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Opinión

Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo

A vueltas con la “okupación”

okupación empresas seguridad

El bombardeo informativo entorno a la “okupación” no cesa. Los anuncios de las empresas de alarmas de seguridad y sus dividendos, tampoco.

Llevamos todo el verano asistiendo a un gran espectáculo mediático en el que parecen haberse puesto de acuerdo los intereses económicos de grandes medios de comunicación, empresas de seguridad y determinados partidos políticos para generar una alarma social en torno a un problema que afecta sólo al 0,01% de las viviendas que hay en España.

Porque sí, el dato es ese, el porcentaje de viviendas de particulares allanadas es del 0,01% (esto incluye tanto primera como segunda residencia), teniendo en cuenta que en nuestro país existen más de 25 millones de viviendas de las cuales sólo un 0,3% se encuentran “okupadas” y de esas, el 85% corresponden a entidades financieras y fondos buitre.

De hecho, el Ministerio del Interior ha cifrado en 2.631 las moradas allanadas en 2019, una cifra irrisoria si la comparamos con los 25 millones de viviendas que hay en nuestro país, de las cuales 3,5 millones se encuentran vacías según el Instituto Nacional de Estadística. O si la comparamos con los más de 1 millón de desahucios que se han producido desde 2008, lo que supone que 4 de cada 100 viviendas ha sido objeto de desahucio, o lo que es lo mismo 400 de cada 10.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Sacando a las entidades financieras y fondos de inversión de la ecuación, 1 de cada 10.000 viviendas se ve, en la actualidad, afectada por un allanamiento de morada, el tipo de casos que artificiosamente inundan las televisiones desde hace semanas.

Y entonces, ¿por qué los medios de comunicación no dedican los mismos minutos a hablar de un problema relacionado con la vivienda que es estadísticamente 400 veces mayor? ¿cómo es posible entonces que un problema que afecta al 0,01% de casos sea capaz de abrir tertulias diariamente y determinar, incluso, la política de la Fiscalía General del Estado que recientemente ha asegurado que dictará una instrucción para abordar esta problemática?

Desde luego, invirtiendo mucho dinero en esta oportunista campaña publicitaria, generando bulos y “fakes news” y paseando al mismo rocambolesco caso por los diferentes platós de televisión. El problema, es que parece que funciona, y eso debiera preocuparnos.

El otro día, sin ir más lejos, la Fiscalía General del Estado daba también el dato de que sólo el 0,069% corresponde a denuncias falsas en casos de violencia machista. ¿Se imaginan que los diferentes intentos que ha habido de generar una campaña mediática y política en torno a las denuncias falsas seleccionando para ello tres o cuatro casos mal documentados, y repitiendo sistemáticamente el mismo discurso sin ningún tipo rigor consiguiera los mismos efectos? Tengan cuidado, porque visto lo visto, puede suceder, sobre todo cuando existen determinados partidos políticos negacionistas de la violencia machista que estarían encantados de que ocurriera.

Pero llegados a este punto y, reconozco, con cierto hartazgo de discutir sobre el tema de marras, vamos a hablar de vivienda, o más bien de derecho a la vivienda en nuestro país. Porque sólo cuando empecemos a abordar esta problemática desde su origen, desde su causa y con una perspectiva de Derechos Humanos, podremos dejar de “matar moscas a cañonazos” y conseguiremos evitar unas consecuencias que no son gratas para nadie, para empezar para las personas que en situación de vulnerabilidad extrema y tras haber agotado todos los cauces legales posibles se ven obligadas a auto-tutelarse un derecho tan básico y tan fundamental como es la vivienda. Un derecho que es condición sine qua non para el ejercicio del resto de derechos, un derecho que es condición necesaria para la vida, pues sin él te expones directamente a la muerte, como ha evidenciado la pandemia.

Y si hablamos de vivienda, tenemos que hablar de cuan necesaria y urgente es aprobar una ley estatal de vivienda, una suerte de ley de bases de la función social de la vivienda que sea capaz de poner en el centro la necesidad de apostar por un parque público de vivienda asequible sin pasar por la necesidad de construir más vivienda y aprovechar la vivienda vacía existente (por ejemplo de SAREB o BANKIA) mediante figuras, plenamente constitucionales, como es la cesión de uso. Una Ley estatal de vivienda que permita regular los precios de los alquileres y ponga freno a la burbuja en la que llevamos varios años sumidos, una ley que ponga coto a la feroz especulación inmobiliaria y que impida el acaparamiento de bienes de primera necesidad con la consecuente capacidad para alterar los precios tal y como se acaba de aprobar en el Parlament de Catalunya gracias a la presión del movimiento de vivienda.

Pero también tenemos que hablar de cómo impedir tropelías como las cometidas por la Comunidad de Madrid estos años atrás, consistentes en malvender gran parte del exiguo parque de vivienda social a fondos buitre y que, a pesar de que los tribunales hayan declarado nula la operación, la Comunidad de Madrid se niega, de forma contumaz, a acatar las sentencias que ordenan deshacer la venta y reparar el daño causado, originando centenares de desahucios.

En concreto, antes de la venta, la Comunidad de Madrid contaba con algo más de 22.000 viviendas públicas. La irregular enajenación de casi 3.000 viviendas afecto al 14% de las viviendas de patrimonio público. Nadie recordará ninguna alarma social generada entonces entorno a este expolio, entre otras cosas, porque los mismos partidos que ahora ponen el grito en el cielo por el 0,01% de viviendas afectadas por la mal llamada “okupación” fueron los autores de esta operación.

Definitivamente, existe más probabilidad de que se vayan de vacaciones y cuando vuelvan la Señora Ayuso haya decidido malvender su vivienda a un fondo buitre, o su casero haya decidido subirle el alquiler, o vaya a tener problemas para pagar su hipoteca los próximos meses, a que le “okupen” la casa. De todos modos, no tema, si es uno de ese 0,01% y tiene la mala suerte de que le “okupen” la casa, asesórese bien porque hay herramientas legales más que suficientes para repararle, que no le saquen los cuartos ni las empresas de alarmas de seguridad ni las empresas parapoliciales de desokupación.

De mercadear con la vivienda, todos debiéramos estar en contra, sea a gran escala como hace Blackstone o a pequeña escala como hacen los rentistas profesionales o las tan famosas como señaladas “mafias okupas”.

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