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Política

El plan de Sánchez e Iglesias: un acuerdo de reconstrucción que proteja los derechos sociales

El Gobierno de Coalición llama a un pacto basado en la dimensión social de la Constitución que proporcione seguridad a la ciudadanía y trace la hoja de ruta para salir de la crisis del coronavirus

U.H.- El Gobierno de Coalición busca cerrar un amplio pacto económico y social para la reconstrucción del país tras la crisis provocada por el coronavirus. La intención del Ejecutivo es aglutinar el máximo de fuerzas posibles –partidos, sindicatos, empresarios y gobiernos autonómicos– en torno a los derechos sociales que emanan de la propia Constitución. El plan se enfrenta a resistencias de la derecha y los grandes empresarios.

El Ejecutivo, en todo caso, considera que el texto constitucional, en su dimensión más social, puede y debe servir de mínimo común denominador para que todos los sectores se sientan representados e implicados en hoja de ruta que marcará la salida a esta situación. Por eso ha decidido tender la mano a las diferentes fuerzas políticas, a los agentes sociales y al resto de administraciones, con el fin de intentar cerrar un gran acuerdo.

Sánchez e Iglesias llevan varios días dando forma a este plan, y este jueves el Presidente lo anunció en el Congreso. Sánchez subrayó que “todos quienes estén dispuestos a arrimar el hombro” están “invitados” a rubricar un pacto que, bajo el paraguas de la Constitución, entendida esta “en toda su amplitud”, dé respuesta a los desafíos presentes y futuros. Para ello, anunció la convocatoria de una primera reunión la próxima semana.

“La defensa de lo público y lo común, y una Europa social y solidaria, representan hoy el interés general”, apuntó, por su parte, el vicepresidente Pablo Iglesias, que en los últimos meses ha apelado a la Constitución española para apuntalar la defensa de los principios básicos que deben guiar la respuesta a la crisis: una fiscalidad progresiva, salarios dignos y la garantía de derechos como la vivienda. Es decir, el interés general por encima de los intereses particulares.

El Gobierno de Coalición considera que los principios del constitucionalismo democrático siguen vigentes y que esos artículos se introdujeron en la Carta Magna, precisamente, para proteger los derechos de la ciudadanía ante una crisis. El Ejecutivo quiere trazar un plan a corto, medio y largo plazo que proporcione certidumbre a los españoles y dibuje una salida justa en lo económico y lo social. Lo contrario, argumentan, sería tan injusto como ineficaz para el país.

El plan de Sánchez e Iglesias, no obstante, se enfrenta a múltiples dificultades. La derecha y la extrema derecha se han embarcado en una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno, los empresarios del IBEX han expresado ya su descontento con las medidas sociales adoptadas, y Unidas Podemos se conjura para evitar un tercer riesgo: la tentación de Felipe VI de apropiarse de la iniciativa y transformar ese gran pacto social en una suerte de ‘acuerdo de la Zarzuela’, que sirva para tapar las corruptelas de la monarquía y sus cuentas pendientes con la Justicia.

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