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Política

El PP y varios de sus ‘peces gordos’, condenados ya en firme por su vinculación directa con una trama corrupta

ndenados ya en firme por su vinculación directa con una trama corrupta

El Partido Popular y varios de sus ‘peces gordos’ de diferentes etapas han sido condenados ya en firme, por el Tribunal Supremo, por su vinculación directa con la trama corrupta Gürtel, liderada por Francisco Correa, condenado a 51 años de cárcel por muy diversos delitos, y Pablo Crespo, condenado a 36 años y ocho meses de cárcel, e integrada también por la administradora Felisa Isabel Jordán, condenada a 14 años y 11 meses de cárcel; el contable José Luis Izquierdo, condenado a 13 años y diez meses de cárcel, o el ‘cerebro financiero’ Luis de Miguel, condenado a nueve años y un mes de cárcel.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo –que ratifica en líneas generales la dictada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional sobre la primera época de actividades de la trama, de 1999 a 2005– contempla un total de 32 condenados –tres de ellos, como partícipes a título lucrativo–, entre ellos Correa y sus familiares y colaboradores y el Partido Popular y varios de sus ‘peces gordos’, así como familiares y colaboradores de los mismos. Concretamente, el PP ha sido condenado, como partícipe a título lucrativo de la trama –en la que mediaron sobornos a autoridades y funcionarios, se emitieron facturas falsas y se organizó un entramado de empresas para acceder a la contratación pública y para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su destino posterior, así como para ocultárselos a Hacienda–, a pagar 245.492,80 euros.

La sentencia determina que el grupo de Correa y miembros del Partido Popular establecieron una “estructura de colaboración estable” consistente en la “prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se tratara de actos electorales o de otro tipo”. Y que paralelamente establecieron un “auténtico y eficaz sistema de corrupción,  a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (comunidades autónomas y municipios gobernados por el PP)”.

Entre los numerosos ‘peces gordos’ del Partido Popular condenados por el Tribunal Supremo destacan Luis Bárcenas, Guillermo Ortega, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda o Ana Mato:

Gerente, tesorero y senador

Luis Bárcenas, gerente del Partido Popular de 1990 a 2008, tesorero de 2008 a 2009 y senador del partido de 2004 a 2010, ha sido condenado a 29 años y un mes de cárcel por muy diversos delitos. Su mujer, Rosalía Iglesias, ha sido condenada a 12 años y 11 meses de cárcel. Su colaborador Iván Yáñez ha sido condenado a un año y diez meses de cárcel.

Guillermo Ortega, afiliado a Alianza Popular en 1982 –con 15 años de edad– y alcalde del municipio madrileña Majadahonda por el PP entre 2001 y 2005, ha sido condenado a 40 años y tres meses de cárcel. La exjefa de Gabinete de Ortega en el Ayuntamiento, María del Carmen Rodríguez Quijano –exmujer de Rafael Correa–, ha sido condenada a 17 años y ocho meses de cárcel. La exmujer de Ortega, Gema Matamoros, ha sido condenada –como partícipe a título lucrativo– a pagar 45.066,66 euros. Juan José Moreno, exconcejal del PP en Majadahonda, ha sido condenado a 17 años y dos meses de cárcel. José Luis Peñas, también exconcejal del PP en Majadahonda, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel.

Alberto López Viejo, exconcejal del Partido Popular en el municipio madrileño de Alcobendas y en Madrid, ex diputado del partido en la Asamblea de Madrid y consejero del Gobierno del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2007, ha sido condenado a 27 años y diez meses de cárcel. Su mujer, Teresa Gabarra, ha sido condenada a un año y seis meses de cárcel. Su colaborador Pedro Rodríguez Pendás ha sido condenado a tres años de cárcel.

El ‘clan de Valladolid’

Jesús Sepúlveda, senador del Partido Popular de 1993 a 2003 y alcalde de Pozuelo de Alarcón por el PP de 2003 a 2009, ha sido condenado a 14 años y cuatro meses de cárcel. Su exmujer, Ana Mato –exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid, en el Congreso y en el Parlamento Europeo, dirigente del partido tanto bajo la Presidencia de José María Aznar como bajo la de Mariano Rajoy y ministra de Sanidad del Gobierno del PP de Rajoy entre 2011 y 2014–, ha sido condenada –como partícipe a título lucrativo– a pagar 27.857,53 euros. Tanto Sepúlveda como Mato formaron parte del ‘clan de Valladolid’, el grupo del PP más cercano a Aznar desde los años ochenta. También relacionado con el entorno de Aznar está otro de los condenados: el empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag –yerno del expresidente del PP y del Gobierno– y condenado a cinco meses de prisión.

La lista de condenados vinculados con el Partido Popular sigue con Carlos Clemente –exviceconsejero del PP en la Comunidad de Madrid–, condenado a siete años y nueve meses; Ricardo Galeote –exconcejal del PP en el municipio malagueño de Estepona–, condenado a seis años y seis meses; Jesús Merino –exdiputado en el Congreso y exsenador, condenado a tres años y siete meses de cárcel; Ángel Sanchís Perales –extesorero de Alianza Popular–, condenado a un año de cárcel, y su hijo Ángel Sanchís Herrero, condenado a nueve meses de cárcel; Roberto Fernández Rodríguez –exconcejal del PP en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón–, condenado a 11 meses de cárcel…

Según la sentencia del Supremo, la “estructura de colaboración estable” que establecieron el grupo de Correa y estos miembros del Partido Popular permitió que las empresas del grupo de Correa u otras empresas designadas por este, con el acuerdo y la colaboración de los citados cargos públicos del PP, “gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública”.

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