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Política

El juez Escalonilla, Carmena, Vox y Podemos

En 2018 archivó un caso abierto por comentarios incitadores al odio, entre otros contra la exalcaldesa de Madrid, y amenazas de muerte y ahora admite al partido ultraderechista como acusación popular en una causa abierta contra Podemos en la que el denunciante no aporta ninguna prueba contra la formación morada

El juez Escalonilla, Carmena, Vox y Podemos

El juez de instrucción Juan José Escalonilla está estos días en el centro de la polémica por su doble rasero. En 2018 archivó un caso abierto por comentarios incitadores al odio y amenazas de muerte y ahora admite al partido ultraderechista Vox como acusación popular en una causa abierta contra Podemos en la que el denunciante no aporta ninguna prueba contra la formación morada.

“Los comunistas tenéis los días contados” o “por 3.000 nos lo quitamos de encima, un rojo chillón menos”, dijo un policía municipal de Madrid. “Hay que comenzar con las cacerías de guarros. Panda de hijos de la gran puta, los moros y los que los defienden”, dijo otro. Y un tercero abogó por incrustarles “casquillos vacíos en la nuca a martillazos”. Ocurrió en un grupo de WhatsApp, de más de cien miembros y en principio dedicado sólo a compartir información sobre reivindicaciones laborales, en el que dos de esos agentes llegaron a intercambiar loas a Adolf Hitler: “Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es Dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando”, escribió uno junto a una foto del líder nazi; “eso es un señor, de los pies a la cabeza”, respondió otro. Y dijeron de la entonces alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, que “es terrible que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros” o que “la verdad es que yo me alegraría si sufriera un accidente y tuviera una muerte agónica. No creo que merezca otra cosa”. O se refirieron así a los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras: “Ojalá sea ella una de las víctimas la próxima vez. Ella y el indeseable de su marido” y “que tenga una muerte lenta y agónica”.

La investigación a los tres policías se inició a raíz de que uno de los agentes del grupo de WhatsApp denunciara a otro por un delito de amenazas y de que ‘eldiario.es’ publicara el contenido del chat. Los tres agentes denunciados fueron suspendidos por el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Carmena –que les retiró la placa y la pistola–, pero el nuevo equipo de gobierno de PP y Cs los devolvió a sus puestos hace un año. La razón esgrimida: que la Justicia había archivado definitivamente la causa penal, y es que el mismo juez instructor que primero entendió que los comentarios, “ciertamente xenófobos e incitadores al odio”, no se habían realizado en un foro privado sino en un grupo de WhatsApp de más de cien miembros, después entendió que sí, que se habían realizado en un foro privado, en referencia al mismo grupo de WhatsApp. La Justicia también consideró que las amenazas de un agente a otro –“cuidadito conmigo, que no llegas ni a la jubilación anticipada que tanto añoras”, llegó a decirle– fueron “meros exabruptos”.

Escalonilla, el juez que archivó el caso, ha admitido ahora a Vox como acusación popular en una causa contra Podemos que investiga una supuesta malversación de fondos públicos por parte de la formación morada, y lo ha hecho sin fijar para el partido ultraderechista la fianza habitual en estos casos –“el particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio”, establece el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, que se impone como criba para limitar el número de miembros de esa acusación.

Acusación sin pruebas

La causa contra Podemos se ha abierto a raíz de la denuncia de un exabogado de la formación morada, José Manuel Calvente, que –tras ser despedido de Podemos el pasado mes de diciembre por supuesto acoso sexual y laboral a otra abogada de Podemos– acusó sin pruebas a la formación morada de diversos delitos; primero lo hizo en varios medios de comunicación –la exclusiva se la concedió a Esteban Urreiztieta, subdirector de ‘El Mundo’, de quien los servicios jurídicos de Podemos ya habían pedido que declarara como imputado en el ‘caso Tandem’ por su supuesta “colaboración activa” con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, vinculado a las cloacas del Estado, para difundir en medios de comunicación informaciones falsas contra la formación morada–, después con una denuncia en la Guardia Civil y finalmente, este miércoles, con una declaración telemática ante Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid. Tras esa declaración de Calvente –que no ha aportado ninguna prueba de sus acusaciones–, el juez ha citado a declarar como investigados a varios miembros de Podemos.

Fuentes de Unidas Podemos han denunciado que Escalonilla está realizando “una investigación prospectiva”, es decir una forma de investigar que “consiste en practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación” y que está “prohibida y sancionada en los estados de derecho”, pues pretende acreditar desde el principio la culpabilidad de determinadas personas preseleccionadas, en vez de practicar diligencias sobre hechos –no sobre personas– para concluir si existen o no responsabilidades.

Prácticamente desde su fundación en 2014, Podemos ha sido acusado en diversas ocasiones de delitos por los que la Justicia no ha podido condenarlo pero que han suscitado una gran atención mediática. Según ha destacado ‘Público’, la Justicia ha archivado desde 2015 hasta 14 querellas contra la formación morada y sus miembros: desde una acusación de blanqueo de capitales, a través de la Fundación CEPS, en la que se apuntó contra Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, hasta supuestos delitos societarios de Juan Carlos Monedero, pasando por diversas acusaciones de financiación ilegal con fondos procedentes de Venezuela. Todas ellas fueron archivadas.

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