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El derecho a la alimentación en Madrid

El derecho a la alimentación en Madrid
Por Jon Machimbarrena.

El pasado 25 de noviembre hubo un Encuentro en Madrid para tratar cómo se ha abordado el derecho a la alimentación de la población más vulnerable desde las instituciones y desde las redes de solidaridad. De manera específica en Vallecas. En ella, han participado representantes de los Foros Locales, de las asociaciones de vecinos, de los bancos de alimentos –parroquias, ONGs y redes solidarias– y de algunas fuerzas políticas invitadas.

En dicha reunión se presentó un informe elaborado por la Mesa de Derechos Sociales del distrito vallecano. En él se resalta cómo durante la pandemia se ha triplicado el número de solicitantes de ayuda alimentaria en las denominadas colas del hambre, de cómo los servicios sociales ya debilitados anteriormente no han sido capaces de cubrir totalmente estas necesidades. El cierre de los centros de los servicios sociales para atenderlas presencialmente, por un lado, y de los hogares de mayores y de los comedores escolares, por otro, ha agravado la situación de pobreza alimentaria. No ha habido un plan de contingencia, desde las Juntas de Distrito ni desde el Ayuntamiento, ante una emergencia social como esta.

Las tradicionales organizaciones de distribución de alimentos se han visto desbordadas y sólo la aparición de nuevas redes de solidaridad ciudadana han podido paliar en parte esta situación. Tampoco aquí se ha favorecido desde las instituciones municipales o autonómicas una coordinación entre las diversas iniciativas y ellas mismas. Es más, en algún distrito se han llegado a clausurar locales donde se procedía al reparto de alimentos.

Se han constatado las dificultades con las que los solicitantes de ayuda se encuentran y que, a pesar del esfuerzo de los trabajadores sociales y un leve incremento de los presupuestos (según cifras municipales), la falta de plantilla de los primeros y la falta de planificación de los segundos no ha mejorado la situación. De hecho, las familias acogidas a la Renta Mínima de Inserción han ido menguando cuando en realidad las necesitadas aumentaban. Y las proclamadas Tarjetas Familias para poder comprar comida no acaban de arrancar, a pesar de estar anunciadas para hace 2 meses.

Mientras, las redes de solidaridad perdían voluntarios y donaciones tras la desescalada, que solo ahora ante la Navidad se han reforzado un poco.

En conclusión, es evidente que es necesario reforzar los Servicios Sociales en plantillas y presupuestos, ampliar y agilizar el acceso a las ayudas urgentes, crear protocolos de actuación y coordinación ante situaciones como ésta. Pero sobre todo es necesario abrir las instituciones a la participación social y no como el PP pretende: cerrar los Foros Locales (creando unos consejos de proximidad tecnocráticos), debilitar a las asociaciones vecinales (quitándoles presupuesto) y derivar la responsabilidad al Estado (a ese denostado gobierno de coalición; aprovechando las debilidades iniciales del Ingreso Mínimo Vital -que las tiene- para retirar ayudas de su competencia).

Recoger, en definitiva, la actualidad de la Proposición de Ley de Garantía del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid que se votó, y no se aprobó por 1 voto de diferencia, en la Asamblea de Madrid el 24 de febrero del 2019 y fue suscrita por más de 40 organizaciones sociales.

Como colofón de estas Navidades atípicas, más de 2.000 menores de edad las pasarán sin electricidad ni agua en La Cañada Real ante el desprecio de unos y la indiferencia de otros. Ellos no tienen la culpa de los supuestos delitos de algunos de sus vecinos ni de la ineptitud demostrada de algunos políticos.

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