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Política

El Sindicato de Inquilinos lleva a los tribunales a Blackstone “por hacer firmar a cientos de familias contratos de alquiler abusivos”

Denuncia que el objetivo del fondo buitre es “subir los alquileres para aumentar beneficios, presionar al alza los precios y conseguir que se revaloricen sus activos”

El Sindicato de Inquilinos lleva a los tribunales a Blackstone “por hacer firmar a cientos de familias contratos de alquiler abusivos”
Miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, este miércoles en Madrid

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha decidido llevar a los tribunales al fondo buitre Blackstone “por hacer firmar a cientos de familias contratos de alquiler abusivos”, lo que “cambiará por completo el mercado de la vivienda” en España. Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa miembros del sindicato, que denuncia que quienes viven de alquiler sobre todo en grandes ciudades como Madrid no tienen “garantizado el acceso a una vivienda digna y estable” por cuestiones como las “subidas descontroladas del precio”, las “finalizaciones de contrato injustificadas” o las “expulsiones de los barrios”.

Los miembros del sindicato han denunciado que Blackstone ha iniciado en el mercado del alquiler una “contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados” en los que “el inquilino sólo tiene dos opciones: adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla”, una “forma de actuar que sólo pueden ejecutar los grandes especuladores de vivienda, con equipos de gestores que presionan e incluso amenazan a los inquilinos”. “Hoy las familias demandantes están sufriendo subidas del 100% de sus alquileres por parte de Blackstone”, cuyo objetivo es “subir los alquileres para aumentar beneficios, presionar al alza los precios y conseguir que se revaloricen sus activos”, para lo que “empleó diversas trabas para que los inquilinos y las inquilinas renovasen sus alquileres con contratos que incumplen la ley”, pues “están plagados de cláusulas abusivas, incluso en promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, con una fórmula de contratación poco transparente y con multitud de renuncias a derechos”.

“Ante la amenaza que los fondos buitre suponen, tomamos la iniciativa para sentar estas prácticas y a sus responsables ante la Justicia”, han advertido los miembros del sindicato, que esperan obtener una sentencia judicial que dictamine “qué cláusulas son abusivas y no podrán volver a usarse más en un contrato con una SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria)”. “Esta acción judicial también debe servir para que el Gobierno tome conciencia de la situación y tenga la valentía política de adoptar una batería de medidas que pongan coto a este tipo de prácticas: debe regular el precio de los alquileres y debe hacerlo ya”, han añadido.

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