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Política

La ley que impulsó Bono para asegurarse chófer, oficina y secretarios tras dejar la presidencia de Castilla-La Mancha

El exdirigente socialista se benefició de privilegios por valor de 160.000 euros anuales tras dejar la presidencia

Poco antes de abandonar la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono dejó todo preparado para poder disfrutar de una serie de privilegios . Así, impulsó la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo que dota a los expresidentes de diversos recursos pagados con fondos públicos.

Ni más ni menos que “una secretaría de apoyo, dotada con dos personas; un local de oficina con los medios adecuados; un conductor; un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta de Comunidades y un Servicio de seguridad y protección personal” es lo que la ley otorga a los exdirigentes de la región manchega.

Únicamente José María Barreda y José Bono, ambos del PSOE, se acogieron a estos beneficios tras abandonar su cargo. En su caso, Bono no renunció hasta 2016, lo que ha supuesto a las arcas públicas unos gastos valorados en 160.000 euros anuales que se incluyen en el presupuesto de la comunidad autónoma. Tras 21 años de mandato, Bono podría haberse acogido a esta ley hasta 2024, puesto que esta establece un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de presidente, si bien renunció años antes al ser el único exdirigente que disfrutó de estos servicios durante tanto tiempo.

Además, Bono se preparó un ‘colchón’ por si las cosas iban mal. Según su ley, los expresidentes que hubieran ocupado el cargo durante más de seis años tendrían un puesto reservado como “miembros nato” en el Consejo Consultivo de la comunidad durante un periodo igual a su presidencia. Este cargo está dotado de un sueldo de 58.000 euros brutos anuales.

No le hizo falta a Bono acogerse a este recurso, puesto que abandonó la Junta de Castilla-La Mancha para ocupar el Ministerio de Defensa durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, la presidencia del Congreso de los Diputados hasta 2011. El cargo de miembro del Consejo Consultivo es incompatible con cualquier otro cargo público.

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