En esta trama hay muchos personajes. Comencemos por el primero: Emilio Lozoya, ex director general de Pemex (empresa petrolera estatal propiedad del Gobierno de México), que fue detenido por la policía el 12 de febrero en Málaga. La orden provenía de la Interpol. Según la investigación que analiza la presunta corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, habría recibido en torno a diez millones dólares de parte de la compañía a cambio de la adjudicación de, por ejemplo, el contrato de remodelación de la refinería de Tula, situada en Hidalgo.
La trayectoria de Lozoya (hijo del ex ministro mexicano Carlos Salinas, es decir, del responsable de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, de numerosas privatizaciones de empresas públicas y de la restauración de las relaciones entre la Iglesia y el Estado) es digna de destacar.
Antes de dirigir la petrolera había sido director para América Latina del Foro Económico Mundial, y, entre otras cosas, consejero de OHL (2010-2012) y de InfoGlobal (2011-2012). La primera es una empresa de construcción fundada por Juan Miguel Villar Mir, relacionada, presuntamente, con la financiación ilegal del PP de Aguirre. La segunda es una empresa de ingeniería quebrada en 2017 y promocionada por “por algunos de los apellidos más ilustres de la nobleza madrileña”, según cuenta Agustín Marco en El Confidencial. Ambas formaban parte de la misma lógica, es decir, la de amañar (presumiblemente) contratos con las autoridades públicas a cambio de mordidas.
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