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El CGPJ, el as bajo la manga del PP para tapar su corrupción

El partido podría haber utilizado su poder en el organismo para salir indemne de varios escándalos a lo largo de los años

El CGPJ, el as bajo la manga del PP para tapar su corrupción

El historial de corrupción que arrastra el Partido Popular ya le convirtió, en 2018, en el primer partido político condenado como entidad jurídica por corrupción en la historia de la democracia española. Todo un “hito” que ha hecho que muchas voces se refieran a la formación como “el partido más corrupto de Europa”. Un currículum que, previsiblemente –y con las nuevas informaciones que Luis Bárcenas piensa aportar–, no hará más aumentar.

Pero, a pesar de su presunta tendencia corrupta, el partido parece salir prácticamente indemne de los escándalos que le persiguen. En noviembre de 2009, el que era fiscal general del Estado reveló que –debido a la corrupción– se estaban tramitando un total de 200 causas contra cargos públicos del Partido Popular. Una cifra que habla por sí sola y que viene acompañada de una larga lista de escándalos de corrupción.

Uno de los más polémicos, el conocido como Caso Gürtel, dio comienzo en 2009 con la apertura de la investigación por parte de la Audiencia Nacional. La investigación –ordenada por el juez Baltasar Garzón– colocó al empresario Francisco Correa como líder de la trama y, actualmente, hay 71 imputados del Partido Popular. Un entramado por el que figuras como Francisco Camps –expresidente valenciano–, Pablo Crespo –exsecretario del PP en Galicia– o el propio Luis Bárcenas fueron acusadas de delitos de prevaricación, cohecho, malversación y blanqueamiento, entre otros.

De prevaricación fue también acusado el juez Garzón durante su instrucción del caso, lo que le llevó a ser expulsado de la carrera judicial y a ser condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. De esta forma, el caso quedó en manos de su sucesor, el juez Pablo Ruz. Al contrario que Garzón, Ruz sí era bien visto por la formación popular. O, al menos, así fue hasta 2013, cuando el juez ordenó el registro de la sede del PP. Antes ya había tenido lugar otro desencuentro, cuando –tras recibir un informe policial que conectaba la trama Gürtel con los papeles de Bárcenas– Ruz había comenzado a investigar los presuntos sobresueldos en negro del partido.

La investigación de Ruz sobre una presunta financiación ilegal del PP tuvo consecuencias. Por un lado, el que era juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, exigió a Ruz que pusiese fin a la investigación de la contabilidad B del PP. Pero fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –constituido en su mayoría por vocales conservadores y colocados por el PP– quien dio el golpe final. Después de renovar a Ruz como instructor de la trama Gürtel durante años, en 2015 fue apartado del caso y volvió al Juzgado de Móstoles.

Un monopolio de los populares en el CGPJ por el que podrían haber obtenido ventajas e incluso apartar a quienes pretendían ejercer acto de justicia en su contra. Aún así, existen voces discrepantes como lo fue la del juez Eloy Velasco. El magistrado se mostró favorable sobre la posibilidad de ilegalizar partidos corruptos. Llegó, incluso, a destacar que el marco legal podía hacerlo posible si se tenía en cuenta la modificación del Código Penal de 2012, que introdujo el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. De esta forma, se podría suspender de actividad a partidos al constatarse una actuación delictiva y reiterada de sus miembros.

Curiosamente, el CGPJ decidía entonces ascender a Velasco y concederle una plaza en la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Algo que, en consecuencia, le obligaba a abandonar la instrucción de casos que tuviera entre manos. En aquel momento, el juez estaba al cargo de la Operación Púnica, la trama de corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Un modus operandi –basado en el control de la justicia por parte del Partido Popular– que habría ayudado a la formación a salir de más de un apuro. Algo que explicaría la actual negación del partido a renovar a los miembros del máximo órgano del poder judicial. Y es que el PP arrastra un historial repleto de corrupción que, según la nueva información aportada por Bárcenas, podría haber comenzado en 1982 con la financiación ilegal del partido. De esta forma, el testimonio del extesorero se puede convertir en un nuevo escollo para el PP del que habrá que ver si, esta vez, consiguen salir indemnes.

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3 Comentarios

3 Comments

  1. Josu Monreal

    4 de febrero de 2021 21:44 at 21:44

    Esto es escandaloso…el CGPJ debería de ser procesado en su conjunto si estos es cierto, por crímenes contra la democracia.

  2. AbuJavi

    5 de febrero de 2021 13:06 at 13:06

    Simplemente deberían de ser investigados por presunta privatización.

  3. J7

    5 de febrero de 2021 22:30 at 22:30

    AbuJavi, aunque lo de privatización haya sido un lapsus teclae, tiene todo el sentido: una parte de los integrantes son jueces privados del PP. Y por supuesto lo primero que viene a la mente es prevaricación.

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