Rodríguez e Isa Serra se produjeron en el momento más duro de los recortes, cuando se estaba dando una respuesta desde los movimientos sociales”, destacan fuentes jurídicas conocedoras de ambos casos y vinculadas a la protesta social.

Criminalización de la protesta social: ¿por qué la Policía siempre tiene la razón?
Antidisturbios, durante una protesta social

La criminalización de la protesta social –es decir la aprobación y utilización de normas que prevén sanciones penales o administrativas para castigar la movilización con el objetivo de neutralizarla todo lo posible– no es nueva. Ningún avance, ningún derecho, se ha conseguido sin movilización, por eso los poderes económicos y sus tentáculos políticos siempre la han temido y siempre la han combatido –unas veces de forma legal y otras de forma ilegal–, y lo hacen de forma cada vez más sofisticada. La criminalización de la protesta social siempre ha necesitado políticos que aprueben y mantengan esas normas, policías que las utilicen, jueces que asuman las versiones policiales y medios de comunicación que igualmente asuman esas versiones policiales –en la mayoría de los medios, la versión policial no sólo no es presentada como “la versión policial” sino que siempre ha sido presentada como la realidad contrastada– y lo enmarquen todo ello en un contexto de plena normalidad democrática.

El nivel de criminalización de la movilización social en un Estado suele depender del nivel de la propia movilización social en ese Estado. Por eso el próximo mes de julio se cumplirán seis años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza –que sólo PP y UPN apoyaron en el Congreso, que acumula cientos de millones de euros en sanciones por “faltar al respeto” de policías, por fotografiar antidisturbios mientras cargan contra manifestantes o por “obstruir a la autoridad” haciendo resistencia pacífica para paralizar desahucios y que sigue vigente aunque los actuales socios de gobierno y el actual bloque de investidura se han comprometido a derogarla esta legislatura–, esa Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana de 2015 con la que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy intentó sofocar el ciclo de movilizaciones –contra los desahucios, contra los recortes educativos y sociales en general o contra los rescates a la banca– que arrancó con la crisis de 2008 y en el que se enmarcan protestas como las dos siguientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a Isa Serra, actual coportavoz de Podemos y parlamentaria autonómica en la Comunidad de Madrid, a un año y siete meses de prisión y 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo por un delito de atentado a la autoridad durante su participación en el intento de paralizar, en el año 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés, el desahucio de un enfermo crónico con incapacidad absoluta. Serra presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la Fiscalía pidió la semana pasada ratificar la condena por su actitud “agresiva”, su forma “feroz” y sus “improperios” hacia policías enviados para facilitar el desahucio de Lavapiés. La defensa de Serra ha denunciado que la sentencia del TSJM que la condenó por lanzar objetos a agentes “no valoró la prueba de forma racional” y “asumió las vagas e imprecisas declaraciones de los policías”, que acusaron a la actual dirigente de Podemos de lanzarles objetos pero sin poder precisar “cuándo” y “dónde”.

El TS procesó el mes pasado a Alberto Rodríguez, actual secretario de Organización de Podemos y diputado en el Congreso, por un delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones cometidos, presuntamente, durante su participación en una manifestación contra la LOMCE o Ley Wert –impulsada por José Ignacio Wert, ministro de Educación, entre 2011 y 2015, del Gobierno del PP de Rajoy, que fue el único grupo del Congreso que apoyó la ley– celebrada también en el año 2014 en la localidad tinerfeña de La Laguna. Según el auto de procesamiento, a Rodríguez se le acusa de haber dado una patada a un policía, “causándole una contusión en la rodilla izquierda, que sanaría en cinco días, sin baja laboral y con necesidad de una única asistencia facultativa”. Un mes antes, el actual dirigente de Podemos había declarado ante el juez que “evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió” y que su caso es “un episodio más de un intento de criminalizar la protesta social y de amedrentar a la gente que lucha en la calle por sus derechos”.

