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Política

"El gran objetivo es tumbar al Gobierno de Coalición y contra eso vale cualquier estrategia"

Entrevista de Sara Serrano a Pablo Elorduy a raíz de su último artículo sobre los mecanismos del "Estado profundo"

Pablo Elorduy
Pablo Elorduy, periodista de El Salto. Foto: David F. Sabadell

2 de Junio de 2020- Pablo Elorduy nació en Madrid en 1978 y estudió historia del arte. En la actualidad, es redactor y parte del equipo fundador de El Salto.

A raíz de su último artículo, hablamos con él de las distintas dimensiones del Estado profundo - judicatura, fuerzas de seguridad y sus ramificaciones en medios de comunicación y Consejos de Administración de grandes empresas - y de cómo operan políticamente.

 

Comienzas tu último artículo en El Salto, 'Estado profundo', relatando la centralidad de los aparatos del Estado en la vida política de los años 90. ¿Qué tienen en común esos años de transición entre el felipismo y el aznarismo con el momento actual?

El relato feliz que se hizo de los noventa ha permeado. Pese a que hubo una crisis económica y un cambio de Gobierno, de lo que más nos acordamos es de la Expo y las Olimpiadas. Pero es una época trascendental en la que Aznar renuncia a la regeneración política con la que se había aupado (la lucha contra casos de corrupción como los GAL o Filesa) a cambio de ganar legitimidad en ciertos círculos empresariales y del Estado secreto.

Yo creo que en los años 90 están algunos elementos clave para entender nuestro presente: por un lado el tratado de Maastricht en la Unión Europea; por otro lado la apuesta por un sector empresarial afín, el "turbocapitalismo de amiguetes", que se hace con las grandes empresas privatizadas; y por último esa continuidad que en los servicios secretos se expresa en forma de que nada cambie.

 

Los orígenes del concepto de Estado profundo o Estado dentro del Estado, se remontan a la antigua Grecia, donde se origina el término κράτος ἐν κράτει, que posteriormente fue traducido por el Imperio romano como «imperium in imperio» o «status in statu». ¿Qué es el Estado profundo hoy en España?

Hablamos de Estado profundo en la medida en que funciona lo que podíamos llamar un partido único que no permite que las instituciones se salgan de ciertos carriles. Esto podría tener algún sentido en una serie de decisiones estratégicas, que estaría bien que se consensuasen. Pero cuando genera un pensamiento único en la economía o en la securitización del Estado estamos ante un déficit democrático importante.

Por otro lado, remitiéndome al trabajo del sociólogo Rafael Fraguas, es importante hablar de la tensión que existe entre la publicidad que se da a los actos de un Gobierno y el secretismo que los envuelve. Cuando el poder se ampara en el secreto para llevar las riendas del Estado, está hurtando a la ciudadanía información sobre lo que está pasando y por tanto, capacidad de decisión. Esto se traduce en que tengamos una ley de secretos oficiales, que permite que haya secretos que nunca prescriban, que no se ha revisado desde 1968. Decía la periodista Pilar Urbano, que no es precisamente de izquierdas, que en España no se desclasifica ni el papel higiénico. Y esto es un poco en lo que estamos.

 

El lawfare, o el golpe blando a través de mecanismos judiciales, jugó un papel crucial a la hora de desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina. A los pocos días de la investidura de Pedro Sánchez, el reputado jurista Joaquín Urías, advertía de que "está empezando una fase de guerra judicial" en España. El último episodio de esta estrategia es la investigación con la que la jueza Rodríguez Medel busca responsabilizar al Gobierno de la expansión del covid-19 por permitir la manifestación del 8M. ¿Cuáles son los objetivos de esa estrategia de lawfare contra el Gobierno?

El objetivo final es recuperar en la medida de lo posible todos los resortes del poder, descabezando primero a Podemos y posteriormente a Pedro Sánchez. Y para esto las herramientas pueden ser cualquiera si el objetivo está claro. La funcionalidad de los juzgados obedece a la composición de clase de una judicatura que, salvando algunas excepciones más o menos progresistas, es favorable para la consecución de esta tarea.

Por otro lado, la judicialización de iniciativas políticas no es nueva, lo que pasa es que ahora está afectando a un Gobierno en ejercicio. Casos como el del Procés, que posiblemente se revise en Europa, o el de Alsasua ponen sobre la mesa muchas dudas sobre la relación entre los atestados policiales y las decisiones finales de los magistrados.

