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Política

El PP cometería fraude de ley al adelantar los plazos de inscripción escolar

La maniobra política a la que ha alentado Casado para no cumplir con la Ley de Educación en las Comunidades Autónomas donde gobierna el PP atentaría contra la legislación civil

PP fraude de ley educativa

Pablo Casado ordenaba a sus homólogos al frente de las Comunidades Autónomas adelantar los plazos de inscripción con el objetivo de burlar la nueva Ley educativa. A su vez, Isabel Díaz Ayuso ya anunciaba los nuevos intervalos por los que se regiría el calendario escolar en Madrid. Sin embargo, dicha ‘trampa’ incurriría en una vulneración de la legislación en materia civil, enfrentándose a un posible fraude de ley.

Si bien es cierto que la legalidad recoge un período de adaptación en su aplicación que les eximiría de consecuencias penales, la decisión adoptada por la corporación popular, basada en una profunda desobediencia política nunca antes vista respecto a las decisiones mayoritarias aprobadas en el hemiciclo, no estaría exenta de consecuencias.

“Es una actividad políticamente sediciosa de incumplimiento de la Ley”, señala un jurista consultado por LUH. El sabotaje, que fuentes parlamentarias califican como una decisión de “sinvergonzonería política”, ha sido señalado incluso en el Senado como un acto de “especial gravedad”.

Adelantar el calendario escolar para burlar la Ley

Los mecanismos legales a los que se acoge el Partido Popular responden a los plazos de adaptación que plantea la nueva Ley de Educación impulsada por el Gobierno de coalición. En ella, se refleja que dicha norma no será aplicable el primer año si la reserva de los centros se ha producido previamente a su entrada en vigor.

Este período ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a adelantar al mes de abril los plazos de inscripción, con sorpresiva celeridad, para cumplir con el objetivo emanado de la orden de Casado, burlando este primer año la aplicabilidad de la nueva legislación que actualmente se encuentra en trámite parlamentario para su aprobación en la Cámara Alta.

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