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Política

De denunciar cinco delitos a admitir que todo son “sospechas” y “rumores”: así se derrumbó la denuncia de Calvente contra Podemos

El exabogado del partido, que quiere sacarle ahora 400.000 euros como indemnización, acusó en diciembre a la formación de cometer numerosas irregularidades. Ocho meses después, en su declaración ante el juez, reconoció carecer de pruebas, más allá de “rumorología”

Como un azucarillo. Así se deshicieron las acusaciones de José Manuel Calvente contra Podemos durante el interrogatorio del juez y el fiscal el pasado 29 de julio, un testimonio que ahora ha salido a la luz. El que fuera abogado del partido estaba citado en los juzgados para ratificar la denuncia que interpuso contra la formación morada, donde hablaba de cinco posibles delitos, pero el resultado fue bien distinto: a lo largo de más de tres horas, con el intercambio de preguntas y respuestas, quedó claro que Calvente carece de pruebas y que todo su relato se basa en “sospechas” y “rumorología a nivel de militancia”, según sus propias palabras.

La cronología es la siguiente: el 27 de diciembre de 2019, días después de ser despedido, Calvente entregó a la Guardia Civil 40 folios donde acusaba a Podemos de blanqueo, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, administración desleal y financiación ilegal. Se abrieron diligencias y recayeron en el juez Juan José Escalonilla, el mismo que archivó la causa de los chats policiales donde se deseaba la muerte de Carmena y que ahora ha admitido a Vox como acusación popular contra Podemos sin ni siquiera exigirle fianza. Con una semana de retraso, su juzgado entregó el jueves la declaración de Calvente a la formación morada. En ella, las acusaciones de Calvente se desmoronan. Basta con comparar la denuncia y su testimonio. Estos son algunos ejemplos:

Los contratos de campaña… que Calvente desconocía

Buena parte de la denuncia de Calvente se centra en los contratos que Podemos suscribió con varias empresas para desarrollar toda la actividad extraordinaria derivada de las numerosas campañas electorales de 2019: consultoría estratégica, análisis de rivales y de redes sociales, etc. Unos contratos que, según el escrito que Calvente entregó a la Guardia Civil, eran “fraudulentos”, “presuntamente irregulares”, estaban “manifiestamente hinchados” y formaban parte de una “red de financiación ilegal” y de una “red global de corrupción política”.

Pero, cuando el juez le preguntó, todo se vino abajo. Fue una de las primeras preguntas del interrogatorio. “Sobre los contratos simulados de la campaña electoral…”, comenzó el juez. Y Calvente ni siquiera le dejó terminar: “Que podrían ser simulados, tampoco es que lo afirme categóricamente”. El denunciante pasó de considerar este asunto como “el más grave desde el punto de vista jurídico”, de acuerdo con el escrito que entregó en diciembre, a admitir ocho meses después que esa denuncia se basaba en comentarios que “personas” indeterminadas le habían hecho llegar “confidencialmente”.

En las repreguntas sobre este tema, Calvente admitió que ni siquiera llegó a revisar los contratos, porque su labor se circunscribía a velar por la corrección del “aviso legal de protección de datos” de los documentos. “No es revisar el contrato”, se excusó ante el juez cuando este le preguntó sobre su cometido en torno a las contrataciones. Y, cuando el instructor le preguntó sobre los indicios de irregularidades, Calvente tiró de generalidades: habló de sospechas (“es lo que sospechábamos todos, es lo que sospechábamos todos”, dijo), de confidentes, “fuentes anónimas”, y de que pasaban “cosas muy raras”. También dijo que le molestaron los acuerdos con la firma mexicana Neurona porque “lo normal es contratar con empresas que sean españolas”.

Las obras que Calvente conoció gracias a Okdiario

Calvente también disparaba en su denuncia de diciembre contra las obras de la nueva sede de Podemos, situada en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo. “Licitación irregular de las obras”, “adjudicación irregular”, adjudicaciones “a dedo”, “farsa”, costes disparados, “montajes” para encubrir expedientes, troceo de contratos… son las conclusiones a las que llegaba en aquel papel tras realizar, según él mismo, una “investigación” con “discreción y sigilo”. Existen “pruebas irrefutables”, llegó a decirle a la Guardia Civil, de que existiría un delito de “administración desleal”.

Ante el juez, la cosa cambió bastante. Escalonilla preguntó por los supuestos sobrecostes, y Calvente replicó: “A mí es lo que me dicen”. Escalonilla se interesó por la supuesta adjudicación a dedo, y Calvente comentó: “Yo me imagino que el constructor (…) o el arquitecto trajo a esas empresas”. Escalonilla le pidió detalles sobre la supuesta licitación irregular, y Calvente dijo: “Lo fuerte es que me entero por Okdiario”. Y, cuando el fiscal le preguntó por el papel de la gerente en las obras, Calvente no pudo más que titubear: “Bueno, yo desconozco…”, arrancó su respuesta.