 

Decía Juan Luís Cebrián hace más de una década en unas jornadas sobre periodismo y literatura que "el periodismo nace en las cloacas y las buhardillas". ¿En qué consiste la dimensión mediática del Estado profundo en este proceso de persecución política?

El secreto y lo que antes se llamaban "los dossieres" sobre políticos juegan un papel muy importante para los medios de comunicación, para la clase política y, eventualmente, para la judicatura. Precisamente en los años 90 se dieron esas guerras de dossieres en las que se atacaba desde los medios de comunicación a los objetivos políticos de parte. Para la prensa utilizar munición política es muy goloso. Aunque a veces da la sensación de que las batallas se producen en el nivel interno, como con el caso del vídeo de Cristina Cifuentes robando las cremas.

Pero hay una pregunta clave sobre las fake news, sobre los bulos y sobre los bots que creo que no se responde suficientemente: ¿De dónde viene el dinero, quién paga y cómo se organiza todo ese ejército de bots para el desprestigio y la difusión de la mentira? El problema de las fake news es quién las financia. Hay que ver a quién beneficia, pero sobretodo quién lo ha pagado. Esto creo que a los partidos políticos no les interesa tenerlo lo suficientemente presente, porque hay una parte de todo esto que les beneficia.

 

En este sentido que apuntas, el falangista y director del diario “Pueblo”, Emilio Romero sostenía que la derecha, para ganar unas elecciones tenía que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defendía los intereses de doscientas familias y eso no daba votos suficientes. ¿A quién son funcionales los bulos y fake news?

Pues principalmente a quién más dinero ponga. ¿Y quién tiene más dinero? Las grandes empresas. Pero más que una marca que no va a querer manchar la reputación de su nombre, esto funciona individualmente y por circuitos a los que nosotros no tenemos acceso. Vendría a ser una especie de "cuaderno de Bárcenas" en el que se estableciera quién está pagando para la difusión de determinados mensajes. Y como en el caso de los papeles de Bárcenas, quienes hayan pagado no tienen por qué ser los mismos que los que salen beneficiados, pero sin duda tienen intereses comunes.

 

Si bien los poderes no electos ya habían ensayado el uso de cloacas y la guerra de dossieres contra Unidas Podemos, hasta ahora, este no era el caso del PSOE. ¿Qué ha pasado para que Grande-Marlaska, uno de los ministros mejor valorados por la derecha y buen conocedor de los aparatos del Estado, acabe siendo una víctima propiciatoria de la estrategia de la policía judicial?

Hay una frase de Karl Marx que dice que "el Estado es el Consejo de Administración de la burguesía". En este sentido, que Pérez de los Cobos, desde la estructura del Estado, haya ido en contra de Marlaska no tiene nada que ver con lo personal. Recordemos que Marlaska ha hecho un juicio oral a los dirigentes de El Jueves por meterse con el rey y ha juzgado a jóvenes de Segi siguiendo la famosa teoría del entorno de ETA. Es decir, Marlaska es uno de los suyos, lo que pasa es que ha dejado de ser útil. Ahora el gran objetivo es echar a Sánchez y tumbar al Gobierno de Coalición y contra eso vale cualquier estrategia. Quieren volver al sistema de partido único con quien sea: vía un gobierno de concentración, con la vuelta de Aznar, con Pablo Casado con técnicos y el aval de ciertos socialistas... lo que sea.

Estamos viviendo, no sólo una crisis de la representación política, sino un profundo conflicto de intereses dentro de la maquinaria del Estado que no tiene parangón en el S.XXI. Una crisis que se intentó solventar con la abdicación del Rey Juan Carlos, pero que sigue coleando a día de hoy. En este sentido, el caso Villarejo es una muestra de una serie de conflictos intestinos entre distintas figuras que han acumulado muchísimo poder dentro del Estado profundo.

 

La reacción de las organizaciones empresariales a la derogación de la reforma laboral, al Ingreso Mínimo Vital o a la propuesta de Unidas Podemos de un impuesto a las grandes fortunas no se ha hecho esperar. ¿En qué se concretan las ramificaciones de las cloacas del Estado en los Consejos de Administración de las grandes empresas?

