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Política

El Escudo Social durante el estado de alarma divide al Gobierno de coalición

El alcance del Escudo Social durante el estado de alarma divide al Gobierno de coalición
Pablo Iglesias (Unidas Podemos), vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de coalición, y Nadia Calviño (PSOE), vicepresidenta de Asuntos Económicos

Es un hecho que en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos existen discrepancias entre ambas formaciones; tanto, que esas discrepancias –personalizadas por parte del PSOE en la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y por parte de Unidas Podemos en el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias– marcan buena parte del día a día de la coalición de gobierno. Es evidente que Calviño representa el ala derecha del Ejecutivo y que Iglesias representa el ala izquierda, aunque –y más en momentos de emergencia sanitaria y social como los actuales– Unidas Podemos enmarca en la “decencia”, antes incluso que en la izquierda, la necesidad de, por ejemplo, paralizar los desahucios sin alternativa habitacional o los cortes de luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad, que es uno de los campos de la batalla que Calviño e Iglesias libran cada día en el seno del Gobierno de coalición. En cualquier caso –y aunque la formación liderada por Iglesias no parece dispuesta a tirar por la borda el Ejecutivo de coalición que tanto esfuerzo le costó sacar adelante–, es un hecho que PSOE y Unidas Podemos representan intereses distintos y que a Unidas Podemos le cuesta mucho arrancar al PSOE cada medida, por lo que el Consejo de Ministros no es precisamente una balsa de aceite.

El pacto de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos tras las generales del 10N, denominado ‘Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España’, contempla el compromiso de impulsar medidas para asegurar el “realojo inmediato, en determinadas condiciones, de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad” o para fomentar el “alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional”, así como el compromiso de prohibir los “cortes de suministros básicos” en las primeras residencias debidos a impagos por “motivos ajenos a la voluntad de sus titulares”.

El pasado mes de marzo y tras mucho ‘tira y afloja’ entre Unidas Podemos y el PSOE, el Gobierno de coalición aprobó el denominado Escudo Social, un paquete de medidas que incluyó la paralización temporal –mientras durara aquel primer estado de alarma– de los desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad. El pasado mes de septiembre, la prórroga del Escudo Social abarcó la paralización de parte de los desahucios sin alternativa habitacional, pero no la de los cortes de luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad. Unidas Podemos daba por hecho –y más teniendo en cuenta los actuales momentos de emergencia sanitaria y social– que el PSOE se mostraría dispuesto a prorrogar también la paralización de los suministros a personas en situación de vulnerabilidad, pero –tras una negociación que fuentes cercanas a la misma califican de “fuerte”– la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), no pudo arrancar también esa medida a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE).

Más de diez meses después de la firma del pacto de gobierno ‘Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España’ por parte de PSOE y Unidas Podemos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto en marcha, esta semana, una campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno de coalición, por “responsabilidad política” pero sobre todo por “salud pública”, la “aprobación urgente” de un decreto que suspenda “todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de la alternativa habitacional”. Y más de 3.000 colectivos sociales de todo el Estado han exigido este viernes, en una rueda de prensa celebrada precisamente ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, la prórroga indefinida de la moratoria de cortes de agua, luz y gas a personas en situación de vulnerabilidad.

Bancos y energéticas

Para Unidas Podemos, la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministros, al menos mientras dure este segundo estado de alarma, es una de las principales señas de identidad de un gobierno “decente”, es decir que defienda a las personas, y especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, por encima de los intereses de bancos y energéticas. Bancos como el Banco Santander y energéticas como Endesa presionan a Calviño para que decretos así no se aprueben, mientras que colectivos como la PAH, como el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas o como la Alianza contra la Pobreza Energética presionan a Iglesias para lo contrario, es decir para que decretos así sí se aprueben.

La cuestión, que ejemplifica como pocas la batalla entre Calviño e Iglesias en el seno del Gobierno de coalición, sigue pendiente. Y –tras la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 consensuado por PSOE y Unidas Podemos, inmersa la población en un nuevo estado de alarma y ante la próxima llegada tanto del invierno como de un más que probable confinamiento– en la formación morada creen que ha llegado el momento de volver a la carga, de volver a la batalla por lograr un decreto que, al menos mientras dure el estado de alarma, imposibilite que se pueda desahuciar o cortar la luz, el agua o el gas a la gente por no tener dinero. El desenlace dependerá, como siempre, de la correlación de fuerzas.

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