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El derecho a la vivienda, a sólo un paso de una victoria histórica sobre los fondos buitre y sobre Ayuso

“Todavía queda batalla, porque las sentencias ya son ejecutables, pero la Comunidad de Madrid está poniendo todos los obstáculos que puede para evitar ejecutarlas y cumplirlas”, advierte Alejandra Jacinto sobre las 2.935 viviendas sociales que fueron vendidas “con sus inquilinos dentro”.

El derecho a la vivienda, a sólo un paso de una victoria histórica sobre los fondos buitre y sobre Ayuso

En 2013, el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, presidido por Ignacio González (PP), vendía por 201 millones de euros un total de 2.935 viviendas sociales propiedad de la comunidad autónoma –1.380 ubicadas en Madrid capital, concretamente en los distritos de Carabanchel, Hortaleza, Tetuán y Villa de Vallecas; 332 en Majadahonda, 259 en Móstoles, 240 en Parla, 224 en Torrejón de Ardoz, 192 en Navalcarnero, 127 en Arroyomolinos, 80 en Valdemoro, 44 en Collado Villalba, 36 en Leganés y 21 en Tielmes– a la sociedad Encasa Cibeles, participada por el fondo buitre estadounidense Goldman Sachs y el fondo buitre español Azora. Arrancaba entonces una movilización social pero también un periplo judicial que, afortunadamente para los moradores de esas viviendas sociales, está dando sus frutos y se encuentra a sólo un paso de una victoria histórica sobre los fondos buitre pero también del Gobierno autonómico presidido ahora por Isabel Díaz Ayuso (PP).

“En 2013 lo que hicimos” desde la PAVPS (Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social) “fue agrupar a los inquilinos e inquilinas adjudicatarios que habían sido víctimas de esa venta”, pues se trató de la venta de 2.935 viviendas sociales “con sus inquilinos dentro”, ha destacado este lunes, consultada por LUH, Alejandra Jacinto, abogada, activista por el derecho a la vivienda y ahora también miembro de la candidatura de Unidas Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, a las autonómicas del 4M en Madrid.

La PAVPS logró agrupar “a los inquilinos de Parla, a los del Ensanche de Vallecas, a los de Valdecarros y a los de Leganés” y tres abogados –Felipe Alonso, Manuel San Pastor y la propia Alejandra Jacinto– interpusieron cuatro recursos contencioso-administrativos contra la venta de las 2.935 viviendas sociales. “En un primer momento los juzgados inadmitieron los recursos porque decían que a los inquilinos no les perjudicaba ni les afectaba la venta –que daba igual que su casero fuera un fondo buitre o la administración pública–, pero seguimos recurriendo y en 2018 llegamos al Tribunal Supremo, que estableció que los inquilinos sí tenían derecho a recurrir y que los juzgados tenían la obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto”, recuerda la abogada.

Fue entonces cuando Alonso, San Pastor y Jacinto conocieron el caso de Rachid Bouikov, inquilino junto a su familia de una de las 2.935 viviendas sociales, ubicada en Nalacarnero. “Él había buscado un abogado de oficio para hacer el mismo itinerario, y lo que había hecho ese abogado es interponer un recurso contencioso-administrativo que había seguido el mismo ‘iter’ procesal que nuestros recursos colectivos pero que se había tramitado con mayor celeridad por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, que es en el que había recaído”, añade Jacinto.

Ese abogado es César Pinto, letrado del Turno de Oficio que destaca a este diario que muchas de las 2.935 viviendas sociales –unas en régimen de alquiler y otras en régimen de alquiler con opción de compra y ubicadas en barrios o municipios obreros de la Comunidad de Madrid– fueron adjudicadas a personas en “situación de vulnerabilidad” o incluidas en el “plan joven” de ayuda a las familias.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29, en el que recayó el caso de Bouikov y su familia, fue el primero en resolver, y “después han ido cayendo, en cascada, el resto de resoluciones de los procesos colectivos, en idéntico sentido y recogiendo exactamente lo mismo”, explica la activista por el derecho a la vivienda. Corría el pasado año 2020, y la PAVPS lograba así “que los juzgados se pronunciaran y establecieran que la venta fue nula principalmente porque la Comunidad de Madrid prescindió del requisito de justificar la innecesariedad de esas viviendas, es decir que la Comunidad de Madrid las vendió diciendo que no eran necesarias para el patrimonio de la administración pública, lo cual es rotundamente falso, primero porque esas viviendas estaban ocupadas por gente y después por la situación de falta de vivienda pública que hay en la Comunidad de Madrid”. “Es todo lo contrario: son muy necesarias y hace falta más vivienda pública”, añade.

Finalidad social

“Después de pronunciarse el Tribunal Supremo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29, que un en principio había dicho que no estudiaba el fondo, entró en el fondo y dijo que no se puede vender viviendas cuando estas tienen una finalidad social, y es en ese momento cuando se anula completamente toda la venta”, explica Pinto, en la misma línea.

César Pinto, Felipe Alonso, Manuel San Pastor, la propia Alejandra Jacinto y sus equipos jurídicos se han “unido en los últimos años” y, “actuando en común”, este año 2021 han logrado también que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 “clarifique” algo que el Gobierno de Ayuso “ha intentado que no fuera así”, destaca Jacinto. Y es que el Ejecutivo de Ayuso mantenía que la sentencia de Bouikov sólo afecta al caso de Bouikov y no a las otras 2.934 viviendas sociales, pero “el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 ya ha dejado muy claro que no”, que la sentencia de Bouikov “afecta a la totalidad de la venta, y lo mismo pasa con nuestros recursos colectivos: que no se anula sólo la venta de las viviendas de los recurrentes, sino que se anula la venta total, la de las 2.935 viviendas”.

El largo periplo judicial está dando ya sus frutos para los moradores de esas viviendas sociales, pero aún no ha acabado del todo. “Todavía queda batalla, porque las sentencias ya son ejecutables, pero la Comunidad de Madrid está poniendo todos los obstáculos que puede para evitar ejecutarlas y cumplirlas”, advierte la abogada y activista por el derecho a la vivienda. Y uno de esos obstáculos es un recurso de apelación.

“El tema todavía no está solucionado porque queda el recurso de apelación que ha interpuesto la Comunidad de Madrid y tendrá que decidir el tribunal”, apunta Pinto. Y es que Encasa Cibeles “ya ha asumido que la sentencia afecta a las 2.935 viviendas”, pero el Gobierno de Ayuso “aún no”.

Al pasar esas 2.935 viviendas sociales de las manos de la Comunidad de Madrid a las de Encasa Cibeles, los inquilinos vieron cómo subía el precio de sus alquileres, primero los que estaban en situación de vulnerabilidad, porque “dejaron de tener derecho a las reducciones a las que hasta entonces tenían derecho”, y después también el resto, porque los fondos buitre “empezaron a incrementar las rentas”, explica el abogado, que insiste en que ocho años después de la venta de aquellas 2.935 viviendas sociales la posición de los inquilinos sigue siendo “bastante desesperada, porque en su mayoría son personas con ingresos económicos bajos, algunos de ellos en situación de vulnerabilidad, y llevan desde 2013 sin saber muy bien en qué situación están”. Aunque están a punto de saberlo. Por fin.

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