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Política

“El PP está bloqueando intencionalmente la renovación del CGPJ y, por tanto, incumpliendo conscientemente la Constitución”

Estas han sido las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para describir la situación por la que se han visto obligados a impulsar la nueva Ley que dará salida al secuestro del CGPJ por parte del PP

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Gürtel, Lezo, Nóos, Púnica o, la última en salir a la luz, la Operación Kitchen, son algunas tramas por las que el PP se ha ganado, por mérito propio, el pseudónimo de “partido más corrupto de Europa”.

Ser protagonistas de la primera moción de censura sacada adelante en la historia de la democracia española y de la pérdida de las consiguientes elecciones ha provocado un desarraigo accidentado del poder a un PP que se niega, todavía hoy, a asumir su derrota en las urnas. Pero no se dan, ni mucho menos, por vencidos.

Sus ‘vicios’ superan cualesquiera de las ‘virtudes’ que pretendan hallárseles. La realidad expone una evidencia: las legislaturas en las que la formación azul ha ostentado el poder, incluso a niveles regionales o locales, han querido disponer de los recursos de la Administración Pública como si fueran los propios. Así lo demuestra la sentencia firme que hace pocos días dictaba el Tribunal Supremo respecto a la Trama Gürtel.

Se entiende, claro, que un PP acorralado necesite salidas de emergencia. Se pueden imaginar, muy fácilmente, cuáles.

El secuestro del CGPJ

La formación azul, consciente de sus propios ‘tejemanejes’, debía garantizarse protección. Aunque eso supusiera ‘cocinar’ el Poder Judicial, independientemente de que se cargaran de un diestro plumazo un pilar básico de la democracia: la separación de poderes.

Por ello, su senador bandera, Ignacio Cosidó, negoció un CGPJ repartido de tal manera que lograran controlar con magistrados de su color las Salas en las que se abordan los temas para enjuiciar a diputados, miembros del Gobierno y senadores e ilegalizar partidos. Una hábil estratagema.

"Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. [...] Este reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas”, revelaba el propio Cosidó en sus polémicos mensajes de WhatsApp.

Ello ocurría a finales de 2018. La renuncia de Marchena como presidente del órgano debido a la filtración de dichos mensajes instantáneos dio como resultado una presidencia encabezada por Carlos Lesmes, quien fuera miembro de los gobiernos de Aznar, en una situación de interinidad. La jugada seguía siendo estupenda.

Nada cambia dos años después

Ante esta situación, un nuevo Gobierno, además, bicolor, fue instado por la Comisión Europea a darle solución por amenazante a la democracia. La coalición quiso abrir el debate y se encontró con un PP, personificado en Pablo Casado, cerrado en banda a negociarlo. Las normas que regían el CGPJ le amparaban.

No es ningún secreto: el sistema político español está pensado para el beneplácito del bipartidismo de turnos. Dichas reglas dictan que la renovación del Poder Juicial tiene que estar aprobada por el apoyo de 3/5 de la Cámara, algo que encuentra su lógica en el seno de los Gobiernos de mayorías absolutas. Lo mismo ocurre con la capacidad de nombrar vocales independientemente de la situación de interinidad. Total, no cabía en sus planes la irrupción, y con fuerza capacitadora de crear Gobierno, de otras opciones políticas en el hemiciclo.

Miradas benévolas con el sistema opinan que, de esta manera, ‘obligaban’ a los partidos mayoritarios a pactar con otros más pequeños. Otras, sin embargo, vaticinan la necesidad ideológica de establecer pactos entre las dos grandes corporaciones políticas hegemónicas. “Por el bien de España”, tal como expresaba en sus mensajes Cosidó.

Sin embargo, se toparon de bruces tras los procesos electorales de 2016, con una realidad diferente: un Parlamento multipartidista. Y no cabe aquí otra lógica, se necesitan nuevas normas por las que regirse.

El PP no se lo puede permitir. Es por ello que su máxima pretensión, aliados a los vocales que sus jueces han nombrado en el Órgano en funciones y a los medios de comunicación que les ‘blanquean’ la imagen, es naturalizar la situación de irregularidad del CGPJ y criticar el impulso de una Ley fruto de su bloqueo sistemático de diálogo.

Por las reglas del diálogo político, establecer en una mayoría absoluta la renovación de órganos tan importantes como el CGPJ auspician, por fuerza, un mayor debate, pluralidad y negociación. Garante, por tanto, de una mayor independencia entre poderes. Y sobre todo, protector con el Poder Judicial para un menor alcance de la ‘mano’ política.

Una Ley obligada

Al Gobierno de coalición ‘no le ha quedado otra’ que impulsar esta medida para frenar la bochornosa situación. Decía la ministra Irene Montero esta misma mañana: “Sobre la propuesta para desbloquear, se puede opinar, pero de lo que no hay duda es de que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios, creo, la mayoría [...], tenemos intención de cumplir la Constitución, y que el PP tiene la intención contraria. Incumplir explícitamente la Constitución porque quieren utilizar todas las herramientas a su alcance, constitucionales e inconstitucionales, para intentar ir contra este Gobierno”.

¿Seguirá el PP judicializando la política? Por el momento, debido al estado de los máximos órganos del Poder Judicial, pueden hacerlo.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. ricardo

    17 de octubre de 2020 14:13 at 14:13

    En el juego dialectico, para la prensa de derechas, la SER incluida, se trata de que el gobierno quiere politizar la justicia. Como si no lo estuviera. Como si no fuera imposible que algo social no este politizado. Otra cosa es la actitud prevaricadora, servil e injusta de los jueces que ha instalado el pp. Eso ya es inicuo, corrupcion pura.
    En españa, el lawfare es la tercera pata del poder de la derecha,(las otras, el empresariado y el ejercito con el rey) y no van a soltarla.

  2. Capitán Trueno

    17 de octubre de 2020 17:13 at 17:13

    Como ciudadano de a pie siento una impotencia terrible ante la sinrazón que se está viviendo en el Estado español debida al bloqueo, que dura ya más de dos años, de la renovación constitucional del CGPJ por parte del principal partido de la oposición, que utiliza la Ley y la Constitución para burlar a la Ley y a la Constitución, y a las maniobras efectuadas por la cúpula del mismo CGPJ, estando en funciones, y actuando como si no lo estuvieran, haciendo nombramientos, de por vida, para puestos en la judicatura que, mire usted por dónde, son los que se van a encargar de enjuiciar todos los casos aún pendientes de corrupción y demás delitos atribuidos al PP, por lo que, en mis cortas luces, me hago unas reflexiones.

    Vaya por delante mi total desconocimiento del funcionamiento de la Ley en este caso o de la posibilidad de aplicación o no de mi propuesta.

    Si la Constitución, en su artículo 122.3 dice ““El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.” y en ningún otro artículo del Título VI de la Constitución, dedicado al Poder Judicial, se indica nada relativo al funcionamiento posterior, se puede suponer que todo lo que se aparte de esos “cinco años” está fuera de la Constitución, o sea es inconstitucional.

    ¿No se puede interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional contra quien impide cumplir la Constitución? Y los nombramientos efectuados en situación inconstitucional ¿no son nulos de pleno derecho?

    Creo que si esto es posible sería una forma de volver a la senda constitucional y revertir los nombramientos nulos.

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