El derecho a la vivienda, una asignatura pendiente en nuestro país.

Por Tomás Casas

Según recoge el artículo 47 de la Constitución Española: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Esto es algo que, por desgracia, no se ha cumplido en ningún momento desde que se redactó la Constitución de 1978, ya que hay mucha gente sin vivienda e incluso personas sin hogar que se ven obligadas a dormir en la calle.

La especulación de la vivienda por parte de la derecha

Como bien sabemos, los gobiernos del PP se han caracterizado por la especulación inmobiliaria y la cesión de viviendas públicas a fondos buitre que han ocasionado un daño irreparable para muchas familias humildes que se vieron obligadas a dejar su hogar de toda la vida al subir de manera desorbitada el precio de los alquileres y no podérselo permitir.

Todo esto ha acabado en desahucios y auténticos dramas familiares en muchas ocasiones y es algo que no debemos permitir que suceda en el futuro, aprobando leyes que garanticen la vivienda a cualquier persona que resida en nuestro país y regulando los precios del alquiler.

Avances en el derecho a la vivienda en la Comunidad Valenciana y Catalunya

Iniciativas como las del político de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, al frente de la Conselleria de Vivienda en la Generalitat Valenciana, que incrementa notablemente el número de viviendas destinadas a las familias más vulnerables y a las mujeres que han sufrido violencia de género en la Comunidad Valenciana son un camino a seguir para el resto de comunidades autónomas, y deben tenerse muy en cuenta a nivel nacional.

Además, la Conselleria de Vivienda también concede ayudas de emergencia habitacional a personas y familias que están en situación de exclusión social o han tenido peligro de ser desahuciados al carecer de recursos económicos, aparte de las ayudas a la vivienda para hacer frente al COVID-19.

También, Catalunya se ha convertido en una referencia en cuanto al tema de la vivienda al haberse puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas, excepto PP y Ciudadanos, para aprobar la regulación de precios del alquiler, ya que la subida de precios se había vuelto totalmente insostenible y había llegado a aumentar 20 veces más que los sueldos en el último lustro en Catalunya. Próximamente habrá un importante descenso de los precios de alquiler y las familias humildes catalanas podrán respirar un poco más y tener mucho más accesible una vivienda digna que en años anteriores.

Qué diferencia con lo que se está viviendo en la Comunidad de Madrid desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso, quien está privatizando todo y dándole prioridad máxima a los fondos buitre, algo que ya se pudo comprobar cuando la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de defender solo el interés del fondo buitre y perjudicarles gravemente por ello a las familias madrileñas más vulnerables.

Y es que Ayuso solo gobierna para los más ricos y privilegiados, y el derecho a la vivienda para ella es algo muy secundario que no entra en sus planes políticos.

Derecho a la vivienda en toda España

Sería de vital importancia, pues, para todas las familias y personas vulnerables, que el Gobierno impulsara en toda España leyes de vivienda como en Catalunya y la Generalitat Valenciana para garantizar una vivienda digna a todas aquellas personas que no la tienen ni pueden aspirar a tenerla por su delicada situación económica, agravada aún más si cabe desde la crisis sanitaria por COVID-19.

En el Ingreso Mínimo Vital se contempla la posibilidad de adoptar esta medida en el futuro y dar una ayuda de alquiler a las personas que lo perciben, puede ser un primer paso aunque sería mucho más efectivo aumentar considerablemente el parque público de viviendas sociales y no permitir su venta en ningún caso a los fondos buitre, tal y como ha hecho, con muy buen criterio humano y social, Rubén Martínez Dalmau en la Comunidad Valenciana.

Estamos más cerca que nunca de cumplir con el artículo 47 de la Constitución con este Gobierno de coalición PSOE-UP, solo falta que el PSOE ponga un poco de su parte y acuerde con Unidas Podemos la regulación del precio de alquiler de los pisos, así como ayudas al alquiler y adjudicar un mayor número de viviendas sociales para la gente que no tiene propiedad alguna y vive de forma precaria, algo muy peligroso e incluso letal hoy en día ante la grave amenaza del coronavirus, que afecta muy especialmente a las familias que viven en pisos de reducidas dimensiones.

Es algo que tenemos que hacer posible entre todas y todos, pues sin techo y sin vivienda digna nadie puede vivir dignamente, y eso es algo que a nadie le puede faltar en un país desarrollado y civilizado como el nuestro en pleno siglo XXI.