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Política

El caso Arrow: cuando las cloacas del Estado lo abarcan todo

Los servicios prestados por Villarejo a Iberdrola coincidieron con una serie de noticias favorables para la multinacional, la segunda empresa más potente del IBEX 35

El caso Arrow: cuando las cloacas del Estado lo abarcan todo
El comisario de Policía José Manuel Villarejo y el logotipo de la multinacional Iberdrola

Lo económico, lo policial, lo social, lo político, lo judicial y lo mediático. Al menos todos esos espectros están presentes de una u otra forma en el caso Arrow, uno de los más paradigmáticos del fenómeno de las cloacas del Estado y de su ‘modus operandi’ en los últimos años. Y es que la multinacional Iberdrola (lo económico) contrató al comisario de Policía José Manuel Villarejo (lo policial) para que espiara en profundidad –desde las posiciones ideológicas hasta la vida íntima– y, en su caso, presionara y desacreditara a ecologistas y representantes vecinales (lo social) y a representantes institucionales (lo político) que se oponían a la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera e incluso al juez (lo judicial) que velaba por el cumplimiento de la legalidad del proyecto de infraestructura –valorada en 1.000 millones de euros–, así como para que ayudara a crear un estado de opinión favorable al proyecto a través de determinados medios de comunicación (lo mediático).

Lo económico. Iberdrola, el gigante encabezado por Ignacio Sánchez Galán, es la segunda empresa más potente del IBEX 35, sólo por detrás de Inditex, encabezado por Amancio Ortega, e incluso por delante del Banco Santander, encabezado por Ana Patricia Botín. La oligarquía en todo su esplendor.

Lo policial. Villarejo ingresó en la denominada BPS (Brigada Político-Social) –la policía secreta franquista encargada de perseguir y reprimir movimientos de oposición antifranquista y a sus integrantes– en el año 1972, y casi medio siglo después se encuentra en prisión, acusado de presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Entremedias, se convirtió, junto a Antonio González Pacheco ‘Billy el Niño’ –el torturador fallecido el pasado mes de mayo–, en el más mediático de los antiguos miembros de la BPS que con la llegada del régimen del 78 constituyeron turbias empresas a medio camino entre lo público, que nunca abandonaron del todo, y lo privado.

Iberdrola tuvo a sueldo a Villarejo durante años. Según las informaciones conocidas en los últimos meses, la multinacional habría pagado al comisario más de 350.000 euros por diversos servicios prestados por CENYT (Club Exclusivo de Negocios Y Transacciones), una de las empresas de Villarejo, a Iberdrola entre 2004 y 2017, es decir durante 13 años. Varios de esos servicios están relacionados directamente con el caso Arrow.

“Patas arriba todo lo que se refiere a ella”

Lo social y lo político. Villarejo dispone de audios que demostrarían que Iberdrola –a través de su entonces jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, que se encuentra por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos– le pagaba para que neutralizara a los enemigos del proyecto de central de ciclo combinado, desde activistas y colectivos agrupados en la plataforma ‘No a las térmicas’ –en la que llegaron a infiltrar a al menos cinco personas–, para denunciar los efectos nocivos que los gases de la infraestructura tendrían para la población o los intentos de ubicarla entre dos zonas protegidas, hasta representantes institucionales del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y de la Junta de Andalucía contrarios al proyecto. La entonces concejal de Urbanismo de Arcos de la Frontera, Arantxa Azcúnaga (IU) –fallecida el pasado mes de julio–, fue uno de los principales objetivos de esta operación de espionaje. Aunque finalmente no detectó “absolutamente nada”, Villarejo reconoció a Asenjo que había puesto “patas arriba todo lo que se refiere a ella”, incluidas su familia y sus propiedades.

Lo judicial. Villarejo espió también al juez de lo Contencioso-Administrativo del partido judicial gaditano de Jerez de la Frontera que debía pronunciarse sobre una petición, la de paralizar cautelarmente las obras de la central de ciclo combinado, que había hecho el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. “Su elección” para pronunciarse sobre esa petición “no ha sido casual”, sino que en ella ha pesado “su trayectoria ‘doctrinal’”, que “manifiesta una acusada tendencia” a tomar posiciones “en contra de las grandes empresas y “a favor de los sindicatos y otras asociaciones populares”, apuntó el comisario de Policía.

Lo mediático. A Iberdrola le preocupaba también que la opinión pública de la comarca estuviera mayoritariamente en contra de la central de ciclo combinado, por eso Asenjo pactó con Villarejo la inclusión de publicidad a favor del proyecto en los medios de comunicación de la zona, con el objetivo de convertirlos en sus aliados. Y no sólo la inclusión de publicidad; el comisario de Policía llegó a transmitir al jefe de Seguridad de la multinacional que él mismo se había encargado personalmente de pactar con un diario de ámbito local la publicación de una encuesta que iba a ser amañada para que los cuatro vecinos que iban a ser elegidos supuestamente al azar para que opinaran sobre la central de ciclo combinado estuvieran a favor de la misma.

Al menos dos giros repentinos

Iberdrola dio los primeros pasos del proyecto en 2000, y Villarejo y la propia multinacional no dieron por concluida la operación Arrow hasta que Iberdrola hubo logrado todos los permisos políticos y judiciales para poner en marcha la central de ciclo combinado, una de las más grandes de España. La multinacional acabó de construirla y empezó a producir energía en 2005. ¿Tuvieron algo que ver con ello los servicios prestados por Villarejo y su empresa CENYT a la segunda empresa más potente del IBEX 35? En cualquier caso, esos servicios coincidieron con una serie de noticias favorables para Iberdrola: el juez de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera acabó denegando la petición de paralizar cautelarmente las obras, el PSOE en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera dio un giro repentino, ni siquiera recurrió la resolución y, como el PSOE en la Junta de Andalucía –que dio otro giro repentino–, acabó aceptando y favoreciendo la puesta en marcha de la infraestructura, por lo que IU acabó abandonando la coalición de gobierno municipal.

Audios grabados por el propio Villarejo revelarían que Asenjo le ordenó realizar seguimientos, controlar llamadas de teléfono y en general investigar la vida privada de cualquiera que se opusiera activamente al proyecto.

El propio Asenjo, imputado en la pieza 17 del caso Tándem por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que Iberdrola efectivamente contrató los servicios de Villarejo, pero ha asegurado que Sánchez Galán –presidente ejecutivo y consejero delegado de la multinacional– no tuvo nada que ver con esa contratación ni sabía nada de ella.

La web de Iberdrola, la segunda empresa más potente del IBEX 35, asegura que Sánchez Galán es “tan exigente consigo mismo en su cumplimiento como lo es con sus equipos”.

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