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Política

En marcha la desactivación de la ley mordaza del PP

El bloque de investidura ya trabaja en su reforma, con el rechazo expreso sólo de PP y Vox

En marcha la desactivación de la ley mordaza del PP

El pasado mes de julio, se cumplieron cinco años de la entrada en vigor de la denominada ley mordaza –Ley de Seguridad Ciudadana–, con la que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy intentó sofocar el ciclo de movilizaciones populares, contra los desahucios y recortes sociales o contra los rescates a la banca, que arrancó con la crisis de 2008. Conscientes de que lo que ha favorecido los grandes avances sociales de la historia es precisamente las movilizaciones de masas, cientos de organizaciones unieron sus fuerzas en julio para reclamar la derogación de la ley mordaza, y es que más de cinco años y más de 400 millones de euros en sanciones –por “faltar al respeto” de policías, por fotografiar antidisturbios mientras cargan contra manifestantes o por “obstruir a la autoridad” haciendo resistencia pacífica para paralizar de un desahucio– después, la ley mordaza no sólo sigue vigente sino que su aplicación ha aumentado considerablemente con motivo de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

El Pleno del Congreso apoyaba el pasado 29 de septiembre dar cumplimiento al pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos –que manifiesta expresamente “aprobaremos una nueva ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la ley mordaza, para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica” y que esa nueva ley “verá la luz a la mayor brevedad”, estará basada en “una concepción progresista de la seguridad ciudadana” y priorizará “la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía”– y tramitar la reforma de la ley, en la que el bloque de investidura ya está trabajando, con el rechazo expreso sólo del PP y del partido ultraderechista Vox. Y el pasado 19 de noviembre, el Pleno del Tribunal Constitucional declaraba –aunque por el momento sólo consta un comunicado y no la sentencia– la inconstitucionalidad del punto 23 del artículo 36 de la ley mordaza, que tipifica como infracción grave, es decir sancionable con entre 600 y 30.000 euros, “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. interpreta q es el uso de las imágenes (publicaciones ilicita). “No se podrá publicar imágenes o datos, por ejemplo, de la vida privada de un antidisturbios, pero sí, por ejemplo, de un antidisturbios disolviendo una movilización”, destaca a LUH el abogado José Luis Muga, miembro de ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados) y secretario general de AED/EDL (Avocats Européens Démocrates / European Democratic Lawyers).

Y es que detrás de puntos como el 23 del artículo 36 de la ley mordaza –que contó con el apoyo sólo de PP y UPN y con el rechazo de todos los demás grupos, de numerosas y muy diversas organizaciones e incluso de la ONU o del Consejo de Europa– estaba la pretensión de restringir el derecho de los periodistas y de la población en general a documentar las actuaciones policiales e informar sobre las mismas, dejando constancia, en su caso, de la brutalidad de algunas de ellas. ¿Pretende la ley mordaza dar patente de corso a la Policía frente a ciertas movilizaciones de protesta? Muchos creen que sí.

Macron da marcha atrás

En Francia, las protestas populares y el rechazo tanto de los periodistas como de la población en general lograron que el Gobierno francés diera este lunes marcha atrás y aceptara “proponer una nueva escritura completa” del artículo 24 de su ley mordaza –Ley de Seguridad Global–, que pretendía prohibir tomar “la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación” de un policía para “socavar su integridad física o mental”, castigándolo con hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa. Y es que Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Liga de Derechos Humanos o Amnistía Internacional vienen alertando sobre que lo que realmente pretendía el artículo 24 de la ley mordaza francesa –como el punto 23 del artículo 36 de la ley mordaza española– es evitar la grabación de actuaciones policiales dirigidas a reprimir protestas sociales. La ley había sido aprobada la pasada semana por la Asamblea Nacional y se encontraba ya en el Senado, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado marcha atrás tras reunir en el Elíseo al primer ministro, a los ministros de Interior y Justicia y a los líderes parlamentarios de las formaciones de la mayoría de gobierno: LaREM, MoDem y Agir. Dos días antes y en plena tensión social por el violento desalojo de un campamento de migrantes en la Plaza de la República de París y por la agresión policial a un productor musical de raza negra en su estudio de grabación de la capital francesa, casi 50.000 personas habían secundado en París la denominada Marcha de las libertades contra las leyes liberticidas, que acabó en la Plaza de la Bastilla con enfrentamientos entre Policía –que llegó a emplear cañones de agua– y manifestantes, que llegaron a prender fuego a una sucursal del Banco de Francia. Otras ciudades francesas, como Lille, Lyon, Montpellier o Burdeos también acogieron manifestaciones de protesta.

En cuanto a la ley mordaza española –que ya ha sido empleada contra cientos de periodistas por intentar documentar abusos policiales, contra miles de activistas por intentar defender el medio ambiente o el derecho a la vivienda y contra decenas de miles de personas por intentar manifestarse o participar en movilizaciones pacíficas–, cientos de organizaciones han reclamado no sólo su derogación –por estar basada en un modelo de seguridad ciudadana enfocado al “orden público” que criminaliza al débil mientras el fuerte vive en la impunidad y que representa una amenaza real para la libertad de expresión y para los derechos de reunión pacífica y de información–, sino también la apertura de un debate parlamentario que desemboque en la elaboración de una ley de seguridad ciudadana basada en un modelo enfocado a facilitar el ejercicio de derechos fundamentales y no a perjudicarlo. La reforma de la ley mordaza ya está en el periodo de enmiendas, y Muga espera que la nueva legislación al menos suprima “varias infracciones” y rebaje la cuantía de “varias sanciones” porque son “desmesuradas”.

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