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Política

DomusVi cobraba comisiones de una funeraria si los familiares de los ancianos fallecidos contrataban sus servicios

El acuerdo comercial que DomusVi mantenía con Mémora destapado por Infolibre se remonta al año 2015, donde el gigante de las residencias de ancianos ha llegado a cobrar hasta 700 euros por cada familiar que contrataba los servicios

DomusVi comisiones por fallecidos residencias de ancianos

DomusVi, uno de los principales operadores europeos del sector de la atención a la dependencia, tiene como accionista principal al fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (ICG), que ostenta vinculaciones con paraísos fiscales. De sus 139 centros en España –algo que le coloca a la cabeza en el negocio de las residencias de ancianos–, un 65% se nutre de financiación pública por dos vías: la concertación de plazas o la concesión de la gestión de centros.

El nombre del grupo geriátrico salía a la luz hace alrededor de un año, durante la primera ola de coronavirus, cuando cientos de familiares denunciaron las irregularidades y la crítica situación sanitaria que se vivía en sus centros, llegándose a considerar como la “zona cero” de la pandemia. Se llegaron a detectar opacidades en la información sobre los fallecimientos e, incluso, cadáveres sin retirar.

Desde entonces, DomusVi ha protagonizado el foco de la polémica respecto a la gestión del virus, que cifra las personas mayores fallecidas en residencias en torno a los 30.000 según datos certificados por el Gobierno, 20.000 durante la primera oleada de casos.

Hace unas horas, Infolibre destapaba que DomusVi mantenía un acuerdo comercial con la funeraria con mayor volumen de operación en España, Mémora –también propiedad de un fondo de inversión,  Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP)–. Dicho contrato radicaba en el cobro de comisiones por fallecido que el grupo residencial proporcionara a la empresa.

Percibían hasta 700 euros por familia que decidiera hacer uso de sus servicios funerarios, situando en Madrid un mínimo de 670. Para ello, el entramado empresarial geriátrico recomendaba las prestaciones de Mémora que, en 2018, ante la crudeza del objetivo inicial del negocio, cambió los términos de contratación para reflejarlos como pagos por “cesión del espacio” debido a la “utilización la infraestructura residencial” para cerrar los acuerdos con los responsables de los fallecidos.

Durante la primera ola, se registraron en los centros geriátricos del grupo alrededor de 1.800 muertes relacionadas con COVID, situando a DomusVi como el segundo con mayor incidencia del virus a nivel nacional.

DomusVi ya acumulaba múltiples denuncias por la gestión de sus centros

Asimismo, el grupo de alcance nacional acumula desde hace años varias denuncias por la gestión de sus centros. Tal como han explicado miembros de Marea de Residencias a LÚH, las familias de los ancianos residentes han detectado desde irregularidades infraestructurales hasta falta de personal sanitario, incumpliendo los ratios exigidos por la administración a pesar de recibir contratos pagados con erario público.

“A modo de ejemplificación, la residencia de Usera, en Madrid, que está gestionada por DomusVi, tiene dos denuncias por caídas de residentes. En menos de un mes, han sufrido los residentes 31 caídas. Esto es debido a que se encuentran por debajo de los ratios. Están faltos de enfermeros, de auxiliares, de gerocultores... Hasta el punto de que, a día de hoy, se encuentran por las noches con un auxiliar por planta, aproximadamente uno por 40-45 residentes, y una enfermera para todo el edificio”, cuentan a LÚH fuentes cercanas al centro.

Culpan de la situación a la "pésima" gestión de la Comunidad de Madrid, que señalan este tipo de problemáticas como “casos aislados” y no comprueban el cumplimiento de las condiciones a pesar de la recepción de dinero público. “Todo esto lo sabe la Coordinadora de Políticas Sociales, porque desde Marea de Residencias se le ha comunicado, y no han hecho absolutamente nada. Este contrato en concreto vence el 15 de abril, y tememos que se les renueve, viendo a la fecha a la que estamos y que no se haya anunciado un concurso público para la renovación”.

Informan, además, que dicha renovación es polémica por las elevadas sanciones que acumulan. “Esta residencia en concreto tiene una sanción económica de 107.000 euros y una falta grave que le fue perdonada por la Comunidad de Madrid por no cumplir con los pliegos de condiciones. La Comunidad de Madrid alude a que los problemas son casos puntuales, cuando es incierto totalmente ya que este tipo de situaciones se vienen denunciando desde hace más de dos años”.

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