El modelo del "turbocapitalismo" sigue vigente. Poniendo en cuarentena que haya grandes empresas que no partan del franquismo, hay una continuidad que parte de la dictadura y que se fue cimentando con la ley de liberalización de Rato y Aznar.

Esto se traduce en que las empresas han estado comodísimas, con una legislación laboral a medida que ha generado trabajadores interruptor que se podían enchufar y desenchufar cuando se quisiera y un trabajo reproductivo no remunerado. Ahora ven que una crisis política con muchísimos factores y las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del Coronavirus, amenazan sus privilegios. Por eso mueven todas las fichas que tengan que mover.

 

Antes de la Revolución Francesa, se produjo la conocida como "Revuelta de los Privilegiados" en respuesta a la amenaza de Luís XVI de hacer una reforma fiscal que obligase a pagar impuestos a las grandes fortunas. Las últimas semanas, hemos visto como se conjugaba una escalada de una retórica golpista en el Parlamento – con Cayetana Álvarez de Toledo, reivindicando la legitimidad de la dictadura franquista acusando a Pablo Iglesias de ser "el hijo de un terrorista" o el diputado García Egea sugiriendo la insubordinación de la Guardia Civil ante decisiones "injustas" – con la derecha más reaccionaria saliendo a la calle para pedir la destitución del Gobierno. ¿Estamos ante una revuelta de los privilegiados 2.0?

Del mismo modo que Bolsonaro es la sucursal de Trump en Brasil, Vox es su sucursal en España y como tal, el partido de Santiago Abascal, utiliza las mismas técnicas que el presidente norteamericano. En ese caso, lo que pasó en Núñez de Balboa es un reflejo de cómo se está utilizando políticamente el miedo del hombre blanco privilegiado y de los rentistas que se verían afectados por una reforma fiscal ambiciosa o una reforma del mercado del alquiler.

Sin embargo, existe una tensión de fondo entre los multimillonarios y entre una "clase parasitaria" que posiblemente no mide suficientemente sus fuerzas en relación a las grandes fortunas. En ese sentido, resulta revelador una cosa que leía hace un par de días: los inversores brasileños están sacando dinero a espuertas del país. Es decir, que un Gobierno trumpista como el de Bolsonaro gestionando la crisis del coronavirus, también da miedo al neoliberalismo real y a las grandes fortunas. Ver como el neoliberalismo se despega, o no, de su pulsión fascista es lo que veremos en los próximos años.

Esta es también una de las claves por las que en esta ocasión la Unión Europea está respondiendo de una manera "más social" a la crisis económica que se nos viene. El miedo al fascismo es un posible vehículo para el interés de las clases capitalistas.

 

Al hilo de lo que dices, en una entrevista reciente, situabas dos posibles concreciones de esta retórica golpista en el horizonte: Una intervención europea en forma de Memorándum y recortes, como en la Grecia de SYRIZA de 2015, o la imposición de un Gobierno tecnócrata, a lo Mario Monti en 2011 en Italia. Sin embargo, a diferencia de en la crisis de 2008, hay un cierto repliegue de las posiciones neoliberales y algunas declaraciones de la tecnocracia europea invitan a pensar que hoy no es posible actuar aplicando las mismas recetas que durante la crisis financiera...

La clave es ver qué tipo de ajuste pide la Unión Europea a condición del dinero que transfiera a España para hacer frente al problema de liquidez que va a tener el Gobierno. Cualquier cambio de Gobierno en España va a tener que estar avalado por la Unión Europea.

Aunque todas las profecías tienen algo de arbitrario, una posibilidad sería conseguir imponer la imágen de que Pedro Sánchez es un presidente bolivariano y, en lugar de un caudillo, plantear a alguien con un perfil técnico, un hombre de negro. Eso es lo que pasó en Italia, donde se deshicieron de Silvio Berlusconi y fueron a por una figura que en teoría no era de izquierdas ni de derechas, a pesar de estar completamente alineado con el consenso neoliberal.

La posibilidad de un golpe de Estado en términos clásicos es ciencia ficción, de lo que nos tenemos que preocupar es de los llamamientos a la tecnocracia y a los gobiernos de concentración, que a fin de cuentas buscan apuntalar el estado único de pensamiento en el que no hay otra posibilidad que el consenso neoliberal.

 

 

 

 

 

 

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