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Política

De Ciudadanos a los socios de investidura: el sorprendente giro del PSOE en apenas un mes

Pablo Iglesias y Unidas Podemos reconducen a su socio de gobierno en treinta días clave para los próximos Presupuestos Generales del Estado

De Ciudadanos a los socios de investidura: el sorprendente giro del PSOE en apenas un mes
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias; al fondo, Inés Arrimadas

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de coalición y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha logrado reconducir al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos a la senda del pacto de investidura, alejándolo así de Ciudadanos –que ha reconocido en varias ocasiones que su principal objetivo es que la propia Unidas Podemos influya lo menos posible en los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición–, en un mes clave.

Hasta hace apenas un mes, de cara a la aprobación de los próximos PGE todo apuntaba a un pacto de PSOE y Ciudadanos; tanto, que dirigentes de ambos partidos llegaron a expresarse en ese sentido de forma explícita y en ocasiones incluso obscena. El fantasma de la alianza que el PSOE estaba fraguando con Ciudadanos, dejando al margen a Unidas Podemos, –y que iba a ser bendecida por los medios de comunicación del ‘establishment’ y presentada como el pacto presupuestario que España quería y necesitaba– comenzaba a ulular peligrosamente. Y ahí es donde emergieron Unidas Podemos y especialmente Iglesias, que ha combinado la firmeza en las posiciones con la discreción en las negociaciones hasta acabar dando la vuelta a la situación y colocando en el centro del debate a los socios de investidura, que a su vez se están mostrando más predispuestos a pactar las cuentas públicas con el Gobierno de coalición.

Todo empezó a cambiar el viernes 28 de agosto, cuando los portavoces de Podemos, Isa Serra y Rafa Mayoral, advirtieron, en rueda de prensa, al PSOE de que su formación no apoyaría unos PGE acordados con el PP o con Ciudadanos –que gobierna en coalición con el propio PP con el apoyo de Vox en varias comunidades autónomas y ayuntamientos–, por ser “incompatibles” –se trataría de unas cuentas públicas “de recortes” y “antisociales”– con las políticas que debe implementar el Gobierno de coalición y “diametralmente opuestos” a ellas. “Es un camino cerrado”, zanjaron.

Ni el contenido ni el tono, muy duro, de la rueda de prensa de Serra y Mayoral sentaron bien en su socio de gobierno; tanto, que el presidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, convocó a Iglesias a una reunión a celebrar el lunes 31 de agosto. Pero el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos no sólo salió indemne de la reunión con Sánchez, sino que logró de éste varios compromisos: representantes del PSOE y de Unidas Podemos elaborarán juntos un borrador de PGE y lo negociarán después, también juntos, con el resto de formaciones. En este sentido, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, –por parte del PSOE– y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, –por parte de Unidas Podemos– celebran su primera reunión el día siguiente, el martes 1 de septiembre, es decir la víspera de la visita a Moncloa de los líderes de PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Por turnos

Pero, en su reunión con Sánchez, Iglesias logró acordar algo más. Primero, que el borrador de PGE que servirá de base para las negociaciones con el resto de formaciones lo presentarán públicamente, juntos, los propios Sánchez e Iglesias. Y segundo, que esas negociaciones con el resto de formaciones se producirán primero con las que apoyaron la investidura (PNV, Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe), después con las que facilitaron la investidura con su abstención (ERC y EH Bildu) y finalmente, en su caso, con los que votaron no, entre los que se encuentran PP y Ciudadanos.

Unidas Podemos dejaba claro así no sólo que a mayor influencia de Ciudadanos en la negociación y aprobación de los PGE, menor progresividad fiscal, menor gasto social y mayor riesgo de recortes, sino también que dialogar con todas las formaciones que se presten a ello no debe suponer perder de vista que la mayoría parlamentaria que tras las generales del 10N facilitó la investidura después de años de inestabilidad política –o una mayoría parlamentaria que se parezca lo más posible a ella– es la mayor, y la única, garantía de estabilidad para el Gobierno de coalición. ERC y EH Bildu, dos de las principales formaciones que facilitaron esa investidura, se han expresado en ese mismo sentido, y de forma aún más clara y taxativa.

De que, tras todo lo acontecido en el último mes, el PSOE también parece querer volver a transitar por la senda del pacto de investidura y no por la de los acuerdos con quienes gobiernan en coalición con el PP con el apoyo de Vox también dan cuenta tres episodios acaecidos esta misma semana y que pocos esperaban: el Gobierno de coalición ha decidido que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, por primera vez no asista al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado en el Congreso que los indultos para los presos del ‘procès’ –varios de ellos, dirigentes o militantes de ERC o JxCat– comenzarán a tramitarse la próxima semana, y la vicepresidenta de Presidencia, Carmen Calvo, se ha reunido en el Congreso con EH Bildu, como hiciera el propio Iglesias el miércoles 16 de septiembre. Gestos, hacia ERC o EH Bildu, sorprendentes por un contenido político prácticamente inédito. Tanto, que el PSOE parece estar ofreciéndoles a Arrimadas y a Ciudadanos la excusa para huir de la escena presupuestaria. La pregunta es hacia dónde.

Hace un mes, Iglesias advertía a Sánchez de que existía una alternativa al pacto con Ciudadanos e insistía en que era necesario explorarla. Se ha demostrado.

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