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Opinión

Desahucio al toque de queda

Desahucio al toque de queda

Estamos aconteciendo a una situación vergonzante en la que los derechos humanos se están viendo vulnerados por un sistema que favorece al capital. Un capital que no tiene corazón ni entrañas y que decide echar a la calle a familias en plena pandemia, conculcando todos los tratados que protegen a las personas y a su dignidad.

Esta semana hemos visto cómo, en plena pandemia y a una hora justa del inicio del toque de queda en la ciudad condal, una familia era desahuciada con tres menores de edad. Uno de los críos era un bebé lactante. Sucede que, además, el piso del que les expulsaron era propiedad de un banco, del BBVA para más señas. Y que por tanto no iba a ser ocupado por otra persona o familia, sino que lo que se haría con él sería tapiarlo por todos sus accesos para que durmiera cerrado y vacío.

Pero lo más impresionante de todo es que los Mossos d’Esquadra actuaron sin orden judicial. Que lo hicieron ‘motu proprio’. Que decidieron por ellos mismos que era un delito flagrante vivir allí con tres niños.

Un delito flagrante supone una tipología en la que se debe intervenir de urgencia y para la que no hace falta orden judicial, debido a la necesidad imperiosa de que finalice la acción delictiva. Es decir, que un delito flagrante es, por ejemplo, tener que tirar una puerta abajo porque alguien pide socorro. Eso es un delito flagrante y no vivir dentro de una casa en plena crisis sanitaria mundial. Basta de retorcer la legalidad.

Para el capital sin piel no es un delito flagrante, por el que derribar una puerta, el hecho de que se infecten nuestros barrios con drogas por todas partes. Prueba de ello es que no vemos policías tirando todas las puertas de los narcos a patadas.

Tampoco es un delito flagrante que precise de una entrada policial o judicial inmediata, el tener conocimiento de que hay domicilios en los que se prostituye a mujeres. Prueba de ello son las escasas intervenciones por trata de seres humanos con fines de explotación sexual que se realizan en nuestro país, en comparación con la gravedad del fenómeno.

Así como también lo es la libertad con la que los proxenetas campan a sus anchas bajo el pseudónimo de “empresarios de la restauración”. Para ellos tampoco hay delitos flagrantes ni arietes.

Todo atiende a un orden de cosas en las que el dinero está por encima de las personas. Las formas de explotación aportan demasiado poder económico al Producto Interior Bruto de nuestro país, como para ganarse el calificativo de delito flagrante.

Sin embargo, querer tener un techo es una afrenta por la que mereces un desahucio al toque de queda, por poner en jaque al sistema. Pero explotar personas es ya es harina de otro costal, si la bolsa suena.

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