Los supuestos sobresueldos

A lo largo de las 45 páginas de denuncia, Calvente también se centra en los supuestos “sobresueldos” que según él cobraban algunos trabajadores de Podemos. Una terminología que remite irremediablemente a la trama de corrupción del PP, en la que sus dirigentes se repartían sobres con dinero negro que les entregaban empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Aquellas cantidades, obviamente, no se declaraban a Hacienda, y constituían una remuneración extra en negro que, entre otros, habría recibido durante años “M. Rajoy”, según los apuntes del extesorero Bárcenas.

Según la denuncia de Calvente, en Podemos había personas que disfrutaron una “subida salarial irregular” y existía un “sistema interno de reembolso de gastos”, lo que a su juicio implica “ocultar un pago en especie al margen de la nómina”. Sin embargo, a preguntas del juez, el fiscal y el abogado, Calvente reconoció que a él mismo se le pagaban gastos como billetes de tren para acudir a reuniones de trabajo, que los pluses salariales respondían a conceptos como la “coordinación” de equipos, que esas cantidades figuraban en las nóminas (es decir, que tributaban) y, para rizar el rizo, que él mismo cobraba un plus por su responsabilidad como coordinador. “Yo cobraba eso porque hay distintas categorías salariales”, acabó excusándose, justo antes de admitir que hablaba de oídas: “Yo no conozco las nóminas de otras personas”.

Una caja B que no era tal

El documento entregado a la Guardia Civil por Calvente señalaba igualmente, como hecho supuestamente delictivo, la existencia de una “caja de solidaridad de Podemos” que funcionaba como una “caja B para gastos opacos”, “sin control legal alguno”, con “falta de control” y desde la que se habrían entregado miles de euros a trabajadores o dirigentes del partido. ¿Tiene pruebas”, le preguntó el abogado durante el interrogatorio, cuando Calvente llevaba ya más de dos horas y media declarando: “No, por eso lo denuncio, para que el juzgado lo investigue”, replicó él.

Preguntado por los indicios que le llevaron a sospechar, Calvente agregó: “Volvemos a lo de siempre: hay gente que viene a decir que se están manejando fondos de esta caja de forma opaca. Son comentarios y rumorología a nivel de militancia, sobre todo de militancia…”. En cuanto a la supuesta entrega de fondos a miembros del partido, Calvente dijo: “No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo que dijo es que no sé si llegaron a pagarse (…). Yo tampoco puedo dar más datos”.

Acusaciones contra cargos de Podemos

La denuncia de Calvente también dedicaba un amplio apartado a acusar a dirigentes concretos de supuestas irregularidades. De Rafa Mayoral, diputado y portavoz, decía, por ejemplo, que era el “organizador y máximo destinatario de los fondos” del partido. Ante el juez, en cambio, Calvente admitió que no se refería “al conjunto del partido”, sino al hecho de que Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, participaba “en eso de la caja de solidaridad”. “Si hay más cosas… no sé, yo me refiero a ese caso concreto”, comentó a preguntas del fiscal.

Lo mismo sucede con Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, a quien en la denuncia se acusaba de obtener “fondos mediante contratos simulados” y de cobrar “comisiones de intermediación”. “¿Qué pruebas tiene de que cobraba comisiones?”, le preguntó el fiscal. “Eso es vox pópuli dentro del partido”, sostuvo Calvente. “¿Pero quién se lo contó?”, insistió el juez. “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto (…). Se rumorea, se rumorea... porque se lo cuentan entre ellos en el partido”, se excusó el que fuera abogado de Podemos.

Con Juanma del Olmo, secretario de Comunicación, tampoco pudo precisar mucho más. Mientras en la denuncia le acusaba de “ordenar la celebración de contratos presuntamente ficticios”, en su declaración ante el juez tuvo que reconocer, a preguntas del abogado: “Yo nunca he hablado con Juanma del Olmo”, de quien sólo pudo aportar, como dato concreto, que dirigía las campañas de Podemos, como es público. “Es el que decidía en campaña”, fue la única frase que pudo aportar Calvente sobre este miembro de la ejecutiva del partido morado.

Una denuncia sin pruebas que alienta una trama mediática

Pese a la falta de pruebas de Calvente y a la inconsistencia de su declaración, determinados medios de comunicación han dedicado decenas de portadas y horas y horas de tertulias a dar crédito a su denuncia, interpuesta hace ocho meses. Basta con repasar titulares de estos días: “El juez investiga el pago de sobresueldos en Podemos” (El Confidencial), “La caja B de Podemos” (ABC), “El triángulo de la caja B de Podemos” (El Español), “Las cuentas tramposas de Podemos” (La Razón), “Una trama corrupta desactivó el control contable en Podemos” (El Mundo).

En palabras de Pablo Iglesias, “Podemos está a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren”. El secretario general de Podemos, no obstante, reconoció este viernes que “el daño que hacen horas y horas de tertulias, portadas escandalosas y telediarios no lo repara el archivo sistemático de los procedimientos”. Y ese es precisamente el efecto que, por ahora, tienen las acusaciones de Calvente: alentar una causa mediática sin prueba alguna para atacar a Podemos. Esta denuncia se suma a otra docena de causas abiertas contra el partido o sus dirigentes desde 2014 por supuestas irregularidades en su financiación. Todas las anteriores acabaron archivadas en los tribunales.

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