fbpx
Síguenos en

Búsqueda

LA ÚLTIMA HORA NOTICIAS

Inicio de sesión ¡Bienvenido/a de vuelta!

¿No tienes cuenta en LA ÚLTIMA HORA NOTICIAS? hazte socio/a ahora

Política

España entrega a Uruguay a un presunto genocida reclamado por la Interpol mientras sigue sin juzgar a los suyos

“Se colabora con terceros países para que cumplan sus obligaciones internacionales en la materia, pero esos mismos juzgados se niegan a cumplir con las obligaciones internacionales que les corresponden”, denuncia Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.

España entrega a Uruguay a un presunto genocida reclamado por la Interpol mientras sigue sin juzgar a los suyos
Eduardo Augusto Ferro

España ha entregado a Uruguay a un excoronel uruguayo reclamado por delitos de genocidio y lesa humanidad relacionados con el Plan Cóndor, operativo anticomunista puesto en marcha, con la colaboración de la CIA, en las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo XX para acabar con la disidencia política en América Latina durante el periodo de dictaduras militares en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y después también en Ecuador y Perú. Se trata de Eduardo Augusto Ferro –uno de los presuntos responsables del Plan Cóndor en Uruguay–, a quien la justicia uruguaya acusa de haber “detenido ilegalmente, torturado y hecho desaparecer a jóvenes militantes de organizaciones opositoras al Gobierno Militar de Uruguay vigente entre los años 1973 y 1985”, jóvenes cuya actividad política consistía “esencialmente” en “el reparto de propaganda y la organización de manifestaciones y reuniones políticas”, ha informado la Policía Nacional este martes en un comunicado.

Según ha destacado la Policía Nacional, la detención de Ferro se produjo el pasado 28 de enero en la localidad castellonense de Peñíscola y fue llevada a cabo conjuntamente por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Castellón y por la Interpol “en virtud de una orden de detención e ingreso en prisión” reclamada por Uruguay para enjuiciarlo en el país y emitida en 2018 por la Audiencia Nacional. Por su parte, la entrega del excoronel a Uruguay se produjo el pasado sábado por agentes de la “Comisaría General de Información” de España e “Interpol-España” a agentes de la “Dirección General de Lucha contra el crimen organizado” de Uruguay e “Interpol-Uruguay”, según ha añadido la Policía Nacional.

El Estado español ha detenido y entregado a Uruguay a este presunto autor de crímenes de lesa humanidad reclamado por la Interpol para que sea juzgado mientras sigue sin detener ni juzgar a los suyos, pese a que también han sido reclamados por la Interpol. “Contrasta enormemente, aunque no resulte ninguna novedad”, ha manifestado este martes a LUH, consultado por este diario, el abogado de CeAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) Jacinto Lara. Y es que “desde finales de los noventa” los tribunales de justicia de España “siempre han estado dispuestos a colaborar con jurisdicciones de otros países en la investigación y enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional cometidos en esos países”, pero “a día de hoy siguen negándose a que se enjuicien ese tipo de crímenes que fueron cometidos en el Estado español durante la dictadura franquista y la Transición”, ha añadido. En resumen, “se colabora con terceros países para que cumplan sus obligaciones internacionales en la materia, pero esos mismos juzgados se niegan a cumplir con las obligaciones internacionales que les corresponden”. Lara ha calificado de “vergüenza” esta realidad y ha asegurado que “retrata a un poder judicial con graves carencias democráticas que ignora un ordenamiento jurídico obligado a cumplir: el derecho internacional de los derechos humanos”.

El 14 de abril de 2010 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires –a cargo de la juez María Servini– y amparados en la legislación internacional de la ONU sobre justicia universal, familiares de asesinados por el franquismo y asociaciones memorialistas del Estado español y de Argentina interponían la Querella 4.591/2010 –denominada oficialmente ‘N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas’ aunque más conocida como Querella Argentina– con el objetivo de que se investigaran los crímenes del franquismo y se identificara y se sancionara penalmente a sus responsables.

Fernando Suárez y Martín Villa

El 12 de noviembre de 2014, Interpol-Argentina cursó una comunicación “muy urgente” a Interpol-España para que detuviera a 20 presuntos criminales del franquismo imputados por la juez Servini, en el marco de la Querella Argentina, para ser extraditados a Argentina y juzgados en el país. Sin embargo, Interpol bloqueó la orden de detención al día siguiente, a petición de Interpol-España, y Servini tuvo que remitir las peticiones de extradición al Ministerio de Justicia. Sin ningún éxito.

Algunos de aquellos 20 franquistas reclamados aún viven.

Es el caso, entre otros, de Fernando Suárez –ministro de Trabajo de marzo a diciembre de 1975, diputado de Alianza Popular en el Congreso de 1982 a 1986 y europarlamentario del PP de 1986 a 1994–, reclamado por la juez Servini porque formó parte del Consejo de Ministros, presidido por el general Franco, que del 26 de septiembre de 1975 aprobó por unanimidad las penas de muerte de los miembros de ETA Ángel Otaegi y Jon Paredes ‘Txiki’ y de los del FRAP Ramón García Sanz, Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo; al día siguiente –27 de septiembre de 1975–, Otaegi –de 33 años– era fusilado en Burgos; García Sanz –de 27–, Baena –de 24– y Sánchez Bravo –de 22– lo eran en Hoyo de Manzanares (Madrid), y Txiki –de 21–, en Barcelona.

También es el caso, entre otros, de Rodolfo Martín Villa –ministro de Relaciones Sindicales de diciembre de 1975 a julio de 1976 y de Gobernación/Interior de julio de 1976 a abril de 1979–, reclamado por Servini por la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco obreros en huelga –Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda– fueron abatidos a tiros por la Policía durante una asamblea celebrada en una iglesia de la capital alavesa, y por varios casos más, todos ellos con resultado de muerte. Vicente Antón en Basauri (Bizkaia), Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona, Normi Mentxaka en Santurtzi (Bizkaia), Josu Zabala en Hondarribia (Gipuzkoa), Arturo Ruiz en Madrid, Rafael Gómez en Orereta (Gipuzkoa), José Luis Cano en Pamplona, Francisco Javier Núñez en Bilbao, Germán Rodríguez en Pamplona y Joseba Barandiaran en Donostia. La juez argentina investiga si esas muertes son “hechos puntuales” o delitos cometidos “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”, precisamente como el Plan Cóndor.

Comparte esta noticia

TE NECESITAMOS PARA SEGUIR CONTANDO LO QUE OTROS NO CUENTAN

Si piensas que hace falta un diario como este, ayúdanos a seguir.

HAZTE SOCIO por 5 euros al mes

Click para comentar

¿QUIERES AÑADIR UN COMENTARIO?

HAZTE SOCIO/A AHORA o para poder comentar todas nuestras noticias

TE NECESITAMOS PARA SEGUIR CONTANDO LO QUE OTROS NO CUENTAN

Si piensas que hace falta un diario como este, ayúdanos a seguir.

HAZTE SOCIO por 5 euros al mes