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Opinión

De los balcones a las calles

Durante el confinamiento hemos estado aplaudiendo diariamente a los profesionales de la sanidad pública y de los sectores esenciales pero eso ya no es suficiente

Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, cientos de organizaciones sociales comenzaron a articularse en torno al Plan de Choque Social, una iniciativa que recoge una serie de medidas urgentes para proteger a las mayorías sociales dirigidas a las diferentes instituciones. Una propuesta para una salida digna a la crisis sanitaria, social, de cuidados, ecológica y económica que atravesamos.

Esta articulación de los diferentes movimientos y entidades sociales tiene la pretensión de responder colectivamente y de forma transversal a la crisis económica que ya empieza a causar estragos. No hay más que ver las interminables colas para acceder a los alimentos que están proporcionando las redes vecinales o la elevada cantidad de personas que tendrán que solicitar el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital como único salvavidas.

Se avecinan tiempos convulsos para la economía y la sostenibilidad de las vidas de millones de personas en nuestro país, sobre todo para las mujeres. Ante este desolador panorama, la sociedad civil sólo tiene una salida: organizarse.  El mejor ejemplo quizás lo hayamos podido ver en el primer Stop Desahucios convocado tras la reanudación de la actividad judicial por el movimiento de vivienda de Cataluña al que han acudido centenares de personas.

El próximo día 21 de junio finaliza el estado de alarma. Sin embargo, la precariedad y la vulnerabilidad se quedan y las pretensiones privatizadoras y especulativas continuan.

Por eso, en las últimas semanas se han comenzado a producir muchas movilizaciones en defensa de la sanidad y los servicios públicos, contra el racismo o por una transformación ecosocial justa, y el próximo 20 de junio se han convocado concentraciones y manifestaciones descentralizadas en todo el Estado bajo el paraguas de un 'Plan de Choque Social' que incluya el reparto del trabajo y la riqueza, la gestión pública de todos los servicios y bienes comunes, la garantia de una vivienda adecuada, la regularización de las personas migrantes y, en definitiva, anteponer los derechos sociales a los intereses económicos y especulativos que ya están diseñando su propio “plan de choque” tal y como aseguró Ana Botín en una reciente entrevista o incluso ya están implementando a través de determinadas instituciones como el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el anteproyecto de reforma de Ley del Suelo o la renovacion de la privatización de seis hospitales madrileños.

Y si algo nos ha enseñado esta crisis es que este tipo de políticas nos han llevado a que el derecho a una vivienda adecuada no estuviera garantizado, siendo este el principal factor de protección y barrera frente a la pandemia. Que la proporción de los cuidados de las personas mayores en residencias por parte de fondos buitre con la complicidad del gobierno de la Comunidad de la Comunidad de Madrid ha sido, como no podía ser de otra manera, nefasta y seguramente negligente.

También nos ha recordado como en pro de la eficacia de la economía global se despide a miles de trabajadores del sector automovilistico en Cataluña o se prioriza la rentabilidad económica del campo por encima de los derechos laborales y de la salud de las personas migrantes en Huelva.

Por último, también ha evidenciado la desigualdad estructural en lo referente a quienes proporcionan sistematicamente los cuidados y como esta situación se ha incrementado durante el confinamiento. Es imprescindible compensar ese desajuste con una red pública de cuidados que los sostenga desde lo común.

Durante el confinamiento hemos estado aplaudiendo diariamente a los profesionales de la sanidad pública y de los sectores esenciales pero eso ya no es suficiente. O nos organizamos o volveremos a pagar su crisis. 

En definitiva, es el momento de bajar de los balcones a la calle.

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