“Los casos Alberto Rodríguez e Isa Serra se produjeron en el momento más duro de los recortes, cuando se estaba dando una respuesta desde los movimientos sociales”, destacan a LUH fuentes jurídicas conocedoras de ambos casos y vinculadas a la protesta social. En el caso de Rodríguez, él “era el representante sindical en la refinería en la que trabajaba y además participaba en los movimientos sociales” y en aquella movilización “en defensa de la educación pública” y de protesta contra la Ley Wert “ni siquiera lo identificaron, sino que fueron a por él después, por ser una persona significada de los movimientos sociales”. En el caso de Serra, “es un aviso a navegantes no sólo para ella y para la gente de Podemos, sino también para toda la gente que participa en las movilizaciones sociales, porque el de la lucha en defensa del derecho a la vivienda y en defensa de los derechos humanos frente a los desahucios ha sido un movimiento muy importante que ha tenido la capacidad de condicionar la agenda política en el país durante los últimos diez años, por eso ese tipo de sentencias son en primer lugar una estrategia de persecución política y en segundo lugar, y más importante todavía, una herramienta de disciplinamiento social”.

Los casos de Rodríguez y Serra pueden ser los más conocidos, pero no son los únicos. De hecho, decenas de personas vienen sufriendo “procesos represivos” penales “por ejercer sus derechos fundamentales, por participar en movilizaciones y manifestaciones” desde el comienzo de la crisis de 2008. “En el fondo es una estrategia de criminalización de la participación social, porque lo que se está criminalizando es la participación social, la preocupación de la gente por los problemas comunes en un momento en el que se estaban produciendo gravísimos recortes sociales y gravísimos recortes de libertades y hubo mucha gente que se movilizó”, advierten las mismas fuentes.

Los desahucios –incluidos los de enfermos crónico con incapacidad absoluta– tienen muchos intereses detrás. La Ley Wert –con su segregación temprana y su apoyo indisimulado a la enseñanza concertada y a la propia Iglesia católica– también. La propia Policía –uno de cuyos antidisturbios se hizo un ‘selfie’, durante el mitin de Vox celebrado el mes pasado en el barrio madrileño de Vallecas, con un ultraderechista con orden de alejamiento por acosar a Pablo Iglesias y a su familia en su propio domicilio, y se hizo ese ‘selfie’ sin ninguna consecuencia– también tiene intereses detrás. Intereses enfrentados a los de quienes se movilizan para lograr avances, para lograr derechos. Frente a ello, los jueces se reclaman independientes, y la mayoría de los medios de comunicación se reclaman imparciales, en mitad de batallas como la de la criminalización de la protesta social. Casos como los de Isa Serra y Alberto Rodríguez reavivan un debate siempre pendiente.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. julian diaz garcia

    26 de mayo de 2021 18:43 at 18:43

    que se puede esperar de una policia franquista?,

  2. Nando

    27 de mayo de 2021 23:25 at 23:25

    Siempre he dicho que a los políticos y fuerzas del orden hay que realizarles pruebas de idoneidad para esos trabajos y de servicio al Pueblo. Esto significaría que deberían superar al menos una prueba psicológica que demuestre ser demócrata, osea al servicio del Pueblo.
    Todos sabemos ya, que el fascismo, representado exclusivamente por las derechas españolas, no son demócratas. Pero crean democracias fascistas de fascismo económico que suele derivar en fascismo bruto, en las que votas cada x años pero luego no cumplen el programa electoral, y continúan con el latrocinio, crímenes y asesinatos. A esto lo llaman pomposamente neoliberalismo. Democracia fascista es pura locura, crímen y codicia.
    Lamentablemente tienen a su favor la mayoría de medios de comunicación, con los que engañan a sus votantes. Y lo hacen tan descaradamente y con mentiras y engaños tan viles y simplones que no concibo el porqué la gente vota a ladrones, criminales y asesinos, cuando sus proclamas y soflamas fingidas son evidentemente falsas hasta para el más inope. Que no consigo comprender qué tiene que ocurrirle ya a esas gentes para que dejen de votar contra sí mismos.

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