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Opinión

El piloto narcotraficante de Álvaro Uribe

Las cartas boca arriba

Un piloto narcotraficante manejaba el avión de Álvaro Uribe en sus desplazamientos durante la campaña electoral para el Senado.

Samuel David Niño Cataño, piloto del Cártel de Sinaloa, fue uno de los invitados especiales en la toma de posesión de Iván Duque como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2018. El candidato del uribismo utilizó al mismo aviador en su campaña presidencial.

Samuel David Niño Cataño, piloto del Cártel de Sinaloa.

Un año después ese piloto se estrellaba en Guatemala con un avión cargado de cocaína cuando volaba en la ruta utilizada por el Cártel de Sinaloa para transportar la droga colombiana hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México.

Ahora sabemos que Niño Cataño era al mismo tiempo piloto del Cártel de Sinaloa y de los presidentes de Colombia Álvaro Uribe e Iván Duque. Lo ha denunciado el investigador Gonzalo Guillén que recibió el Premio Rey de España de Periodismo, trabajó para el Miami Herald y es columnista del periódico colombiano La Nueva Prensa.

Cuando el uribismo intentó negar la vinculación con el piloto narcotraficante, La Nueva Prensa publicó fotografías del aviador con Uribe y Duque. En la que reproducimos se ve a Uribe en el interior del avión con su piloto en primer plano.

La denuncia de Guillén añade que Llanera de Aviación, la compañía para la que también trabajaba Niño Cataño, consiguió contratos irregulares con la Aeronáutica Civil de Colombia bajo la presidencia de Duque.

Álvaro Uribe es el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de fraude electoral, de terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares, de recibir financiación del narcotráfico para su candidatura presidencial, de sobornar a parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los servicios secretos en una policía política, de asesinar a indigentes como si fueran combatientes de la guerrilla, de espiar y hostigar a los magistrados de la Corte Constitucional y Suprema, a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, de violar la soberanía nacional por poner las bases militares de Colombia a disposición de Estados Unidos sin la aprobación del Parlamento y de agredir a sus vecinos, Venezuela y Ecuador, con operaciones clandestinas del ejército y de la policía.

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