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Política

El gobierno valenciano aprueba un decreto-ley para la ampliación de la vivienda pública

La propuesta y su aplicación ha sido impulsada por el equipo de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que lidera Rubén Martínez Dalmau de Unidas Podemos

Dalmau
Rubén Martínez Dalmau

Paula Llopis

La situación actual de la vivienda en la Comunidad Valenciana, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en una situación económica más desfavorecida, ha sufrido recientemente un deterioro significativo. El incremento que ha experimentado el precio de la vivienda, tanto en régimen de propiedad como de arrendamiento, unido a la repentina y masiva extinción de los contratos de arrendamiento que venían ofreciéndose a un precio inferior al de mercado, ha puesto de manifiesto que las políticas de vivienda adoptadas hasta la fecha resultan insuficientes para hacer frente a esta nueva realidad.

Al deterioro sufrido en el último año se suma, de forma imprevista y muy perjudicial, las consecuencias que la COVID-19 está causando y, probablemente, causará en la actividad económica. La experiencia adquirida en anteriores crisis ha evidenciado que ello puede desembocar en que una parte de la ciudadanía no pueda hacer efectivo su derecho a la vivienda, lo que agudizaría más si cabe la situación crítica en la que nos encontramos.

Con la finalidad de abordar este nuevo problema de forma satisfactoria, la Generalitat necesita dotarse de instrumentos más eficaces que los previstos hasta el momento, a fin de dar alternativas a quienes no pueden acceder al mercado libre de vivienda, tanto de compra como de alquiler, así como dar cobertura a quienes padecen una situación de emergencia en el ámbito de la vivienda.

El Decreto-ley aprobado por el Gobierno Valenciano a propuesta del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau pretende dar respuesta a estas nuevas situaciones con carácter urgente e inmediato, imprimiendo un nuevo impulso a los derechos de adquisición preferente de la Administración de forma que, con el ejercicio de los mismos, se cree una verdadera red de vivienda pública que contribuya de forma eficaz a garantizar el derecho a la vivienda.


El derecho a la vivienda se sitúa como un derecho fundamental en el gobierno de coalición del Botànic.

Los objetivos principales se centran en ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades residenciales en la Comunitat mediante la adquisición de vivienda para su puesta a disposición de la ciudadanía valenciana.  En construir una red de viviendas públicas con vocación de permanencia mediante la calificación permanente de las viviendas adquiridas por tanteo y retracto. También en descentralizar las políticas públicas de vivienda promoviendo su municipalización a través de diferentes mecanismos con los que dar respuesta a las diferentes realidades de los municipios y en impulsar la labor de las entidades sin ánimo de lucro que realizan funciones de inserción de colectivos vulnerables ejerciendo los derechos de adquisición preferente a su favor.

La idea, así mismo, es implementar un control reforzado de las transmisiones de viviendas sujetas a los derechos de adquisición preferente y mejorar los sistemas de colaboración y comunicación con organismos y funcionarios públicos.

Además, el Decreto-ley persigue la descentralización de las políticas de vivienda y su municipalización. Para ello, se ha propuesto impulsar la actuación conjunta y coordinada de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana en materia de vivienda sobre la base de la colaboración y el apoyo mutuo. También promover la creación o ampliación del parque público de vivienda municipal, asegurar una gestión más eficiente y de proximidad del parque público de viviendas de la Generalitat gracias a la participación de los municipios en la misma e identificar las demandas y necesidades de la población de manera más precisa incentivando la participación de los municipios en la identificación de dichas necesidades en el delimitado de las áreas de actuación de ámbito territorial.

Las medidas para hacer efectiva dicha descentralización se basarán en la cesión de los derechos de adquisición preferente a favor de los municipios que estén interesados para la creación o ampliación del parque público municipal de viviendas, en el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a favor del municipio que lo solicite para la creación o ampliación del parque público municipal de viviendas, en la cesión del uso de las viviendas titularidad de la Generalitat a favor de los municipios para su gestión y en la participación de los municipios en la delimitación de las Áreas de necesidad de Vivienda (Áreas ANHA) de su ámbito territorial.

La norma marca un antes y un después para dar respuesta a las demandas de vivienda de la sociedad civil valenciana, en cuanto que prevé ampliar de manera urgente e inmediata la oferta de vivienda pública en la Comunitat Valenciana.  Permitirá construir una red de vivienda pública permanente que asegure el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda en la Comunitat Valenciana.  Se podrá hacer frente a las transmisiones masivas de viviendas y a aquellas que hubieren sido adquiridas como consecuencia de procedimientos de realización patrimonial en las Áreas de Necesidad de Vivienda y responder a la múltiple demanda de vivienda de la sociedad civil valenciana, así como atender a las necesidades y realidades particulares de personas y familias en situación de vulnerabilidad y de las entidades sin ánimo de lucro que realizan funciones de reinserción.

Se contemplan mecanismos tales como el impulso y consolidación del ejercicio de los derechos de adquisición preferente por las distintas administraciones públicas de la Comunitat Valenciana como medio de ampliar con carácter urgente la red de vivienda pública. También la inclusión, por primera vez en la Comunitat, de la calificación permanente de vivienda pública, lo que supone la incorporación al régimen de protección pública de toda edificación, vivienda o suelo residencial adquirido por la Generalitat, a todos los efectos y sin límite temporal y la intervención de la Generalitat en las transmisiones denominadas singulares cuando se refiera a las viviendas ubicadas en las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), pudiendo ejercitar los derechos de tanteo y retracto respecto de estas viviendas.

Se establece, por último, la posibilidad de ejercer de los derechos de adquisición preferente a favor de entidades sin ánimo de lucro y de adjudicar de las viviendas adquiridas tanto en propiedad como en régimen de arrendamiento, previéndose, así mismo, las adjudicaciones por razones de emergencia o las que se realicen a favor de las personas que tuvieran consolidado un derecho subjetivo.

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