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Política

El Tribunal Supremo podría adoptar la causa de Juan Carlos I para que pueda acogerse a sus privilegios en España

La decisión de la Fiscalía del Supremo de asumir la investigación contra Juan Carlos I, causa que hasta ahora lideraba un fiscal de Ginebra, también tiene una posible lectura en clave de blindaje.

La derecha española lleva décadas defendiendo a ultranza a la monarquía y blindándola ante los sucesivos escándalos del rey. La decisión de la Fiscalía del Supremo de asumir la investigación contra Juan Carlos I por el posible blanqueo de las comisiones que habría recibido del AVE a la Meca, causa que hasta ahora lideraba un fiscal de Ginebra, también tiene una posible lectura en clave de blindaje.

Juan Carlos I ha regresado estos días a la primera plana de todos los medios. Pese a que abdicó en 2014, el antiguo jefe del Estado sigue rodeado por multitud de escándalos que, periódicamente, afloran a las portadas. El último está relacionado con el supuesto cobro de comisiones millonarias en el AVE a La Meca y el blanqueo de esos fondos, asunto que hasta ahora investigaba un fiscal suizo y que la Justicia española, pese a que le dio carpetazo en 2018, ha decidido asumir ahora: Anticorrupción ya ha solicitado información a Ginebra y la Fiscalía del Supremo ha anunciado que se queda con la causa.

Entre los asuntos que deberán esclarecerse están los tejemanejes del ‘rey emérito’ en relación con la construcción del AVE a La Meca, adjudicado a empresas españolas, y el presunto cobro de comisiones ilícitas a través de fundaciones como Lucum. En las cuentas de esta entidad, radicada en Panamá, Juan Carlos I habría recibido 100 millones de dólares en concepto de “donación” por parte de Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, por aquél entonces rey del criminal y perverso régimen de Arabia Saudí. Felipe VI, hoy jefe del Estado, figuraba también como potencial beneficiario de esos fondos.

En manos de la Justicia también están diversos documentos que apuntan a que Juan Carlos I habría recibido 1,9 millones adicionales del rey de Bahréin. Los fondos que el monarca español pudo acumular a lo largo de su reinado son incalculables, pero basta un dato para intuir la magnitud de la fortuna que amasó: la investigación señala que, en 2012, 65 millones euros fueron a parar de las cuentas de Lucum a su ‘amiga’ Corinna Larsen. Por todas estas maniobras que, por supuesto, habrían sido ejecutadas al margen del control de Hacienda, se investigan posibles delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales. Pero, pese a la gravedad de los hechos y a la acumulación de indicios, el monarca afronta la investigación desde una situación de privilegio, gracias a los sucesivos pasos que se han dado para blindarlo.

El blindaje al antiguo jefe del Estado se hizo más evidente tras su abdicación el 19 de julio de 2014, un acontecimiento histórico y sobrevenido que carecía de la correspondiente regulación en el marco jurídico. En otras palabras: nadie había previsto qué pasaba con un rey vivo que dejaba de ser rey. Así pues, el PP –el Gobierno– y el PSOE –en manos de un Rubalcaba que retrasó su retirada de la política hasta dejar este asunto resuelto– se pusieron manos a la obra y rápidamente aprobaron una Ley Orgánica que articuló el acceso al trono de Felipe VI, pero que dejó en el aire cuestiones que ahora podrían ser determinantes, como el papel que pasaba a jugar Juan Carlos I y los privilegios que disfrutaría como rey jubilado.

En unas pocas semanas, el PP reformó además la Ley Orgánica del Poder Judicial a toda prisa. Gracias a su cómoda mayoría absoluta y entre críticas de toda la oposición, los populares impusieron que son aforados ante el Supremo no sólo el jefe del Estado, sino también “la Reina consorte o el consorte de la Reina, los reyes abdicados y el Príncipe o Princesa de Asturias”. En definitiva, una reforma a la carta para garantizar a Juan Carlos I que, aunque había dejado el trono, no iba a perder sus privilegios.

