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El Estado colombiano sigue reprimiendo brutalmente a la disidencia y piden investigarlo por delitos de lesa humanidad

El informe preliminar de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos sostiene que “no hay dudas sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales”.

El Estado colombiano sigue reprimiendo brutalmente a la disidencia y piden investigarlo por delitos de lesa humanidad
Una manifestante protesta contra la represión en las calles de Colombia

La lucha de clases toma cuerpo esta primavera en las calles de las principales ciudades de Colombia, donde centrales sindicales, organizaciones indígenas y movimientos sociales plantan cara al presidente de la República, el uribista Iván Duque, y a su Gobierno con el Paro Nacional que arrancó el pasado 28 de abril contra la reforma fiscal regresiva que pretendía imponer Duque. Aunque representantes del Paro Nacional y del Gobierno han vuelto a sentarse este domingo en la mesa de negociación, sigue la represión brutal, y este mismo fin de semana se han registrado varios muertos, abatidos por armas de fuego, y varios heridos, algunos de ellos graves, en el Paso del Comercio –punto de resistencia conocido como el Paso del Aguante– de Cali, a manos del operativo combinado de la Policía Nacional y el Ejército Nacional colombianos.

A base de huelgas en diversos sectores, manifestaciones masivas y cortes de carreteras que este lunes cumplirán cuarenta días, el Paro Nacional ya ha echado abajo primero dicha reforma fiscal y a su impulsor –Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda del Gobierno de Álvaro Uribe desde 2003 hasta 2007 y del de Duque desde 2018 hasta que se vio obligado a dimitir precisamente con motivo de las protestas– y después la reforma sanitaria que pretendía privatizar definitivamente la sanidad colombiana poniéndola en manos de las élites económicas que apoyan a Duque.

Pero el coste ha sido alto, y es que en el informe preliminar ‘Violación de DDHH en Colombia en el marco del Paro Nacional 2021’, publicado este jueves –cuando los homicidios denunciados por la oposición a Duque superaban ya los 70– por la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, se agolpan las denuncias de desapariciones forzadas de personas y los delitos contra la vida –homicidios–, contra la integridad física –lesiones diversas, especialmente oculares–, contra la integridad sexual –abusos sexuales–, contra la libertad –privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, torturas…–, contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta o contra la propiedad –daños–… “No hay dudas sobre el carácter de lesa humanidad de estos delitos” –atendiendo a su “carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil”–, “ni tampoco sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales”, advierte el documento.

“El Estado colombiano debe ser investigado porque, en el marco del Paro Nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”, lo que “impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”. “El Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”, concluye el informe de la Misión.

Convocada por organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y espacios sindicales e incluso eclesiásticos, la Misión llegó a Colombia el 25 de mayo para comprobar las reiteradas denuncias de violación de los derechos humanos realizadas desde el arranque del Paro Nacional el 28 de abril y para redactar un informe que contribuyera a “visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional” y así “contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos”. Y efectivamente ha constatado que “los Derechos Humanos están siendo violados en Colombia” y que “la comunidad percibe que –más allá de excepciones– las diversas instituciones gubernamentales no asumen el compromiso que requiere el cese de esas violaciones, las investigaciones pertinentes y la efectiva vigencia de esos derechos”.

El documento destaca que “a lo largo y ancho del país, la mayoría del pueblo colombiano salió a las calles con una consigna unificadora: «A parar para avanzar»” –pues las “medidas antipopulares” contra las que protestan no sólo “acentuaban la crisis”, sino que también “recaían sobre los sectores que más sufrían la pandemia”– y que “el Estado colombiano reprimió la protesta indiscriminada y brutalmente con un criterio aleccionador que sin embargo se volvió en su contra”, pues el Paro Nacional “se acentuaba” y las protestas “cada día se nutrían de ciudadanos y ciudadanas ansiosos por expresar su disconformidad y resistencia”.

