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Política

El CGPJ en funciones verá limitadas sus competencias en 2021

Unidas Podemos consigue negociar la apertura del debate en el Congreso sobre la limitación de sus funciones cuando el órgano se encuentre en situación de interinidad, tal como ocurre desde hace dos años, a través de una proposición de ley

Limitación poderes CGPJ

La aprobación se enmarcará para el año 2021 y pretende impedir, entre otros, que los miembros en funciones puedan designar cargos, limitando su capacidad, tal como ocurre en el Gobierno, que ve plasmados los límites de sus competencias en dicha situación por ley. Se trata de un importante avance en materia democrática que, aunque “no es el paso entero”, según indican fuentes parlamentarias, supone un “logro de enorme significado político”.

Situación actual del máximo órgano de poder de los jueces

El CGPJ se encuentra en situación de interinidad desde hace dos años. El secuestro por parte del Partido Popular impide su renovación, a pesar de las instancias que desde las instituciones y los tribunales europeos se emiten al respecto, indicando el peligro que supone para el desarrollo de la democracia. Asimismo, es uno de las pocas instituciones que no encuentra limitaciones en sus capacidades cuando se encuentra en funciones.

Las premisas de los populares para seguir controlando el órgano a pesar de la caducidad del presente mandato son claras. Ignacio Cosidó negoció un CGPJ repartido de tal manera que lograran controlar con magistrados de su color las Salas en las que se abordan los temas para enjuiciar a diputados, miembros del Gobierno y senadores e ilegalizar partidos. Una hábil estratagema enmarcada por un PP acorralado por la Justicia.

El propio candidato a presidirlo, el juez Marchena, se vio obligado a renunciar debido al escándalo que se materializó con la publicación de los WhatsApp que Cosidó remitió a sus compañeros explicando “la jugada” que, por cierto, calificaba como “estupenda”. Carlos Lesmes, quien fuera miembro de los gobiernos de Aznar, fue el encargado de asumir la tarea.

La pretensión de la formación azul se ve reforzada, además, por la no limitación actual de las funciones del órgano a pesar de su situación irregular. Por supuesto, ha seguido siendo aprovechada ya que, a través de los representantes afines a su color político, el CGPJ ha continuado nombrando miembros y vocales.

Un debate obligado ante los escándalos

La polémica que rodea al Poder Judicial se enmarca desde los inicios de la andadura capitaneada por Lesmes y que no ha cesado, si quiera, con la actual situación de caducidad de su mandato. La última: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado un posible caso de discriminación de género en el nombramiento del magistrado Miguel Pascual del Riquelme para el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Detrás de la designación recaen sospechas de intereses partidarios vinculados al Partido Popular, quienes habrían intervenido en la decisión para proteger a su candidato en la región, salpicado por un escándalo de corrupción.

La decisión que ha llevado a negociar el debate de la limitación de funciones se ha visto motivado por este tipo de casos, algo que supondría igualar, en términos legales, las capacidades de los órganos e instituciones que ostenten situaciones fuera de la normalidad democrática.

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