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Opinión

Dicen hacerlo en el interés del país

“Cuando oigas a un hombre hablar de su amor por la patria, es signo de que espera que le paguen por eso.” Henry Louis Mencken

No se puede ser un testigo neutral cuando se observan las consecuencias de la corrupción económica y de la degradación ética que se produce en España. Tampoco ser indiferente a los abusos del poder en todas sus formas. Apreciar las distorsiones en el ejercicio de las responsabilidades públicas, que no deberían tener más finalidad que prestar un servicio en el interés del país, en lugar de ser una excepción se ha convertido en la norma para continuar favoreciendo a sus patrocinadores.

La dirigencia opositora demuestra lo difícil que es disipar su ignorancia sobre cuestiones de interés nacional, en especial cuando se tiene una colosal arrogancia además de una mínima competencia para ofrecer alternativas serias. La torpeza suele adquirir esta indeseada habilidad. Tal vez sea porque si bien dicen actuar en bien del interés del país, sólo lo hacen sin recato en el bien de los minoritarios grupos económicos. Esa es la razón por la que siguen esquilmando a los consumidores el cartel de las energéticas. Sólo un ejemplo.

Esta dirigencia de las puertas giratorias, parece actuar con orgullosa impunidad. Lo han venido haciendo desde siempre de manera progresiva. Con métodos voraces. Con el soporte de legalidades a medida que el socialismo no tiene voluntad modificar.

Al tiempo, la oposición no se reprime en desear acabar físicamente con los discrepantes. El alcalde de Sevilla se disculpa tras decir ante un micrófono abierto que, refiriéndose a unos ecologistas, “había que haberlos matado”. Evoca las prácticas que llenaron las cunetas de su comunidad, y de toda la España de la primera postguerra. Ese propósito es el que dicen que es el interés del país. También el de algún militar que planteó el asesinato de 26 millones de españoles, niños incluidos. Debió decirlo en el interés del país.

La derecha neofranquista predominante dice hacerlo en el interés del país. Quizá por ello entienden que las organizaciones fascistas tienen derecho a expresarse. El peculiar Consejo General del Poder Judicial los acaba de justificar. Los vocales que la integran entienden que no se puede disolver la Fundación Nacional Francisco Franco o cualquier otra que ensalce la figura del dictador en base al delito de “apología del franquismo”. Esa disolución se incluye en la ley de la Memoria, impulsada por la vicepresidenta Carmen Calvo, porque se atentaría contra la libertad ideológica. Desde altas instancias europeas ya han reconvenido esas trazas antidemocráticas.

El Consejo General del Poder Judicial respaldó, por 15 votos frente a seis, un informe al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno en el que trasladan que la expresión de apoyo al franquismo, la apología del franquismo, entra dentro de la libertad ideológica y de expresión siempre que no suponga un menosprecio o humillación a las víctimas. ¿La eliminación física comentada anteriormente se incluye en sus consideraciones?

Los lobistas van y vienen desde la función pública constantemente. Legislan. Deciden. Toman decisiones a favor o en contra de los intereses según los contraten. Esas personas dicen hacerlo en el interés del país.

Que no te engañen. Lo han venido haciendo para su propio interés y el de sus patrones. Tú no les importas.

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