Allí están sobre todo los jóvenes, que llegaron de los “barrios populares”, las “escuelas” y las “universidades” a la “primera línea de la protesta”, y es que la Misión “pudo comprobar la decisión inquebrantable de muchachos y muchachas dispuestos a forjar un futuro diferente al que le proponen”. Allí están también las mujeres –“las más jóvenes en la primera línea y muchísimas madres en la segunda”–, los obreros, los campesinos “y su recurrente lucha por la distribución de la tierra”, los indígenas, los afrodescendientes, los líderes y activistas sociales pero también muchas personas que van y vienen “de sus cuestiones cotidianas”, como “el muchacho Harold Conejo, un cotero de la comunidad Totoró que perdió su ojo izquierdo por una perdigonada policial cuando regresaba de su trabajo y que esbozó un relato estremecedor a la Misión”.

Todos ellos han echado abajo ya tanto la reforma fiscal como a su impulsor y la reforma sanitaria, pero quieren más. Entre otras cosas, la reforma del Congreso de la República, el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), que Uribe sea juzgado por crímenes de lesa humanidad y que Duque renuncie a la Presidencia de la República.

“Con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas”

Pero Duque se defiende con todas sus armas –y nunca mejor dicho–, y en este sentido el informe destaca que la Policía Nacional en general y el siniestro ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) en particular, de común acuerdo con el Ejército Nacional, “descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas” y que numerosos testimonios describen un escenario “que combina fuego, humo, gas y estampida, entre otros recursos letales” y en el que “las vulgarmente conocidas como «bombas aturdidoras» han provocado lesiones severas en centenares de personas y hasta varios homicidios”, como el del joven de 22 años Sebastián Quintero el 14 de mayo en Popayán.

La Misión visitó Bogotá, Medellín, Cali, la propia Popayán y otras ciudades de Colombia donde recogió numerosos testimonios “abrumadores” sobre “la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa”, en los que “se advierte que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos”. “El carácter pacífico de las manifestaciones es constantemente alterado –cuando no por la provocación de personal de civil infiltrado en las filas de la protesta– por el permanente acoso, aparición subrepticia o movimiento de pinzas sobre manifestantes y transeúntes en general”, añade el documento.

El informe también denuncia el “criterio abusivo y arbitrario de las facultades para detener”, así como el “trato cruel dispensado a los detenidos, que incluye tormentos” y especialmente el “particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres retenidas”. En este sentido, destaca el caso de la joven de 17 años Alison Salazar, que fue detenida el 12 de mayo en Popayán y se suicidó al día siguiente, tras ser puesta en libertad y denunciar en las redes sociales abusos por parte de varios policías. La indignación popular por estos hechos provocó precisamente las protestas del 14 de mayo en Popayán, en las que perdió la vida Sebastián Quintero.

La Misión también ha acreditado la “participación de civiles armados” en la represión de las protestas, unas veces “desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad” y otras veces “contando con su aquiescencia”. En este sentido, destaca el caso de la joven de 23 años Daniela Soto, líder indígena herida de bala de esta forma el 9 de mayo en Cali.

“A su turno, concejales de la ciudad de Bogotá denunciaron a esta Misión que en las barriadas humildes de la periferia «no hay día en que el ESMAD no actúe, llevándose a muchachos de las barriadas, trasladándolos muy lejos de sus viviendas y familiares para luego encerrarlos por más de 36 horas incomunicados, gasearles en la celda y finalmente criminalizarlos en orden a delitos de diversa entidad: obstrucción de vía pública, terrorismo, sedición, etc.»”, denuncia el informe en otro de sus puntos.

Igualmente ha “llamado la atención” de la Misión que los “voluntarios de atención sanitaria y plataformas de defensores de derechos humanos” y los “periodistas, comunicadores sociales y grupos multiculturales que por tradición suelen integrar las columnas de manifestantes” hayan formulado “numerosas denuncias” porque “aun formal y correctamente identificados, fueron atacados por las fuerzas represivas en violación de las más elementales normas de resguardo y no obstrucción de sus imprescindibles tareas”. Ni siquiera ellos se libran de la brutal represión desatada por el uribista Duque.

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