En este punto, surge una duda razonable: si el aforamiento está concebido como un mecanismo que trata de asegurar la independencia institucional de aquellos sobre los que recae, ¿qué tipo de funciones de esta índole ejerce hoy Juan Carlos?, ¿qué artículo o ley le otorga algún papel relevante en el funcionamiento de nuestro sistema político e institucional?, ¿qué lógica le hace merecedor del fuero?

Son muchos los juristas que consideran que, tras el fin de su reinado, Juan Carlos I no sólo habría perdido la inviolabilidad que establece el artículo 56 de la Constitución –mediante el que el constituyente de 1978 reafirmó la superioridad de la Corona y su falta de responsabilidad en el ejercicio de sus actos– sino que también habría dejado de gozar de la inmunidad que, en el marco del derecho internacional se otorga a los diferentes Jefes de Estado, de acuerdo con la doctrina especializada en la materia.

Pese a que algunos defiendan lo contrario, parece más coherente afirmar que desde el momento en el que se deja de ser rey se pierde dicha posición preponderante y que, en consecuencia, decae la prohibición de investigar y juzgar las conductas ilícitas realizadas durante y después de su reinado derivadas de sus actos privados o particulares, como sería el caso del blanqueamiento continuado de aquellas comisiones del AVE.

Así las cosas, ante el peligro de instituciones extranjeras investiguen lo sucedido, no sería de extrañar que la Justicia española hubiera reclamado el control de la investigación a Juan Carlos I para continuar desempeñado ese papel protector que, durante años, ha ejercido un sector de la política española y el propio poder judicial: es mejor curarse en salud y que la instrucción y la investigación de los hechos quedan en manos de colegas y afines que permitan a la postre apuntalar el régimen del 78 y continuar con la estrategia de blanqueamiento de la dinastía borbónica.

En este sentido, basta recordar que Diego de Egea, primer instructor del Caso Villarejo, archivó esta misma causa en 2018 y desechó las grabaciones que podían implicar a Juan Carlos I en operaciones fraudulentas. En esos audios, la propia Corinna llegaba a señalar que el monarca era “incapaz de distinguir lo legal de lo ilegal”. Casualidad o no, los tribunales españoles sólo se han interesado nuevamente por este asunto tras los avances en la investigación del fiscal de Ginebra.

Ahora está por ver si la Fiscalía procede contra el monarca en el Supremo, un tribunal sobre el que pesan numerosas acusaciones de politización y que es el superior en todos los órdenes, por lo que una eventual absolución no podría ser recurrida –salvo en el improbable caso de que se considerase vulnerado algún derecho fundamental y pudiera acudirse al Tribunal Constitucional–.

A la vista de todos estos hechos, y aunque la competencia de los tribunales españoles para investigar a Juan Carlos I puede apoyarse en elementos como su propia nacionalidad, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Están los órganos judiciales españoles viéndole hoy las orejas al lobo?, ¿se trae la causa al Tribunal Supremo por el temor de que el rey emérito sea procesado como cualquier otro ciudadano y sin privilegio alguno más allá de nuestras fronteras?

Algo parece indicar que las cosas van a transcurrir por estos derroteros y que, pese a la lentitud para facilitar información de otros países y la opacidad con la que operan paraísos como Suiza, cuestiones que obstaculizar la obtención de datos bancarios relevantes, las cosas se están poniendo feas para la Casa Real. Tras anunciar Felipe VI la renuncia a la herencia de su padre, éste ha contratado los servicios de Javier Sánchez-Junco Sanz, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional (responsable del procesamiento de Mario Conde en el escándalo de Banesto) y conocido por contar con una cartera de clientes interesantes. Entre otros, ha sido el defensor de Emilio Botín o Javier López Madrid, marido de Silvia Villar-Mir y más conocido por ser el famoso ‘compiyogui’ de la reina Leticia. Todo queda en casa.

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